En plena polémica por las exigencia de la UE al campo europeo de una serie de obligaciones fiscales, laborales, ecologistas y burocráticas que no asumen los productores agrícolas de terceros países, Bruselas ha decidido llevar ese modelo de competencia desleal a otros sectores. Lo hará con los costes de los informes de "sostenibilidad". Y las que podrán librarse temporalmente de esas exigencias serán las compañías ajenas a la UE, mientras las comunitarias no tienen escapatoria.
El Consejo acaba de "adoptar una directiva para retrasar las obligaciones de presentación de informes para ciertos sectores y empresas de terceros países", señala una comunicación oficial de la UE. "El Consejo ha dado su aprobación final a la Directiva sobre los plazos para la adopción de normas de presentación de informes de sostenibilidad para determinados sectores y empresas de terceros países, que modifica la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) para dar a las empresas afectadas más tiempo para aplicar las normas europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)", explica el mismo comunicado.
En resumen se trata de dar más tiempo "para preparar los informes a empresas que compiten con las comunitarias. Tiempo que no se da a las de la UE y que implican la aceleración o retraso en las reformas necesarias de "sostenibilidad". Traducido: las extracomunitarias tendrán un tiempo sin costes del que no disfrutarán las de los países miembros de la UE, como España.
"La directiva adoptada pospondrá la adopción de normas de presentación de informes de sostenibilidad específicos del sector para las empresas de la UE y de los estándares generales de presentación de informes de sostenibilidad para las empresas no pertenecientes a la UE hasta el 30 de junio de 2026", explica el texto. "Esto permitirá a las empresas centrarse en la implementación del primer conjunto de ESRS y limitar los requisitos de presentación de informes al mínimo necesario. También permitirá más tiempo para desarrollar estos estándares de sostenibilidad específicos del sector y estándares para empresas no pertenecientes a la UE", detalla Bruselas.
Y todo ello afecta a la competitividad de las empresas europeas. "En su comunicación "Competitividad a largo plazo de la UE: mirando más allá de 2030", la Comisión identificó la presentación de informes como una de las principales cargas para las empresas en general y para las pymes en particular. Por lo tanto, propuso reducir las obligaciones de presentación de informes en un 25 % sin socavar los objetivos de la política subyacentes", señala la UE.
La legislación actual de la UE requiere que las empresas que cotizan en bolsa revelen información sobre los riesgos y oportunidades que surgen de "los problemas sociales y ambientales": todo el traslado a costes de las nuevas ideas woke. El 31 de julio de 2023, la Comisión adoptó las primeras normas y "estándares transversales para todos los temas de sostenibilidad". La directiva adoptada "regula un aplazamiento de dos años para la publicación de normas y estándares específicos del sector para empresas no pertenecientes a la UE con el fin de dar a las empresas más tiempo para aplicar el primer lote de normas y prepararse para las siguientes". Pero no para las de la UE.