La lentitud de la Justicia y la interminable prórroga del decreto antidesahucios son los dos principales problemas con los que se encuentran las víctimas de la okupación y, particularmente, aquellos que sufren la llamada inquiokupación, protagonizada por inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Sin embargo, muchos casos dependen única y exclusivamente de la voluntad política, como demuestra de Teresa.
Esta propietaria de Huelva -que prefiere ocultar su nombre real por miedo a represalias- ha tardado cuatro años en recuperar su casa. Durante los tres primeros, con el PSOE al frente de su ayuntamiento, no consiguió nada, pero con el cambio de Gobierno derivado de las últimas elecciones municipales, su caso dio un giro de 180 grados. En enero, se reunió con la nueva alcaldesa, Pilar Miranda, y, en tan solo 15 días, los populares movilizaron a los Servicios Sociales para demostrar que su inquiokupa era una falsa vulnerable. Remitieron un informe al juez y, finalmente, este ordenó el desahucio para el pasado 1 de abril.
"Lo que demuestra esto es que, si se quiere, se puede", subraya Teresa, que dice haber vivido un "auténtico calvario" hasta poner fin a esta pesadilla originada por un decreto antidesahucios que se aprobó para paliar la crisis derivada del coronavirus y que, sin embargo, cuatro años después, aún sigue en vigor. "Es increíble que el Gobierno nos convierta en su escudo social y que nos obligue a asumir el rol que realmente les corresponde a ellos – denuncia indignada-. He pasado crisis de ansiedad, depresión y miedo, porque encima me ha acusado de coacciones, pero, sobre todo, he sentido impotencia, porque es surrealista que la ley esté a favor de los okupas y que a nosotros nos dejen sin protección".
Solo pagó el primer mes
Su historia se remonta a febrero de 2020. Por aquel entonces, Teresa decidió alquilar el piso del que disponía en el centro de Huelva a una mujer portuguesa que, sin embargo, sólo le pagó el primer mes. Como los impagos coincidieron con el inicio de la pandemia, no contrató a un abogado hasta el verano. "Me dieron fecha de juicio para abril de 2021, se celebró y obviamente lo gané, pero, en el plazo que hay hasta que la sentencia se hace firme, esta señora se declaró vulnerable. Antes no lo era y nunca había acudido a pedir ayuda a los Servicios Sociales, pero de repente lo era", dice indignada.
En aquel momento se enteró, además, de que la señora la había engañado: "Me dijo que el piso era para ella y otra persona, y resulta que también había metido a su nieta, que ahora tiene 7 años, y a una anciana de 95. Entonces, claro, eso facilita mucho que te den la vulnerabilidad". Según alegaban, con la crisis, todos ellos pasaron a vivir de la pensión de la anciana que, según Teresa, se limitaba a 281 euros, por lo que no tenían dinero para pagarla.
"Ya no es que no pudieran pagar el alquiler, es que con ese dinero no podían vivir", dice la propietaria que, precisamente por eso, desde el primer momento, sospechó que aquella señora y su familia disponían de otro tipo de ingresos en b: "En estos 4 años no he parado, porque yo tenía muy claro que la única forma de recuperar mi vivienda era demostrar que no eran vulnerables".
La pasividad de los Servicios Sociales
Para ello, Teresa no dudó en llamar a todas las puertas del anterior equipo municipal comandado por el PSOE, e incluso se reunió en varias ocasiones con la jefa de la unidad de servicio social de la Vivienda. "Me reconocieron que, después de dos años, estas personas no habían solicitado ninguna ayuda tras declararse vulnerables, ni habían pedido comida ni nada, así que yo les dije que me explicaran cómo era posible que llevaran todo ese tiempo viviendo con 281 euros al mes y si habían hecho un seguimiento del caso. Me dijeron que ellos no eran policías, que no tenían personal -relata la propietaria-. Y el problema es que los Servicios Sociales no funcionan, son un desastre y no cumplen realmente su función. Dan la vulnerabilidad, pero luego no comprueban nada ni hacen ningún tipo de seguimiento".
Desesperada, Teresa se gastó el dinero en detectives privados, e incluso ella misma ejerció como tal, descubriendo que no era la primera vez que su inquiokupa hacía algo así. "Como tenía su carné, vi la dirección en la que había vivido antes. Nos pusimos en contacto con la dueña del piso y nos dijo que efectivamente allí también había hecho lo mismo: habían estado un año y le habían destrozado la casa. Es decir, que es un modo de vida. Y ahora se han ido de la mía y se irán a otra", advierte.
El PP lo solucionó en 15 días
A pesar de las evidencias, durante el tiempo que gobernó el PSOE, la propietaria no logró nada. Con la llegada del PP el pasado mes de junio, sin embargo, todo cambió. En enero se reunió con la alcaldesa y con la concejal de vivienda y, lejos de los portazos que hasta entonces había recibido, la primera edil se comprometió a tratar de solucionarlo en el plazo más corto posible: "Nos dijo que no nos preocupásemos y, en 15 días, hizo todo lo que el PSOE no había hecho en tres años. Se pusieron en contacto con los Servicios Sociales, citaron a esta señora y a su hijo y, al comprobar que claramente no eran vulnerables, les quitaron la vulnerabilidad", explica satisfecha.
La inquiokupa alegó que nunca habían solicitado ninguna ayuda porque no creía en el sistema público y el hijo terminó reconociendo que trabajaba en b. Con todo, el Ayuntamiento envió un detallado informe al juez y este ordenó su desahucio el pasado 1 de abril. "En mi caso han sido fundamentales tres cosas: el cambio de abogado, la Plataforma de Afectados por la Ocupación y el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento, porque he tenido la suerte de que el Partido Popular haya colaborado", resume agradecida.
Después de cuatro años, la deuda de su inquiokupa ronda los 30.000 euros, puesto que, además, ha tenido que hacerse cargo de los suministros. Precisamente por eso, aún no tiene claro que vaya a volver a alquilarlo." Está en un sitio privilegiado y me da mucha pena deshacerme de él, pero tal vez lo venda. Tengo que pensarlo bien, porque si algo me ha quedado claro es que meter a alguien es muy fácil, pero sacarlo es prácticamente imposible, tal y como están las cosas".