La organización agraria Asaja ha mostrado su indignación después de que la Junta de Castilla y León haya autorizado el procedimiento de expropiación forzosa de los agricultores que no han llegado a un acuerdo con las empresas que promueven la construcción del macroparque fotovoltaico de La Llanada (León). La organización asegura que el proyecto "no responde al interés general" y "pide por enésima vez a las administraciones públicas que preserven el suelo agrícola de la provincia".
Asaja se refiere al expediente de expropiación autorizado en favor de las empresas leonesas Planta Fotovoltaica La Llanada SL y Planta Fotovoltaica Valtarafón SL (ambas comparten el mismo domicilio social) que promueven el macroparque La Llanada, en el término municipal de Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo (León), con una potencia instalada de 49.997 kWp y un presupuesto de ejecución material de 24 millones de euros. "Ambos proyectos han estado desde el inicio bajo las competencias de la Junta de Castilla y León, incluyendo la autorización urbanística y ambiental", recuerda Asaja.
El pasado 27 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de León una primera lista de expropiaciones y este miércoles se ha publicado una segunda. En ellas se incluyen 104 parcelas, prácticamente todas de uso agrario, pertenecientes a al menos 160 propietarios de Cimanes del Tejar.
Asaja asegura que este proyecto "no responde al interés general, sino única y exclusivamente al interés de sus promotores, y que en todo caso, siempre podrían tener otro emplazamiento". La organización agraria también "pide por enésima vez a las administraciones públicas que preserven el suelo agrícola de la provincia de este tipo de instalaciones, que no autoricen más líneas de evacuación aérea y que como mal menor sean subterráneas y que, en ningún caso, se llegue a la expropiación forzosa"
"Los promotores se aprovechan de que los agricultores y resto de propietarios, debido al minifundismo, se ven afectados por superficies de escasas dimensiones, por lo que en términos económicos no le suele interesar oponerse o defender el justiprecio en procesos judiciales largos y económicamente costosos", añade Asaja León en su comunicado.