El independentismo catalán no deja de quejarse de no recibir el trato económico que le corresponde, de manera que siempre está reclamando fondos, competencias y privilegios frente al resto de regiones españolas. Sin embargo, eso es falso, pues Cataluña es una de las dos regiones más beneficiadas por el conjunto de España a lo largo del último siglo, por no decir que es la más beneficiada, privilegios que con Sánchez se han elevado exponencialmente, hasta el punto de que como vimos en la votación de los RDL del miércoles diez de enero.
Sánchez se ha humillado todavía más ante el grupo liderado por el prófugo de la Justicia, mercadeando unas competencias adicionales en inmigración y la publicación de las balanzas fiscales para lograr una abstención con la que Sánchez alarga la agonía de su estancia en La Moncloa y el independentismo catalán tira de la cuerda, con cuidado de no romperla, para sacarle el máximo posible a Sánchez, que paga con dinero de todos los españoles, además de someter al conjunto de España a dicha humillación permanente, cosa a la que Sánchez está dispuesto porque sólo piensa en su propio interés.
Probablemente, ni siquiera Zapatero como presidente del Gobierno fue tan a su propio interés como Sánchez, y el listón de la ignominia lo había dejado alto. Ahora bien, no hay que olvidar que esa discriminación positiva hacia el independentismo catalán fue inaugurada por Zapatero, con las cuantiosas inversiones que recibía y el diseño de una financiación regional al gusto del independentismo catalán -más bien, redactada por ellos-.
Así, Cataluña -y, en buena medida, también el País Vasco- ha sido una región altamente beneficiada desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. No hemos de olvidar el conjunto de medidas proteccionistas que se implantaron en España a inicios del siglo XX, una buena parte de ellas impulsadas por la burguesía catalana para defender sus intereses, aunque resultasen, a la larga, perjudiciales para el conjunto de España y empobreciese su economía, especialmente a otras regiones. Igualmente, hay que recordar el trato preferencial que el franquismo dio a Cataluña, desde la instalación de la fábrica de SEAT allí a todo el desarrollo industrial que incentivó, para minimizar cualquier movimiento en esa región contrario a la dictadura. Después, todas las presiones de Pujol y del gobierno catalán desde inicios de los años ochenta fueron asfixiantes, vendiendo caros sus apoyos parlamentarios, revalorizados por la absurda ley electoral que los primaba en su región.
Posteriormente, desde la llegada de Maragall y el PSC -es decir, la sucursal del PSOE en Cataluña-, no dejaron de reclamar más ventajas, como aquella inserción en el estatuto catalán que exigía una inversión de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña igual al peso del PIB catalán sobre el total del PIB nacional. Así, Zapatero, desde 2004 y hasta 2011, durante su mandato, regó con múltiples fondos a Cataluña con las inversiones regionalizables del Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así, Cataluña vio incrementar esas inversiones un 14,38% en ese período, en detrimento de lo recibido por Madrid, la otra región comparable en tamaño económico, que en el mismo período vio cómo se reducían esas inversiones estatales en un 44,82%.
Eso continúa con Sánchez en las inversiones territorializadas de los PGE que ha aprobado: Las inversiones territorializadas crecieron en 2023 -último aprobado- en su conjunto un 3,4% con respecto a los presupuestos de 2022. Madrid, con un 14% de la población española, y que genera más de un 19% del PIB, recibe en los PGE de 2023 tan solo el 9,7% del total de las inversiones territorializadas (1.305 M€), cifra que, aunque mejora el 8,9% de 2022, sigue siendo muy claramente inferior al 12,3% de los últimos presupuestos de Rajoy. Por su parte, las inversiones en Cataluña crecen este año un 3,5% y suponen el 17,2% del total.
En concreto, la inversión en Cataluña es de 2.309 M€, un 76% más que en Madrid. En los tres presupuestos aprobados por Sánchez, las inversiones han subido un 71,1% en comparación con los PGE que recibió en 2018. Las regiones en donde más han crecido las inversiones en estos últimos tres presupuestos de Sánchez han sido las siguientes: Navarra (84%), Asturias (80,8%), Comunidad Valenciana (71,5%) y Cataluña (71,1%). Adicionalmente, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) se diseñó de la mano del consejero de Economía catalán, el señor Castells, que exigió que se incluyese un añadido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para que Cataluña tuviese acceso al fondo de competitividad, pero estableciendo el límite del índice de capacidad fiscal en el punto que estimaban que llegaría Cataluña, para perjudicar, así, a Madrid.
