Como vengo diciendo, el Gobierno no deja de repetir un discurso triunfalista a partir de los datos de revisión del PIB (Contabilidad Nacional Trimestral del IVTR-2023: principales agregados), que no arroja nada nuevo, pero que lo han empleado como palanca para decir que la economía evoluciona de manera muy favorable.
Los datos económicos les permiten, en parte, lucir una supuesta bonanza, pero no va más allá del barniz de los mismos, pues su contenido, realmente, dibujan una realidad bien distinta, donde el sistema productivo privado está en retroceso ante el incremento, cada vez más notable, del sector público, que alimenta el gasto para tratar de sostener una economía que por sí misma no puede hacerlo, ya que la política económica aplicada la ha dejado muy maltrecha desde el punto de vista estructural, como podemos comprobar a continuación:
El informe trimestral sobre las proyecciones macro de la economía española que ha publicado el Banco de España muestra la fragilidad del crecimiento económico español, como comentaba el otro día. El gobernador ha vuelto a decir que considera que habrá que realizar un ajuste fiscal en 2025, lo cual es obvio por las tensiones presupuestarias de la economía española.
Por su parte, la Comisión Europea también lo refleja en el informe que ha emitido sobre España, al considerarlo un país con desequilibrios estructurales, especialmente de déficit y de deuda. Así, pese a que considera que el crecimiento económico ha ido mejor de lo esperado -impulsado y sostenido por el gasto público, que habrá de disminuir, salvo que Sánchez, que todo es posible, decida incumplir con los compromisos de los objetivos de estabilidad- emite una serie de afirmaciones que muestran que la situación de la economía española no es, para nada, halagüeña.
Eso hace que el crecimiento económico español tenga un componente insano no sostenible -el gasto público- que expulsa inversión privada productiva, y un efecto estadístico artificial.
Ese componente insano del crecimiento -como ya señalé hace unas semanas- podemos comprobarlo en la composición del mismo en el IVTR-2023, ratificado ahora en su revisión. Así, tira del crecimiento el gasto público, con un 1,4% trimestral; el consumo de los hogares crece un 0,3%; y la formación bruta de capital fijo -la inversión- retrocede con fuerza, un 2% trimestral, en lo que puede ser un anticipo de empeoramiento de expectativas.
Por tanto, vemos cómo el gasto público es el que mantuvo artificialmente en pie a la economía durante 2023 y durante el quinquenio de Sánchez, con un impulso que lleva a la economía a un crecimiento que no se puede sostener por sí mismo, sino que cuando se retire el estímulo público, caerá, habiendo dejado a la economía productiva anquilosada, al no haber aplicado ninguna reforma estructural, y al sector público con una deuda colosal en los últimos cinco años y medio, donde ha aumentado más de 400.000 millones de euros.
Con esa política económica absolutamente errada, Sánchez está provocando que la estructura económica española evolucione mal, hasta el punto de que un país como Grecia, con una economía que tradicionalmente ha sido de las que peor se ha comportado de la UE y, desde luego, mucho peor que la española, está ahora adelantando a la economía española en la práctica totalidad de los indicadores, tal y como señalábamos también hace algunos días.
Peor comportamiento que se traduce también al desempleo. En junio de 2018, Grecia tenía una tasa de paro del 19,5% y España del 15,2%. En febrero de 2023, último dato disponible en Eurostat para ambos países, la tasa de paro griega se encuentra por debajo de la española: 11% frente a 11,5%, respectivamente.
En España la inflación se está acelerando. Se ha publicado el dato del indicador adelantado del IPC de marzo y la inflación repunta. Así, la inflación interanual pasa del 2,8% al 3,2% y la subyacente, aunque parece moderar su crecimiento interanual, al pasar de 3,5% a 3,2%, realmente no lo hace, pues crece en términos mensuales. De esa forma, el IPC general crece un 0,8% intermensual, casi un punto, y la subyacente crece, en el mismo período, medio punto.
Esto supone una aceleración también en la tasa mensual, pues la subyacente se mantiene en el 0,5 intermensual, mientras que el IPC general pasa de un 0,5% intermensual en febrero a un 0,8% intermensual en marzo.
Lo grave es que estos ritmos altos de inflación se producen sobre niveles de precios muy elevados alcanzados en los meses anteriores, con lo que sigue mermando el poder adquisitivo de los agentes económicos. Si con la desaceleración del crecimiento interanual de los últimos meses sucedía eso, pues seguía creciendo, aunque a menor ritmo, ahora que no sólo es que no crezca, sino que, además, se acelera ese incremento de la inflación intermensual, la situación empeora.
El Gobierno ha presumido de que ha logrado reducir el déficit público y cerrar 2023 con un saldo negativo inferior al previsto, al situarse en un déficit del 3.66% frente al 3,9% estimado. Además, prosigue el argumentario gubernamental, se ha logrado bajando impuestos a lo que él llama "clases medias y trabajadoras".
Sobre el papel, parece una bonita historia en la que el presidente Sánchez hubiese podido aumentar el gasto, disminuir los impuestos, reducir el déficit y generar prosperidad, gracias a las medidas que el Ejecutivo desplegó para combatir la crisis. Sólo le falta que fuese verdad, pero como veremos a continuación la realidad dista mucho de la propaganda oficial.
Así, el dato de déficit es malo, porque sólo se rebaja sobre la previsión por crecimiento del PIB nominal y el aumento de ingresos por la inflación. Es decir, ese "España supera todas las previsiones" se debe a elementos coyunturales, alguno de ellos tan nocivo para la economía como es la inflación, tal y como reseñaba hace unos días.
