La aprobación de todo tipo de programas de "renta garantizada" se ha convertido en un tema fetiche de la izquierda política y mediática, que ha justificado estas medidas de gasto aduciendo todo tipo de motivaciones, que van desde la lucha contra la desigualdad a la minoración de los efectos de la tecnología sobre el mercado de trabajo, pasando por la contención de la crisis económica o la promoción de la equidad social.
Una y otra vez, los promotores de estas pagas insisten en que su diseño asegurará que no se conviertan en un elemento sustitutivo del empleo. Sin embargo, los datos de la Comunidad Foral de Navarra, donde este tipo de programas se implementan desde hace una década, ponen de manifiesto que solo una ínfima parte de quienes cobran la "renta garantizada" abandonan dicho programa para reincorporarse al mercado.
Así, de acuerdo con los datos que ha evaluado Institución Futuro, apenas el 5% de los receptores de esta ayuda se han dado de baja y han optado por suspender el cobro de la "renta garantizada" para reincorporarse al mercado de trabajo. Un porcentaje ínfimo que confirma la "trampa" asociada a la extensión de este tipo de subsidios.
En números redondos, los datos que ofrece la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del gobierno navarro que preside la socialista María Chivite nos dicen que en 2021 hubo 1.404 personas que extinguieron o paralizaron el cobro de la "renta garantizada" por motivos de incorporación al mercado laboral. Así, sobre un total de 41.564 beneficiarios, estaríamos ante un mísero 3,3%, porcentaje que, ajustado por edad de trabajar, solo aumenta hasta un 5%.
Otro argumento que esgrimen con frecuencia quienes defienden estos programas desde el flanco de la izquierda política y mediática es que estas ayudas pueden ser compatibles con el desarrollo de un empleo. Actuarían, pues, como una suerte de complemento salarial al servicio de personas en una situación delicada. Sin embargo, los datos recalcan que solo el 12,6% de los beneficiarios se han acogido a este mecanismo, de modo que predomina abrumadoramente el mero cobro de la ayuda sin llevar aparejado ningún tipo de actividad laboral.
El programa de Escrivá
En clave nacional, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso en marcha el llamado "ingreso mínimo vital", que solo ha sido solicitado por 1 de cada 4 potenciales beneficiarios. No solo eso: si nos fijamos en los datos de solicitudes, encontramos que el número de demandantes es diez veces inferior de lo esperado.
El propio gobierno admite que 6 de cada 10 posibles beneficiarios desconoce el programa, a pesar de las millonarias campañas de publicidad y propaganda institucional del gobierno. Esto se ha traducido en que, a lo largo del año 2021, el gasto en este concepto ha sido de 1.730 millones de euros, frente a los 3.000 millones presupuestados.
