El pasado mes de julio, la batalla que libran vecinos y ecologistas contra el derribo de la presa de Los Toranes, en Teruel, vivió un nuevo capítulo tras la sentencia del Supremo que obliga a su antigua propietaria, Iberdrola, a correr con los gastos de la demolición de la infraestructura. Era el último episodio de la larga batalla que comenzó cuando el Ministerio de Transición Ecológica incluyó la presa, construida para la generación de energía hidroeléctrica, entre los obstáculos fluviales que debían ser removidos y que desde el primer momento se encontró con la oposición frontal de los vecinos, unidos en defensa de una infraestructura que lleva levantada casi un siglo y de un embalse que desaparecería si los planes de Ribera continúan.
El proceso para demoler la presa, de hasta 17 metros de altura y 27 metros de longitud, arrancó en 2018 cuando se extinguió la concesión para riego y generación eléctrica. La Confederación Hidrográfica del Júcar inició un expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de las aguas que concluyó con la orden de la Dirección General del Agua de demoler la presa y la central. Los expedientes contaron con la protesta desde el primer momento de los municipios afectados por el derribo así como de asociaciones ecologistas locales; mientras, se alinearon con la medida impulsada por el Gobierno de Teresa Ribera otras organizaciones ecologistas lideradas por Ecologistas en Acción. En paralelo, la propietaria, Iberdrola, llevó la medida a los tribunales por la orden del Ministerio de que asumiera los costes de la demolición. El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno y en una sentencia a la que tuvo acceso LD, decretó que al extinguirse una concesión hidroeléctrica es la concesionaria quien tiene que hacer frente a los costes.
Tras la noticia de la sentencia, que establece que "la obligación de demolición de lo construido en dominio público puede ser impuesta por la Administración hidráulica, como condición, en la resolución que acuerda la extinción de un título concesional que no contempla aquélla, a fin de evitar perjuicios a terceros y/o al interés público", vecinos y ecologistas de la zona han vuelto a manifestar su rechazo a una medida justificada en su día por Transición Ecológica por la necesidad de regenerar el río Mijares y reconectar espacios naturales de su entorno.
La presa frente a los aerogeneradores
La comarca, mientras, insiste en que la infraestructura no está "obsoleta" como defiende el Ministerio y sigue siendo de utilidad a los pueblos de los alrededores. Entre las razones, citan el agua, para regadío y protección contra incendios; el impacto que tendrían las obras de demolición en el entorno y la hipotética viabilidad de la presa en generación eléctrica: "Ninguna fuente de energía es 100% limpia. Pero, admitiendo que todas tienen su impacto, siempre será menor el de mantener una infraestructura ya construida y amortizada que el de desmantelar lo que existe y construir otra nueva. En cualquier caso, la propuesta del movimiento ecologista para la generación de energía siempre ha sido la descentralización y la defensa de las pequeñas infraestructuras frente a las mega instalaciones. No es coherente que ahora digan que la central sobra porque "su producción es insignificante en comparación con los grandes aerogeneradores"", señalan en un comunicado la asociación Mijares Vivo y la comunidad de Regantes el Mijares.
En la nota, señalan que no se ha valorado "el impacto ambiental" de la demolición ni la gestión de escombros y lodos y apuntan que la alteración ecológica que generó en su día la presa "está ya asumida". "Una nueva alteración de este calibre podría poner en riesgo esos valores con el pretexto de recuperar los que supuestamente habían hace un siglo", apuntan.
Sobre el agua, señalan que la presa sirve para recargar acuíferos "en una zona actualmente afectada por la sequía y la proliferación de pozos subterráneos" y apuntan que el embalse "sería uno de los pocos puntos para captar agua ante un posible incendio" ante años de "intensa sequía como este que han dejado los embalses de riego de la contornada prácticamente sin agua (Balagueras, Arenós, Valbona…)".
Los vecinos y regentes de la zona defienden entre las opciones para salvar la presa "mantenerla en funcionamiento con una gestión pública" e incluso sugieren que la concesionaria pague no la demolición "sino la restauración de las estructuras que puedan estar dañadas por los años sin mantenimiento". En paralelo, partidos políticos de la región se han posicionado con los ayuntamientos: la última iniciativa ha sido del PP de Teruel, que ha anunciado la presentación de una moción en la Diputación para instar al Gobierno de España a que adopte las medidas cautelares necesarias para mantener la presa de Los Toranes.
"En un momento de extraordinaria sequía no podemos permitirnos el lujo de destruir medidas que sirven para que nuestros pueblos tengan agua", señaló hace unos días el diputado Joaquín Juste durante su visita a la infraestructura hidráulica turolense. Tras citar los incendios forestales y "la escasez de agua para los regadíos de la zona, que son uno de los principales motores económicos de la cuenca del río Mijares, siendo la principal actividad económica de muchas familias de la comarca", tachó de "incomprensible" la eliminación de esta infraestructura. En paralelo, el PSOE también presentó una moción en la Diputación de Zaragoza contra el derribo de la presa y reclamando no hacer "frentismo" con Los Toranes.
En cuanto a los ecologistas que sí están a favor del derribo, tras la sentencia celebraron que "esto puede afectar a docenas de presas en los próximos años", señalaron a Efe desde Ecologistas en Acción, que sigue defendiendo la "restauración" del cauce del río y su devolución a su estado original. "Su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial", defienden.