Los funcionarios dan la espalda a Muface. "Por primera vez" el porcentaje de empleados públicos adscritos a la sanidad privada que les sufraga el Estado con cargo al contribuyente ha bajado del 70%, tal y como informa el sindicato mayoritario de funcionarios CSIF.
Este aparente descontento de los empleados públicos con Muface se ha puesto de manifiesto hace unos días, cuando la Dirección de Muface presentó en el Consejo General de la mutualidad datos que reflejan un descenso en el número de personas adscritas al concierto sanitario a lo largo de los últimos cinco años. Otro dato es que las personas que optan por Muface descendieron de 768.661 a 766.915 (-1.746), mientras que las personas que eligen la Seguridad Social pasaron de 242.690 en 2020 a 335.427 este año (+92.737).
Eso sí, de manera global, sigue siendo mayoritario el número de funcionarios que optan por la sanidad privada de Muface: 766.915 frente a los 335.427 que se quedan en la Seguridad Social, lo que supone un 69,63%. CSIF advierte no obstante de que "es la primera vez en muchas décadas que esta cifra cae por debajo del 70%".
¿Qué está pasando?
Desde CSIF, aseguran que la razón que les da Muface para explicar esta fuga de funcionarios es "la incorporación al funcionariado de un gran número de personas procedentes de los grupos A1 y A2 que tienen un mejor nivel económico que les da la posibilidad de tener como alternativa un seguro sanitario privado" con mayores coberturas que las de Muface.
En este sentido, el sindicato relaciona la pérdida de adscritos con el empeoramiento de "la calidad de la prestación sanitaria por la infrafinanciación del concierto con las entidades colaboradoras de Muface". En la misma línea, aseguran que ha habido quejas recibidas por la reducción de los cuadros médicos, la eliminación de la oferta sanitaria, de especialistas y médicos de familia en determinadas zonas".
Esta explicación es completamente contraria a la que dan fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aseguran que se debe a que habrían entrado en el sistema un número considerable de profesores y estos prefieren la sanidad pública para recibir asistencia médica. "En esta ocasión, se da una circunstancia importante y es el ingreso de un importante número de personas del sector docente debido a los procesos de estabilización. Estas personas han mantenido la opción que tenían con carácter mayoritario, y esa opción era la pública" aseguran. Al departamento de José Luis Escrivá tampoco le encaja la explicación de CSIF. ¿Tiene sentido la explicación del Gobierno? ¿Quién tiene razón?
Las aseguradoras sopesan dejar Muface
Al calor de esta polémica surge otra: el descontento de las empresas que dan servicio a Muface. La pasada semana, DKV, una de ellas, advirtió que está sopesando si seguir otorgando el servicio porque en 2023 tuvo unas pérdidas operativas de 21 millones de euros asociadas a Muface. Según el director general financiero de DKV, Javier Cubría, la ruptura con Muface se debería a la "infrafinanciación" del actual concierto, que estaría haciendo "muy difícil" la viabilidad del modelo.
Este mismo mes también, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, consideraba "muy difícil" que Adeslas (de la que Mutua es propietaria) acuda a la licitación del concierto con Muface si no se mejoran "de forma muy notable" las condiciones económicas.
El actual concierto de Muface (periodo 2022-2024) caduca el 31 de diciembre de 2024. La dirección de Muface ha emplazado a CSIF al próximo mes de junio para dar a conocer el posible nuevo concierto sanitario y su financiación.
La izquierda, contra Muface
Como ya hemos publicado en Libre Mercado desde Podemos a Sumar llevan años intentando poner fin a los conciertos sanitarios de los funcionarios, una decisión, al menos, coherente teniendo en cuenta que estos partidos se erigen abanderados de público.