Con los datos de abril definitivos, observamos cómo la inflación confirma lo ya apuntado en estas páginas hace un mes, referente a los datos de marzo, y no sólo sigue en unos niveles muy elevados, sino que repunta de manera importante. A niveles de la zona euro, aunque la inflación interanual ha pasado del 2,6% al 2,4%, el dato mensual se mantiene persistente en su fuerza de incremento de los precios, ya que creció un 0,6% en febrero, un 0,8% en marzo y un 0,6% en abril. Por tanto, la inflación no desciende, sino que se mantiene con fuerza en términos mensuales a nivel europeo.
Como el BCE tardó tanto en reaccionar ante la inflación, alargando el retardo interno, eso provocó que el retardo externo esté siendo más largo de lo deseado. Además, sería conveniente un drenaje más intenso de liquidez para impedir que la presión creciente del gasto público dificulte la correcta transmisión de la política monetaria, hecho que puede estar haciendo que la moderación de los precios esté tardando más en alcanzarse.
Por eso, el BCE no puede precipitarse: bajar tipos en junio puede constituir un grave error, que se añadiría al error que tuvo durante muchos meses al no querer subirlos, que nos ha llevado a la situación de enquistamiento de precios en la que nos encontramos, con unos niveles muy elevados y un crecimiento interanual que se resiste a bajar, al tiempo que el crecimiento intermensual acelera su crecimiento. El BCE debe ser cauto, pues si se precipita, no sólo puede volver a acelerar la inflación todavía más, sino que si la Reserva Federal mantiene en junio los tipos invariables, el euro puede depreciarse todavía más frente al dólar -ya depreciado al ser el dólar moneda refugio y por la mayor rentabilidad de sus bonos- y encarecer, así, nuestras importaciones, en dólares, entre las que se encuentra buena parte de la energía, que nos haría perder todavía más poder adquisitivo.
Por su parte, en España la inflación se está acelerando. Se ha publicado el dato del IPC de abril y la inflación repunta. Así, la inflación interanual pasa del 3,2% al 3,3% y la subyacente, aunque parece moderar su crecimiento interanual, al pasar de 3,3% a 2,9%, realmente no lo hace, pues crece en términos mensuales. De esa forma, el IPC general crece un 0,7% intermensual, casi un punto, y la subyacente crece, en el mismo período, un 0,6.
Esto supone una aceleración también en la tasa mensual de la subyacente, pues venía de un 0,5% intermensual, mientras que el IPC general pasa de un 0,8% intermensual en marzo a un 0,7% intermensual en abril, es decir, casi lo mismo, pero acumulando crecimientos cada vez mayores en términos mensuales, que aceleran la inflación (0,3% en febrero; 0,8% en marzo; 0,7% en abril).
Lo grave es que estos ritmos altos de inflación se producen sobre niveles de precios muy elevados alcanzados en los meses anteriores, con lo que sigue mermando el poder adquisitivo de los agentes económicos. Si con la desaceleración del crecimiento interanual de los últimos meses sucedía eso, pues seguía creciendo, aunque a menor ritmo, ahora que no sólo es que no crezca, sino que, además, se acelera ese incremento de la inflación intermensual, la situación empeora.
Recordemos que muchos productos han visto aumentar su precio de manera exponencial: así, sobre niveles ya muy elevados, en abril, el precio de los alimentos aumentó un 4,7% interanual, cuatro décimas más que el mes anterior; la carne de cerdo, un 4%; los aceites, un 49,1%, en una subida exponencial durante muchos meses; los productos lácteos, un 0,6%, sobre subidas ya importantes de meses previos; las patatas, un 5,7%; el pescado, un 5,3%; el azúcar, un 4,2%. Todo ello, sobre subidas acumuladas ya muy importantes en los últimos meses.
Todo ello, hace que desde que gobierna Sánchez la inflación haya subido un 18,97%, mientras que la subyacente, durante su mandato, lo haya hecho un 16,56%.
Esto merma la renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias, afrontando, con los ahorros generados durante la pandemia ya gastados, un horizonte muy difícil, en el que la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras el Gobierno los sigue endeudando y asfixiando con impuestos. Una vez eliminadas la mayor parte de subvenciones que camuflaban la evolución de los precios, se ve cómo estructuralmente España sigue teniendo un problema de inflación. El Gobierno pudo maquillarlo con las subvenciones, pero ahora que tocan a su fin se ve de nuevo cómo resurge dicho problema.
Además, la preocupante evolución del crecimiento económico, basado en el gasto público, elemento que lo impulsa pero que habrá de descender con las reglas fiscales, al estar ya operativas este año; y el turismo y el sector exterior, que se resentirán por la merma de renta de nuestros socios comerciales, que caen, no augura nada bueno. Un crecimiento en el que no dejan de crecer los costes laborales, de manera sostenida, y de caer la productividad, que nos hará perder mercados. Y un crecimiento del que ha sido expulsado, en gran parte, la inversión, con el consumo, además, en atonía (desde el IVTR-2019 hasta el IVTR-2023, al comparar años completos, la inversión caía casi un 5% frente al aumento de más de un 12% del gasto público; incluso con los datos del ITR-2024, la inversión sigue por debajo del nivel anterior a la pandemia). Todo muy preocupante.
La inflación se mantiene persistente y el BCE hará muy mal en bajar tipos, pero, sin duda, la política económica del Gobierno español de más gasto tensa los precios y si el BCE baja tipos puede acelerarse todavía más debido a la divergencia que la inflación española puede tener con la media de la de la eurozona, que puede llegar a perjudicar a la economía, ya que las medidas de política monetaria se toman en función de las necesidades medias de la eurozona. De ahí la importancia de los criterios de convergencia y del pacto de estabilidad y crecimiento. La política económica del gobierno socialista nos está haciendo divergir, con graves consecuencias. La inflación de la eurozona se desacelera en los dos últimos meses, pasando de un 2,6% interanual a un 2,4%, y en esos dos meses la inflación armonizada en España pasa de un 2,9% a un 3,4%.
Toda la política económica del Gobierno está provocando una divergencia española con la media de la zona euro, para peor: más pobres, al retroceder en PIB per cápita, mayor tasa de paro y aceleración de la inflación.