¿Quién debe pagar la universidad? Estamos tan acostumbrados al actual estado de cosas que damos por hecho que, como hablamos de "educación", la derivada ineludible de este término es que el Estado debe cubrir su financiación como parte de esos servicios públicos básicos que, se supone, le corresponde sufragar.
Pero no es cierto. En lo que tiene que ver con los estudios superiores, hablamos de una etapa no obligatoria. Y que, además, no se distribuye equitativamente entre todos los colectivos. A la universidad van, en una proporción muy superior a la que les corresponde por su peso en la población, los hijos de las familias de clase media y media alta. No sólo eso, además, una vez que se licencian aquellos que tienen un título universitario tienen más posibilidades de encontrar un empleo, de que ese empleo sea indefinido y de que su sueldo sea más alto.
Es un servicio de lujo, que usan sobre todo los mejor situados en la escala social y que, además, les permite salir con más opciones al mercado laboral. Es difícil imaginar un gasto más regresivo (y aquí sabemos que usamos términos clásicos de la izquierda) para los presupuestos públicos.
En este punto, el contra-argumento siempre es el mismo: si los estudiantes deben pagar sus tasas, entonces sí, sólo irán a la universidad aquellos alumnos de familias más pudientes. Esto no tendría por qué ser así, pero si ése es el miedo, existen mecanismos de financiación que permitirían garantizar un acceso universal (o limitado sólo, como ahora, por las calificaciones académicas) al mismo tiempo que centran la financiación en los realmente interesados: alumnos e instituciones académicas.
Esta semana, Fedea ha presentado la última propuesta en esta dirección. Se trata de un informe titulado "Financiación de la universidad: sosteniblidad, eficiencia y redistribución", y firmado por Antonio Cabrales, Maia Güell, Rocío Madera y Analía Viola. En el mismo, los autores se plantean si es posible un modelo diferente, con dos objetivos fundamentales: en primer lugar, que sean los propios interesados los que paguen por su educación; y en segundo término, que los ingresos de las universidades ya no se decidan políticamente (con todos los peligros que eso tiene, desde el clientelismo hasta una posible crisis fiscal que ahogue a los centros). Y eso sí, con un papel del Estado como respaldo para asegurar que nadie se quede fuera por miedo a no poder pagar: "Un mecanismo de seguro si las perspectivas profesionales de los egresados no son suficientemente positivas".
El sistema sería similar al que ya existe en países como Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Y consistiría en subir las tasas universitarias (podrían ponerse a precios de mercado) y financiar éstas con "préstamos contingentes a la renta" o "becas retornables" (éste último nombre parece más políticamente correcto). ¿Qué quiere decir esto? Pues que el estudiante se hace cargo de su matrícula, pero sólo la pagará una vez que llegue al mercado laboral; pero no en cualquier situación, sino cuando sus ingresos superen una determinada cifra. Los autores nos recuerdan que en Reino Unido, el salario a partir del que se empieza a cancelar el préstamo es de 21.000 libras: "Y si pasado un período de tiempo, el prestatario no ha devuelto el dinero, el préstamo se cancela".
Éste es el esquema básico de la propuesta de Fedea:
En el escenario base suponemos una deuda de 21.000 euros (cercana al coste actual para el gobierno), un tipo de interés del 0%, una tasa de devolución del préstamo del 10% de la renta al año por encima del mínimo exento, una exención de 15.000 euros y que la deuda se cancela a los 25 años. Con este sistema mostramos que los que ganan menos prácticamente no pagan nada, y los que ganan más, llegan a pagar hasta 15.000 euros debido al subsidio implícito en el tipo de interés del 0%.
Como vemos, nada muy revolucionario. Los que más tienen pagan; los que no alcanzan sueldos elevados no pagan nada o casi nada. El Gobierno ahorra bastante (entre 16 y 56 puntos porcentuales). Y el esquema general es mucho más progresivo que el actual.
Puede haber dudas y debates, por ejemplo sobre la cantidad máxima que debe pagar aquel egresado al que le vaya particularmente bien en el mercado de trabajo: ¿El 100% de su matrícula? ¿Podría plantearse un recargo —por ejemplo que pague hasta el 150% de su matrícula— para compensar a los miembros de su promoción con una carrera laboral menos exitosa? También podríamos variar el mínimo exento, el porcentaje de renta por encima de ese mínimo destinado a pagar el préstamo, los años para que se cancele la deuda o si cobrar o no un tipo de interés. Pero el principio general parece complicado de atacar: porque la universidad es un privilegio, la deben pagar sus usuarios.
Eso sí, hay una cuestión importante que no debemos obviar: si se cambia a este modelo, debería ser a cambio de reducir los impuestos en una cantidad equivalente a la ahorrada. Si no, estaríamos ante una forma indirecta de subir impuestos. No creo que sea la intención de los autores, que se centran en la financiación de los centros; pero alguna mente malévola podría desenterrar este modelo por lo que tiene de ayuda a un sector público cada vez más tensionado. La idea es sencilla: hasta ahora pagamos la universidad vía presupuestos del Estado; si pasamos a un modelo de becas retornables, deberíamos ver rebajas impositivas por una cifra equivalente al coste que ahora asumen los estudiantes; pero todos sabemos que eso no ocurriría; de esta manera, la reforma de la financiación universitaria sería en realidad la excusa para aliviar un presupuesto cada vez más al límite.
Dicho esto, ni siquiera así creo que se apruebe algo parecido en un futuro cercano. Hay demasiados intereses (sobre todo en la propia universidad) en que las cosas sigan siendo como son: tenemos instituciones relativamente bien financiadas (sobre todo para los que no buscan la excelencia) y poco controladas (lo que hace con el dinero cada centro está mucho menos sujeto a supervisión que un ministerio o consejería). ¿Un sistema de becas retornables como éste podría incrementar la cantidad total a repartir? Sí, pero a cambio de incrementar la exigencia y hay grandes áreas de la universidad española que no están dispuestas a esa solución. Prefieren mediocridad no especialmente bien pagada (tampoco es que los profesores se mueran de hambre, sobre todo los que tienen plaza), pero tranquila y estable.