Bildu ha sacado a pasear su genética más comunista y negocia con Sánchez un golpe a las fincas particulares y grandes granjas. Hablan de "inversión especulativa en tierras agrarias" y quieren un plan de combate bajo el argumento de ayudar al campo.
Lo llaman "Plan agrario de choque integral anticrisis". Se parapetan en una supuesta defensa del campo pero cargan contra una de las vías de llegada de dinero al campo.
Las exigencias puestas por los proetarras encima de la mesa del Gobierno son de profundo impacto. La primera, "elaborar con carácter de urgencia de un plan agrario de choque integral anticrisis que aborde las distintas problemáticas que afronta el sector a corto, medio y largo plazo". ¿Y cuáles son esas?
Según Bildu, "garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, desarrollando al máximo los trabajos y eficacia los órganos de la Ley, la AICA y el Observatorio de la Cadena y la Coordinación con las Comunidades Autónomas". Ahí "se propone utilizar al máximo la oportunidad que supone el Registro de Contratos para que La AICA y las Agencias de Control de las Comunidades Autónomas pongan en marcha inspecciones de oficio en el momento que se detecten precios anormalmente bajos. Por otra parte, se propone la puesta en marcha de medidas de control sobre la industria agroalimentaria, garantizando el pago por encima de los costes de producción".
Bildu también reclama "una ley con la finalidad de mantener y proteger a todas las explotaciones agro ganaderas", pero cuidado, sólo las "pequeñas y familiares, que siente las bases para que puedan producir alimentos de calidad que sean viables social, medioambiental y económicamente".
Los proetarras también reclaman "un plan que incentive y ayude al sector primario", pero, de nuevo, con matices: sólo "para que pueda abordar la transición necesaria y en favor de una mayor autonomía y menor dependencia en sus explotaciones y para responder a los retos climáticos, alimentarios, agroambientales, de bienestar animal, etc". Todo dentro del "Pacto Verde europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa".
El partido de Otegui exige a Sánchez, además, "poner en marcha un órgano específico con la participación de las organizaciones agrarias representativas para el control de alimentos y materias primas importadas, incluyendo los de empresas españolas con plantas de producción en otros países"; "la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales adoptados por la UE con países ajenos a la misma, con el fin de que cumplan los mismos requisitos sociales, medioambientales y de bienestar animal, que aquellos que se exigen a nuestros distintos sectores productores"; y, de vital importancia, "un programa por parte del Gobierno de España que limite las inversiones especulativas en suelo agrario que están realizando fondos de inversión y agentes fuera del sector que están ocupando tierra agraria y hacen imposible el acceso a la misma por parte de los jóvenes que quieren incorporarse".
Este último punto esconde toda una bomba de relojería. Y es que esa denominación de "agentes fuera del sector" engloba literalmente cualquier compra de una finca con potenciales fines ganaderos -todas las rurales- por parte de personas o empresas ajenas a la ganadería o agricultura. Es decir, que incluye todas las fincas particulares de recreo.
Para colmo, Bildu refuerza su exigencia con la petición de "elaborar y poner en marcha una Ley sobre protección del suelo agrario".