El encargado de lanzar la piedra ha sido Sumar, como empieza a ser habitual. Pero la acusación ha sido elevada ya el conjunto del Gobierno. Se acusa de contaminación por nitratos usados en la agricultura a determinados gobiernos territoriales: Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, los tres en manos de PP, y se exige que "las Comunidades Autónomas pendientes de cumplimiento adopten las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos" así como "a incrementar los medios humanos y materiales para la vigilancia y control de las fuentes de contaminación de las aguas por nitratos".
La acción se justifica por una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El texto de Sumar señala que el TJUE "resolvió el pasado 14 de marzo que España ha incumplido la normativa comunitaria de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, reprochando que no se hubieran adoptado "medidas adicionales o acciones reforzadas" para poner fin al problema ni haya reforzado las acciones contra el exceso de nitratos, especialmente en las aguas subterráneas".
Directiva sobre nitratos
La Directiva sobre nitratos, que deben cumplir todos los Estados miembros de la UE, se centra, efectivamente, en la contaminación por nitratos que generan las actividades agrarias y ganaderas y obliga a controlar sus aguas e identificar las zonas afectadas por este problema o que son susceptibles de ser afectadas. El TJUE dictaminó que España incumplió la obligación comunitaria de designar como área vulnerable a los nitratos las zonas de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (subterráneas) en algunas zonas de las Islas Baleares, la comunidad de Madrid y de Valencia.
El Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, dijo que la contaminación de origen difuso de las masas de agua superficial y subterránea es un problema muy extendido en la mayor parte de las cuencas españolas. Y ahora una parte del Gobierno señala con esa norma a las citadas comunidades.
Sumar quiere que se actúe contra esos territorios y apunta a la herramienta: "El Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, establece las obligaciones de las comunidades autónomas en esta materia, especialmente en la declaración de zonas vulnerables, códigos de buenas prácticas agrarias, programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación". Además, en su artículo 8, "el citado RD establece que las comunidades autónomas adoptarán las medidas adicionales y acciones reforzadas necesarias, además de las contempladas en el programa de actuación, cuando las previstas en dichos programas se manifiesten insuficientes para el logro de los objetivos perseguidos". Traducido, se pretende que los territorios del PP aprieten las tuercas del campo invocando estas normas.