El ataque a MUFACE comenzó en pleno COVID. Un Real Decreto sacó su gestión del control de Administraciones Públicas y se lo llevó a la Seguridad Social. El motivo era obvio: comenzar los recortes en el sistema privado de sanidad del que disfrutan los funcionarios. Ahora ya no hace falta deducir nada. Los hechos han probado que, tras un año de clara merma del servicio, MUFACE comienza a mostrar claras deficiencias, sobre todo, en especialistas médicos.
Y, según los funcionarios, está al borde. No se ha actualizado el presupuesto para compensar todos los gastos acumulados durante el COVID y los operadores médicos van perdiendo el interés ante la caída del beneficio. El PSOE y Podemos empiezan a conseguir su objetivo: reducir el servicios hasta vaciarlo y dejarlo morir.
El sindicato mayoritario de los funcionarios -CSIF- ha instado al Gobierno a "incrementar ya la financiación del concierto sanitario 22-24 de MUFACE para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica". CSIF espera poder abordar el incremento del presupuesto en el Consejo General de Muface del próximo día 28, pero, por ahora, las ganas del Gobierno para ampliar el presupuesto parecen más que limitadas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es el sindicato más representativo en las administraciones públicas. Y reclamará al Consejo General de MUFACE, que se reúne en esa fecha, "una solución a la falta de financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia concertada". En la última reunión del Consejo General, celebrada el pasado 28 de junio, CSIF ya se interesó por esta cuestión y preguntó por "los pasos dados por la Dirección General de MUFACE de cara al incremento de la financiación del concierto sanitario ante el incremento de los precios", señalan desde CSIF.
La Dirección de MUFACE, por su parte, informó de que "se están buscando vías para poder incrementar la dotación presupuestaria del contrato público con las aseguradoras, en colaboración con la Abogacía del Estado". Pero ni media mención a una revisión de la cuantía global que financia el servicio sanitario privado de los funcionarios.
CSIF también espera abordar esta cuestión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que "la calidad sanitaria que reciben los mutualistas no se vea afectada. Además, reclamamos un compromiso político en los debates de investidura para garantizar el futuro del modelo del mutualismo administrativo. El servicio que MUFACE ofrece es vital para el conjunto del sistema sanitario", añade el sindicato.
Según los datos de la memoria de MUFACE -cerrados a diciembre de 2022- este servicio sanitario cuenta con un total de 1.053.934 titulares, lo que supone un incremento de 15.500 personas respecto al año anterior. "De esta manera, MUFACE se sigue acercando a un colectivo de millón y medio de personas entre titulares y beneficiarios (familiares de mutualistas). Y a esto hay que añadir que el concierto sanitario 22-24 fue firmado por ADESLAS, ASISA y DKV. El Igualatorio de Cantabria abandonó el concierto, al igual que lo hicieron años antes otras entidades como Mapfre, Caser y Sanitas. Esta circunstancia hace que los mutualistas tengan menos opciones asistenciales". Y la razón no es otra que la pérdida de atractivo por el bajo presupuesto regulado por el Gobierno socialista.
Lo cierto es que Podemos nunca ha ocultado su deseo de dejar a los funcionarios sin su sistema sanitario. Quiere acabar con MUFACE y lo ha plasmado hasta por escrito. El PSOE tampoco oculta su desprecio por ese sistema que permite a los empleados públicos optar libremente por una vía de sanidad privada a buen precio. Y ambos han empezado desde el Gobierno un sistema de vaciado de fondos de MUFACE con el fin de llevarla a la desaparición, tal y como denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).