La Comunidad de Madrid se ve perjudicada excepcionalmente por el límite al índice de capacidad fiscal que incorpora la Ley 22/2009. Para el ejercicio presupuestario de 2023, en el que incide la liquidación del sistema para 2021 (último con liquidación definitiva publicada en el momento de escribir este artículo), el perjuicio se estima en 902 millones de euros, cantidad que resulta inferior al remanente que el Estado no distribuye (1.112 millones de euros), coincidente con la diferencia entre la dotación resultante de la disposición de ley (5.136 millones) y la cantidad efectivamente aplicada (4.024 millones).
Por su parte, Cataluña se ha beneficiado íntegramente de este fondo, salvo en el ejercicio 2010, donde se vio afectada por el límite.
Además, el conjunto de grupos de edad y de tramos y ponderaciones para repartir los fondos, por ejemplo, para calcular la protección equivalente a efectos sanitarios, se realizaron a partir de una propuesta de Cataluña en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por otra parte, ante la catastrófica gestión del socialismo y el independentismo en Cataluña, la región catalana acumuló un exceso de gasto no financiado que estrangulaba a los proveedores, siendo una de las regiones que hizo necesario que el Gobierno de la nación pusiese en marcha el plan de pago a proveedores, ya que la región catalana era una de las que más importe adeudaba a los proveedores.
Así, Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba por sus excesos de déficit, debido a su mala gestión. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40% de todos los recursos del plan de pago a proveedores (financiación que, en parte, continúa viva actualmente, con datos de 2023, último año completo cerrado).
Esa mala gestión expulsó a Cataluña de los mercados, que hizo que no se pudiese financiar en ellos por sí misma, tras el fracaso que supusieron los llamados "bonos patrióticos". Por ello, tuvo que ir al mecanismo extraordinario de financiación que fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como "FLA bueno". Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda.
Y ahora, Sánchez acrecienta los privilegios al independentismo catalán, hecho en el que profundiza con motivo de la potencial investidura de Illa en Cataluña. Esa deuda de Cataluña a través del FLA es la que ahora Sánchez le quiere perdonar. De momento, han acordado un 20% de la misma, alrededor de 15.000 millones de euros, pero los independentistas catalanes ya han exigido que sea todo. Esgrimen que esa deuda es por infrafinanciación. Falso. Esa deuda es por la mala gestión separatista, que malgastó los recursos de los contribuyentes y cuando tuvo que endeudarse, no pudo, porque el mercado no se fiaba de su solvencia, de manera que tuvo que recurrir a la Administración General del Estado, para que cubriese a la administración autonómica catalana, tomando la deuda el Tesoro en nombre de Cataluña.
El problema de Cataluña no es de financiación, sino de mala gestión: gasto público desmedido e impuestos altos, con creciente inseguridad jurídica que les hace perder empresas, actividad económica y empleo. Con esta medida, se premia a quien lo hace mal, se castiga a quien lo hace bien y se incentiva a que se haga mal, con el dinero de todos los españoles.
Como colofón a los privilegios, están negociando con ellos la creación de un sistema de financiación propio para Cataluña, donde poder cederles el 100% de los impuestos. Esto es inviable económicamente, porque, por una parte, la AGE se quedará sin el 50% de muchos impuestos, por no hablar del 100% en Sociedades, con lo que el quebranto mermará los servicios que la AGE presta en el conjunto de España y supondrá un incremento de impuestos para el resto de españoles si la AGE necesita compensar, en parte, esa financiación. Esta concesión de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución.
Por tanto, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid.
A esto se va a plegar Sánchez, además de cederles los "Rodalies", otras mejoras en su financiación y otras cuestiones todavía mucho más graves, si cabe, como la amnistía citada y el referéndum, que de una manera u otra, disfrazándolo, terminará por conceder, por no hablar del ataque al Estado de derecho que supone el ataque a los jueces, con el conocido como lawfare.
Además, el Gobierno está dispuesto a incentivar el regreso de empresas a Cataluña, aunque dos de las principales huidas ante el intento de golpe de Estado de octubre de 2017, Caixabank y Sabadell ya han dicho que no piensan regresar. Por cierto, la UE deberá velar para que ello no constituya Ayudas de Estado, prohibidas por la UE, salvo para las regiones deprimidas "Objetivo 1", entre las que no se encuentra Cataluña.
Sánchez no tiene medida y pretende darles todo a los independentistas catalanes para seguir en el banco azul, mientras se desangra la credibilidad de la economía española, su actividad económica y su mercado laboral. Es algo aberrante, intolerable y que puede causar un gran daño a la credibilidad de la economía española y, por tanto, a la actividad y al empleo, en un paso más de Sánchez para perpetuarse en el poder, volando por los aires el Estado de Derecho, que ya lo ha hecho simplemente con la amnistía, desigualdad aumentada con el perjuicio económico para el resto de españoles, que habrán de pagar los privilegios que Sánchez conceda al independentismo.