Sobre el papel, a la izquierda le gusta vender la idea de que sus programas de "renta básica" o "ingreso mínimo" son compatibles con la adopción de incentivos que faciliten la entrada en el mercado laboral y eviten que los beneficiarios caigan en la "trampa" de la dependencia. Sin embargo, la cruda realidad nos dice que los resultados de este tipo de programas suelen ser muy diferentes. Así, lo más habitual es que estos gastos cronifiquen la pobreza y acarreen un creciente coste presupuestario que no lleva aparejada la mejora de los indicadores de bienestar.
La Comunidad Foral de Navarra ha sido desde hace más de una década el principal banco de pruebas para este tipo de políticas sociales, con la adopción de la llamada "Renta Garantizada". Un informe publicado por el propio gobierno autonómico da cuenta de la tónica expansiva que suelen describir estos programas, puesto que el gasto vinculado al programa se disparó desde 2013 hasta 2019, pasando de 37,5 a 103,1 millones de euros.
Aunque el aumento del gasto en 2020 y 2021 puede resultar comprensible, debido al empobrecimiento socioeconómico derivado de las medidas de confinamiento que impusieron el gobierno nacional de Pedro Sánchez y el gabinete autonómico de María Chivite, resulta curioso comprobar que, el pasado 2023, dos años después del fin de tales restricciones, el gasto final del programa fue de 103,9 millones, por encima de los registros previos a la pandemia.
El informe del gobierno navarro también pone de manifiesto que la demanda de este tipo de ayudas siempre es mayor que la oferta inicial planteada por los poderes públicos. Así, en el año 2023 se desembolsaron 15,5 millones más de lo previsto originalmente. Esto significa que el presupuesto realmente ejecutado superó en un 18% las cifras esperadas por el gobierno de Chivite.
Igualmente ilustrativo es el escaso número de expedientes de extinción de la prestación por incorporación al mercado laboral. En 2023, apenas 1.683 beneficiarios dejaron de cobrar la "Renta Garantizada" por este motivo. En términos porcentuales, esto significa que solamente 8 de cada 100 beneficiarios de la ayuda se dan de baja por haberse incorporado a un puesto de trabajo.
Si la "Renta Garantizada" fuese un plan de "rescate" puntual y efectivo a la hora de lidiar con la pobreza, su cifra de beneficiarios no habría crecido y, de hecho, se habría reducido con el tiempo. Sin embargo, el número de unidades familiares que cobran dicho subsidio ha subido en la última década de menos de 8.000 a más de 16.000, mientras que el total de beneficiarios ha pasado de 18.000 a 35.000. El pago mensual medio es de 648 euros mensuales.
El OMV y las rentas básicas de las CCAA
Parece evidente, pues, que este tipo de iniciativas contribuyen a cronificar la dependencia y no ayudan a reducir la incidencia de la miseria socioeconómica. Pese a ello, el gobierno nacional que preside Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para elevar el impacto de su "Ingreso Mínimo Vital". De momento, la AIREF ha comunicado que el número de perceptores ha subido de 240.000 a 340.000 hogares entre mayo de 2020 y diciembre de 2023. El también llamado IMV contempla una horquilla de ayudas que van de algo más de 600 a un poco menos de 1.400 euros al mes.
A esto hay que sumarle el sinfín de programas de "ingreso mínimo" presentes en las distintas comunidades autónomas. Un informe oficial del gobierno español reconoce que, en 2022, estas ayudas movilizaron un total de 1.729 millones de euros, alcanzando a un total de 667.413 beneficiarios en todo el país, cifra que incluye a personas titulares de la prestación (333.335) y dependientes a cargo de dichos individuos (334.078). La cuantía media de estos programas es de 517 euros mensuales.