El sector agrario soporta la mayor carga regulatoria en España. Así lo demuestra un estudio recientemente publicado bajo el título Los efectos heterogéneos de la complejidad regulatoria: evidencia de más de 200.000 normas españolas, realizado por los economistas Juan S. Mora-Sanguinetti, Javier Quintana, Isabel Soler y Rok Spruk.
En el documento, que "tiene como objetivo evaluar, (...), si la complejidad regulatoria a nivel industrial tiene efectos discernibles sobre la actividad económica" (empleando los datos proporcionados en otro estudio anterior donde estos economistas trataron de cuantificar el nivel de regulación sectorial en nuestro país), los investigadores llegan a una conclusión muy clara: "un aumento en la complejidad regulatoria tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo".
Así, este reciente estudio concuerda con las conclusiones que Mora-Sanguinetti ya adelantó en otro informe en el que demostró que "la complejidad de la regulación española tiene implicaciones negativas para la economía y la sociedad", afectando al número de empresas a nivel local, a la productividad y al funcionamiento de los órganos judiciales.
En este sentido, cabe destacar el nivel de presión regulatoria al que se enfrenta el sector agrícola, que es una de las principales reivindicaciones que se están haciendo en las protestas protagonizadas por los trabajadores del campo durante los últimos días. En concreto, como podemos comprobar a continuación, de media la cantidad de regulaciones que soporta este sector alcanza las 1.300 cada año. De este modo, le siguen la construcción con cerca de 1.100 regulaciones anuales y los servicios profesionales con más de 800.
Las empresas más afectadas
Haciendo uso de una base de datos que clasifica más de 200.000 regulaciones adoptadas en España entre los años 1995 y 2020, el estudio expone que el cuerpo legal español está formado por cientos de miles de normas y que sólo en el año 2022 el conjunto de administraciones públicas adoptaron 11.775 nuevas normas, de las cuales 8.843 (el 75% del total) fueron autonómicas.
Como podemos ver, las regiones en las que existen un mayor nivel de regulación son Cataluña y Andalucía, ambas con una media de más de 600 normas por año. Del mismo modo, Galicia, Valencia y Castilla y León superan las 500 normativas anuales, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Murcia cuentan con más de 400 regulaciones cada año. Por su parte, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid cuentan con menos de 400 normas de media cada año.
En este contexto, los investigadores encontraron que "un aumento en la complejidad regulatoria tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo". En este sentido, los economistas establecen en el documento que "los efectos negativos sobre el nivel de empleo se concentran en las empresas más pequeñas y en las de creación más reciente".
Así, concluyen al respecto que "este hallazgo respalda la hipótesis de que una regulación más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y menos experimentadas son menos capaces de manejar". Del mismo modo, en el artículo se muestra cómo "la entrada de nuevas empresas en sectores-regiones expuestas a una mayor complejidad regulatoria también es menor".
El sector más regulado
Con todo, como vemos, uno de los principales hallazgos del estudio establece que "existe una relación negativa entre el nivel de complejidad regulatoria y el desempeño económico". Así, los autores destacan que "la evidencia revela una relación significativa entre una mayor complejidad de la regulación y un menor número de empresas en la economía", lo cual se explica en tanto que "una mayor complejidad en la regulación impide que las empresas entren al mercado y, como resultado, hay menos empresas".
De hecho, de acuerdo con el informe, el sector donde "el efecto de la complejidad regulatoria es más pronunciado" es el manufacturero, donde "la magnitud del efecto es un 50% mayor que en el caso de los sectores de servicios". Esto podría deberse a que en éste sector la inversión requerida es mayor que en otros. Ahora bien, no podemos olvidar que el informe también incide en que "los sectores de servicios y la agricultura están más regulados que los sectores manufactureros (industriales)".