Mientras el Gobierno elude recibir a las víctimas de la llamada inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar, cada vez son más los casos que salen a la luz y que demuestran que ha sido el propio Ejecutivo el que ha dado alas a esta nueva modalidad. Así lo demuestra el hecho de que la inmensa mayoría de los okupas se hayan acogido al llamado decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en 2020 para paliar la crisis derivada del coronavirus, un decreto que, a pesar de que hace tiempo que la pandemia llegó a su fin, todavía sigue vigente.
El caso de Isabel es uno más, pero resume a la perfección el calvario al que se enfrentan miles de familias en toda España. "Llevamos cuatro años sin cobrar ni un euro, la deuda asciende ya a más de 20.000 euros y esto es insostenible. Estamos desesperados -dice abatida-. Nosotros estamos ya jubilados y mi hijo tiene que pagar la hipoteca de ese piso, que ha subido con el euríbor, la comunidad, las derramas de las cosas que van saliendo y el alquiler de la casa donde vive. El tema nos está machacando. Somos mayores y tenemos problemas de insomnio, ansiedad e impotencia, que nos van mermando la salud".
Su historia se remonta precisamente al inicio de la pandemia. Años antes, Isabel había ayudado a su hijo a comprar un piso para que pudiera independizarse. Sin embargo, a él le trasladaron a otra comunidad a trabajar, por lo que decidieron ponerlo en alquiler para poder seguir pagando la hipoteca y los gastos derivados de su nueva situación. Para ello, recurrieron a una inmobiliaria que les buscó a una mujer "seria" y solvente.
"Lo quería alquilar porque, al marcharse al otro lado, él también tenía que hacer frente a un alquiler, así que le pidió 450 euros, que era lo que él tenía que pagar, y así una cosa por otra", explica su madre. Los problemas llegaron justo en 2020. La inquilina había dejado de ingresar la renta hace meses y puesto que el contrato estaba a punto de llegar a su fin, le enviaron un burofax para comunicarle que no se lo renovarían. Jamás recibieron una respuesta: "Nos cortó toda la comunicación por móvil a unos y otros, y todo fue un ‘no me molesten’. Y, efectivamente, no la puedes molestar, porque es capaz de denunciarnos".
De hecho, tras no lograr contactar con ella por vía telefónica, Isabel se presentó un día en su casa para tratar de hablar con ella y la amenaza fue instantánea. "Como me siga molestando, la denuncio", le espetó. Tampoco pueden dejar de pagar los suministros, puesto que podrían incurrir en un delito de coacciones.
Imposible desahuciarla
Así las cosas, Isabel y su hijo no tuvieron más remedio que llevar el caso a los tribunales. En septiembre de 2021 por fin lograron que un juez fijara una fecha para el desalojo. Sin embargo, días antes, su ya inquiokupa alegó lo mismo que alegan todos aquellos que se saben protegidos por el Gobierno: "Soy vulnerable". Con el decreto antidesahucios todavía en vigor, echarla ya era misión imposible.
"Y ahora en diciembre lo han prorrogado hasta el año que viene, así que, como el decretazo está ahí, no se puede hacer nada. Y como el Gobierno ahora mismo no está gobernando, porque todo es la amnistía, el Koldo y toda la historia, estamos en un callejón sin salida", se queja Isabel, que no entiende cómo es posible que el Ejecutivo ni siquiera se digne a escuchar en calvario que, como la suya, están sufriendo miles de familias de toda España por una norma "injusta" que, cuatro años después de la pandemia, ya no tiene razón de ser.
Una labor del Estado
"Ella tiene madre, tiene un hermano, alguna vez trabaja, alguna vez no… Pues como hay muchísima gente, pero vamos, eso ya no es problema mío, el problema mío es que tenía que dejar el piso y los servicios sociales no nos tenían que obligar ni muchísimo menos a esto, pero claro, se ha apoltronado ahí y ni con agua caliente con la ley esta bendita de antidesahucios", denuncia indignada.
Su queja es la misma que plantean los cientos de propietarios que llegan día tras día a la Plataforma de Afectados por la Ocupación buscando una ayuda que no encuentran en los poderes públicos: "Los servicios sociales los estamos aguantando los particulares. ¿A cuento de qué? Si yo quiero hacer una obra de caridad será porque yo quiera, pero no porque nadie me obligue".
El problema es que algo que es de cajón, no parece serlo para el Gobierno. Es más, por si fuera poco con tener que soportar a sus okupas, los propietarios no reciben ninguna ayuda. "Cuando decretó la ley antidesahucios, el Gobierno prometió un fondo para ayudar a las familias que tenían impagados. ¿Y eso dónde está? Jamás lo pusieron en marcha", se queja tras haber llamado a todas las puertas. Lo mismo denuncian el resto de propietarios, que se quejan de que, en caso de encontrar alguna ayuda, tienen tantos requisitos que, en la práctica, nadie las puede cobrar.
"Todo esto nos crea una ansiedad horrible. Nos está afectando de todas formas: económicamente y también psicológicamente. Tenemos un disgusto que no pasa. Es mucho tiempo ya, y es una angustia con el dichoso problema. A mí me quita el sueño y a mi marido igual, vamos a enfermar con todo esto… Estamos desesperados", resume.