De hecho, el saldo presupuestario se reduce sólo en 10.180 millones de euros, pero los ingresos tributarios aumentaron en 16.472 millones, con lo que el gasto se incrementó en 6.292 millones.
Esto quiere decir que el gasto se está incrementando estructuralmente, de manera que cuando caigan los ingresos coyunturales, muchos ligados a la inflación, el déficit estructural aumentará. Por tanto, por esta vía no hay mejora del saldo presupuestario, sino incremento del gasto que compromete aún más la delicada situación presupuestaria de España, alejada del umbral del 3% de déficit, aumentando su déficit estructural y con una deuda desbordada.
En cuanto a la Seguridad Social, sigue siendo un pozo sin fondo, que consume cada vez más recursos y que no se reforma por motivos políticos fiando todo a un incremento confiscatorio a los ciudadanos con subidas cada vez más altas de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pese al incremento inflacionista del PIB nominal, antes comentado, el déficit de la Seguridad Social aumenta en más de una décima.
Y si hablamos de las CCAA hemos de señalar la bomba de relojería que supone el incremento de gasto que han asentado sobre unos ingresos extraordinarios recibidos como consecuencia de las restricciones derivadas del coronavirus. Cuando lleguen las liquidaciones negativas de 2023, en el año 2025, la necesidad de reducción del gasto puede ser muy intensa.
Y en cuanto a la presión fiscal, pasa lo mismo que con el espejismo de reducción del déficit, que disminuye por aumento del PIB nominal, no porque haya menos impuestos. De hecho, al ponerla en relación sobre el PIB per cápita sigue constituyendo uno de los mayores esfuerzos fiscales de la UE, que es el indicador más ortodoxo para medir cuánto les cuesta a los ciudadanos pagar impuestos. Así, ese aparente descenso de 3 décimas sobre el PIB no puede ocultar que si calculamos la recaudación sobre el PIB nominal de 2022 y 2023, con el porcentaje de presión fiscal del 38,3% y del 38%, respectivamente, la recaudación se ha incrementado en 39.959 millones de euros; es decir, el sector público se ha quedado con 39.959 millones más de los contribuyentes en 2023 respecto a 2022.
Tras la EPA del IVTR-2023 que mostró que se había destruido empleo en el trimestre y que si no caía más se debía a la importante creación de empleo público, ya que el empleo privado disminuyó en más de 70.000 personas, y los datos de enero, donde el paro registrado y la Seguridad Social confirmaron que el año comenzó con un importante deterioro del mercado laboral, y de febrero, donde ya se produjo un cierto espejismo, llega marzo, que muestra que la bajada del paro y el aumento de cotizantes se deben, realmente, a la estacionalidad, al efecto de la Semana Santa, que este año ha sido pronto. Siempre es una buena noticia el descenso del paro y el incremento del empleo, pero no son los suficientemente buenos como para cambiar la tendencia descendente del mercado laboral, sino más bien para confirmar el agotamiento del mismo.
La bajada mensual del paro (-33.405 personas) es la tercera peor de los últimos diez años.
El paro sube en 11.900 personas si se elimina la estacionalidad.
Caen los contratos un 14,57% interanual, caen un 4,28% interanual en el acumulado del año, caen los indefinidos un 17,99% interanual, que en acumulado caen un 6,36%.
Además, un 55,93% de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.
La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.
Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo -que sigue existiendo por mucho que trate de disfrazarse normativamente de forma artificial-, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.
Los datos de la contabilidad nacional trimestral del IVTR-2023 ya mostraron un grave problema de productividad y de costes, donde la primera caía y los segundos subían, que muestra claramente el problema acentuado de la competitividad de la economía española. Y menos competitividad es menos actividad y menos empleo, es decir, es más empobrecimiento.
Los últimos datos publicados de inversión extranjera inciden en lo que viene siendo una tónica a lo largo del quinquenio de gobierno del presidente Sánchez, ya que muestran claramente que la inversión empresarial ha disminuido desde que Sánchez llegó al Gobierno. No se trata de un algo opinable, sino de la cruda realidad que muestran las distintas estadísticas publicadas al respecto sobre la Inversión Extranjera en España.
Era de esperar que se diese tan preocupante acontecimiento, debido a que este Gobierno ha sembrado la inseguridad jurídica en todo momento, y no hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad económica, porque la incertidumbre que ello conlleva retrae las inversiones a realizar ante la duda de que vaya a cambiar la normativa en algún momento de la inversión, con el perjuicio que acarrearía para el inversor correspondiente, de manera que los empresarios se lo piensan dos veces antes de volver a invertir en España.
De hecho, nada más llegar ya se produjo un deterioro en la inversión extranjera en España, perdiendo de un trimestre a otro más de 3.000 millones de euros, como podemos observar, pero se podría pensar que podía ser fruto de venir de alguna operación especial de inversión anterior.
Sin embargo, los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos cinco años y medio son demoledores, como puede observarse con los datos del cuarto trimestre de 2023 (último dato publicado). No llegan ni a la mitad de los que se recibían trimestralmente en el momento en el que Sánchez llegó al Gobierno.
Esa destrucción por parte de la política económica de Sánchez de todo el trabajo realizado anteriormente no sólo provoca una atracción trimestral mucho más escasa que hace cinco años, sino que baja 1.029,88 millones en términos interanuales en el IVTR-2023, que llegan a ser 6.399,30 millones menos en el acumulado del año y 10.534,63 millones de euros menos respecto al momento en el que Sánchez llego a la presidencia del Gobierno.
En resumen, ésta es la realidad estructural de la economía española, por mucho que el gobierno trate de realizar una campaña de propaganda con el barniz que el gasto público y el artificio estadístico le da a los datos.