La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.
Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo -que sigue existiendo por mucho que trate de disfrazarse normativamente de forma artificial-, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.
Sin embargo, las escasas ganancias de productividad del ITR-2024 no se corresponden con una mejora real de la productividad, por dos elementos: en primer lugar, la productividad sube porque el INE estima un crecimiento de la economía mientras que se produce una importante destrucción de empleo en la EPA de dicho trimestre. Así, frente a un crecimiento del PIB de un 0,8% trimestral, como el empleo cae un 0,7%, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo crece un 0,9%. Es decir, crece la productividad, pero por mera destrucción de empleo, no por verdadera mejora de la misma.
Es más, las horas trabajadas y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, caen, que muestran el efecto de esa destrucción de empleo que hace aumentar ficticiamente la productividad.
Por eso, como en el cómputo interanual el empleo crece más que el PIB, la productividad cae, que marca la tendencia en comparación homogénea con el mismo trimestre del año anterior, que muestra que la productividad no mejora, sino que empeora, que lleva cayendo los últimos cuatro trimestres.
Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente.
Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo. Si no, la productividad sólo podrá seguir aumentando por mera destrucción de empleo, que puede que sirva como un espejismo, pero que no significará otra cosa que el deterioro del mercado laboral. Ésa es la realidad, todo lo contrario de lo que, como vemos al analizar los datos, hace el Gobierno.