El fiasco de las primas otorgadas al sector de las energías renovables sigue desarrollándose. Esta semana hemos conocido que la justicia británica ha autorizado el embargo de varios bienes y activos del Reino de España, entre ellos la indemnización por la catástrofe del barco Prestige o la sede londinense del Instituto Cervantes. Pero estas medidas excepcionales son solo el comienzo de un proceso que puede extenderse y agravarse en los próximos meses, puesto que las empresas e inversores afectados tienen claro que el gobierno de Pedro Sánchez insistirá en incumplir las resoluciones de los arbitrajes internacionales, manteniéndose de tal manera como un gobierno a la altura de regímenes como el venezolano.
De momento, la AIREF estima que las indemnizaciones derivadas de procedimientos ya resueltos ascienden a 1.175 millones de euros. Sin embargo, puesto que hay cerca de una veintena de laudos pendientes, la cifra final puede situarse en el entorno de los 2.000 millones. No sorprende, pues, que los inversores internacionales se lo piensen dos veces antes de invertir en un país lastrado por la inseguridad jurídica que genera la política económica del gobierno.
No es de extrañar, pues, que muchas de las empresas de referencia en el ámbito de las energías renovables hayan optado por hacer las maletas y huir de España, de igual forma que han hecho compañías de otros sectores como Ferrovial. Los tres ejemplos que siguen son ilustrativos del problema que estamos enfrentando:
- Entre los procesos que se están dirimiendo, hay un reclamo de 600 millones de euros que se corresponde con la denuncia presentada por la alemana E.ON. Se trata de una de las principales compañías del sector energético y protagonizó un sonado proceso de OPA a Endesa. La firma abandonó el mercado español en 2014 y solo mantiene actividad testimonial en nuestro país, limitada a un pequeño proyecto en las Islas Canarias.
- Otra firma de gran tamaño que dejó de operar en nuestro país a raíz de este fiasco fue NextEra. Se trata de una firma estadounidense que genera ingresos por más de 18.000 millones de dólares, emplea a casi 15.000 trabajadores y figura entre las 200 empresas más grandes de Estados Unidos, según la Lista 500 de la revista Fortune. NextEra hizo las maletas hace nueve años y no ha vuelto a invertir en suelo español. En su caso, la compensación pendiente de pago asciende a 290 millones de euros.
- También ha replegado su presencia en nuestro país el fondo de infraestructuras Antin. Fundado en París, en el año 2007, tiene una cartera de activos bajo gestión de más de 30.000 millones de euros. En su caso, las denuncias presentadas contra el gobierno de España resultaron en el reconocimiento de una compensación de 110 millones de euros que también sigue pendiente de pago.
Todo esto explica lo ocurrido el pasado mes de noviembre, cuando el ministerio de Transición Ecológica puso en marcha una subasta para la instalación de 3.300 MW de potencia fotovoltaica y eólica. De esta cifra, solo se cubrió un ínfimo 1,3%, dejando prácticamente desierto el proceso y poniendo de manifiesto la espantada generalizada que ha provocado la inseguridad jurídica española entre las empresas e inversores del ramo. De modo que, más allá del discurso verde del Ejecutivo, la cruda realidad es la de un país que espanta a las principales compañías del ramo.