El think tank FEDEA publica una nota de Ángel de la Fuente en la que se analizan las posibles implicaciones financieras del reciente acuerdo entre el PSC/PSOE y ERC para el establecimiento de un sistema de concierto en Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa. El documento señala que, "si bien el impacto financiero del acuerdo dependerá de cómo se modifique la aportación catalana a la caja común con el cambio de sistema y dicho dato no se conoce a priori, sí sabemos lo que reclaman los independentistas y eso nos puede ayudar a hacernos una idea del rango de posibles resultados".
Como referencia, FEDEA recuerda la vieja reivindicación nacionalista de "eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario. De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB".
De la Fuente considera que "es importante observar que esta estimación, algo así como el déficit de máximos, está muy sesgada al alza. Para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estimó la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda en sus balanzas fiscales, planteadas con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura. De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio". Al respecto, considera que esto equivaldría a "concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica".
¿Qué manifiesta el informe?
El informe apunta que, a pesar de tratarse de un cálculo muy cuestionable, "la estimación de máximos del déficit fiscal que elabora la Generalitat se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema. Para buena parte de la militancia independentista, el déficit de máximos es lisa y llanamente lo que el malvado Estado español roba a los sufridos contribuyentes catalanes. En consecuencia, la única solución aceptable a ojos de este colectivo sería la de eliminar por completo ese supuesto desequilibrio".
Sin embargo, el autor del informe observa que las dinámicas observadas en las conversaciones de PSC/PSOE y ERC hacen más realista esperar que el acuerdo se cierre "con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30 y un 60 por ciento del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales. A largo plazo, tal aportación se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas y la gobernanza nacional dependa de su apoyo".
Los costes del cambio de sistema para el resto del país deberían afrontarse de distintas formas: "si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica y sin reducir su gasto, tendría que incrementar en un 30% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 11% en promedio".
Así, "a la espera de que se concreten los detalles del acuerdo ERC-PSC, una conjetura informada sobre sus efectos financieros a medio plazo apuntaría hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 y un 50 por ciento".