Sumar ha llegado a la conclusión de que su Gobierno puede dar lecciones de lucha contra la corrupción y ha pedido una amplia reforma de los contratos públicos para evitar ese tipo de delitos. Lo mejor de todo es que el partido de Yolanda Díaz plantea un inacabable listado de exigencias políticas a esos contratos bajo el argumento de la lucha contra la corrupción: un listado que haría que los contratos públicos pasasen por manos del control político y, por lo tanto, de potenciales apariciones de delitos de corrupción de forma continua. Eso sí, por el camino, una comisión llena de políticos evaluaría la "integridad" de las empresas que optan a concursos públicos.
La exigencia de Sumar pasa por "llevar a cabo las transformaciones legales necesarias para incorporar el control del principio de integridad en las empresas y entidades que participan en las licitaciones públicas, estableciendo un procedimiento de prohibiciones de contratar efectivo, que impida realmente que las empresas condenadas por corrupción o que hayan cometido los delitos y las infracciones administrativas contempladas en la ley no puedan participar de la contratación pública".
La norma que ya ha exigido la formación de Yolanda Díaz va a más y exige "modificar la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para permitir una verdadera aplicación de criterios sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos en la contratación pública, de modo que tengan un verdadero impacto en la transformación de la realidad social y de nuestro tejido socioeconómico, así como ampliar los supuestos y mejorar las posibilidades para que las entidades de la economía social se incorporen al mercado de la contratación pública". Todos esos criterios, de amplia subjetividad y ambigüedad, serían controlados, de nuevo, por políticos.
En tercer lugar, Sumar ha exigido a Sánchez "elaborar a la mayor brevedad el reglamento de desarrollo de la Ley 9/2017, que establezca criterios claros y objetivos para la valoración de las ofertas, de forma que no se distorsione la ponderación de los criterios de adjudicación, asegurando que reflejen adecuadamente la relación calidad-precio en la adjudicación de los contratos y se obtengan cada vez servicios, obras y suministros de mayor calidad para la ciudadanía!".
Los comunistas también reclaman "incorporar las modificaciones oportunas para flexibilizar la revisión y actualización de los precios de los contratos, adaptando los mismos a las cada vez más frecuentes fluctuaciones que sufren como consecuencia de la inflación, la subida del SMI o de otros factores derivados de una economía globalizada que inciden directamente en su configuración, al mismo tiempo que se garantiza la viabilidad económica de las empresas adjudicatarias considerando especialmente a las pequeñas y medianas empresas".
Y, por último, "implementar las medidas legales o reglamentarias oportunas para adaptar la complejidad de la contratación pública actual a la realidad, a las necesidades y a los recursos de los entes locales".
"Respecto del principio de integridad, éste se ha incorporado de forma relativamente exitosa en las actuaciones de los entes del sector público que participan como órganos de contratación. Las medidas adoptadas en materia de conflictos de interés o principalmente aquellas recogidas en el artículo 63 de la LCSP relacionadas con la transparencia han reforzado el acceso de la ciudadanía a la documentación de los distintos expedientes, y han permitido una mayor utilización y fiscalización pública de la documentación", explica Sumar.
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