El gobierno de la Generalidad ha anunciado este miércoles la aprobación de un decreto ley de urgencia para regular los alquileres de temporada y los de habitaciones. El decreto incluye un paquete de sanciones que pueden ir desde los 3.000 a los 900.000 euros contra quienes se salten las nuevas imposiciones de la administración autonómica.
Tras intervenir los alquileres con unos topes que ha provocado una subida del precio, la Generalidad ha decidido ahora centrarse en el sector turístico, los alquileres de temporada, modalidad en la que introduce modificaciones como que en los contratos se tendrá que hacer constar la causa de la temporalidad (estudios, laborales, tratamientos médicos, etc, etc.) y asumir los topes de alquiler impuestos por la administración.
En el caso de que el alquiler en esta modalidad supere el 30% del precio fijado en el índice o que el motivo de la temporalidad sea falso, los propietarios de las viviendas podrán ser sancionados con multas de entre 90.000 y 900.000 euros.
Quienes alquilen por un precio superior entre un 10 y un 30% o no hagan constar el motivo de la temporalidad se enfrentarán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros. Y podrán ser multados con entre 3.000 y 9.000 euros quienes publiquen anuncios sin el índice de referencia o no hagan constar que son grandes tenedores.
La imposición de un índice de referencia del alquiler en las consideradas zonas tensionadas ha provocado un abrupto descenso de la oferta de alquiler (de un 30% según el sector), la prolongación de los contratos que presentaban precios superiores y un trasvase de pisos hacia el sector del alquiler de temporada, generalmente de once meses.