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Cinco argumentos ecologistas contra la decisión de Ribera de demoler la presa de Los Toranes

Ecologistas locales piden que la presa se mantenga y que se evalúe el coste ambiental que tendría el derribo.

Ecologistas locales piden que la presa se mantenga y que se evalúe el coste ambiental que tendría el derribo.
Protesta contra la demolición en el año 2020 | Europa Press

Entre los colectivos locales que se oponen a la demolición de la presa de Los Toranes, en Teruel, hay también ecologistas. Además de los regantes, propietarios y ayuntamientos de la zona, vecinos en defensa del río Mijares, donde se levanta el embalse, se han movilizado contra la decisión que adoptó en 2020 el Ministerio de Transición Ecológica y contra la que siguen batallando.

En su resolución tras la extinción de la concesión de la central hidroeléctrica de Los Toranes, el Ministerio ordenó la demolición de la presa al considerar que su rentabilidad era "dudosa" y su mantenimiento, "contrario al interés público" y "a las exigencias medioambientales". La decisión coincidía con las demandas de asociaciones verdes como AEMS Ríos con Vida o Ecologistas en Acción, que reclaman la "restauración fluvial" de los ríos españoles con la eliminación de "presas obsoletas" y que es también la postura asumida desde el Ministerio, inmerso en la liquidación de "obstáculos fluviales sin utilidad".

Ecologistas de la zona agrupados en la asociación Mijares Vivo no lo ven así y se han puesto de lado de los defensores de la presa, que se levantó hace un siglo con el fin de producir electricidad. El colectivo, que agrupa a una treintena de vecinos de la pequeña localidad de Olba, nació con el objetivo del cuidado y la "reparación ambiental, cultural, social, biológica y paisajística del río Mijares". Y consideran que para cumplir este fin, la presa debe mantenerse en pie. Estas son sus razones, que chocan con los de otros colectivos verdes y con los planteamientos del Ministerio:

  • Impacto de la obra: la asociación destaca que la decisión se tomó "sin valorar como afectará al río y su entorno meter maquinaria pesada y generar toneladas de escombro". En declaraciones a LD, explican que el Estado debería haber puesto sobre la mesa estudios con un "balance general" sobre si vale la pena o no la demolición. Para acometer la obra, cuentan, habría que construir pistas. También piden valorar qué pasará con los lodos que se acumulan en el fondo del embalse: "Si se liberan de golpe", defienden, matarían todo aguas abajo". "Nos consta que en demoliciones, incluso en azudes más pequeños, el río ha bajado turbio durante meses e incluso años después de una actuación así", señalan, apuntando además que aguas arriba del embalse hay una piscifactoría y una fábrica de fertilizantes que podrían haber hecho vertidos en el pasado y "de las que el embalse hizo de ‘decantador’".
  • Modificación del ecosistema: la asociación dice que es "evidente" que la construcción de la presa hace un siglo "modificó el hábitat". "Pero también es obvio que la fauna y flora se ha adaptado a esas nuevas circunstancias. Es probable que si se recrea el régimen fluvial de hace un siglo, con el tiempo, se creará un nuevo ecosistema parecido al que debió haber. Pero lo que es seguro es que, a corto plazo, se dañará a las especies que han prosperado con la situación actual", apuntan. La asociación señala que son las especies actuales "las que han motivado que se declarase este espacio como protegido dentro de la red Natura 2000. La justificación cuando se declaró hablaba de la presencia de peces como la colmilleja o la bermejuela, propias de corrientes mas tranquilas que la que resultará si se suelta todo el caudal".
  • Pérdida de una fuente de energía renovable: la asociación recuerda al respecto que están viviendo en la comarca "muchas tensiones por el proyecto de construir nuevas infraestructuras eólicas y fotovoltaicas mientras destruimos una ya amortizada", en alusión a la central hidroeléctrica. Vecinos y consistorios han planteado al ministerio la posibilidad de reabrirla aunque como señaló el alcalde de Olba, Federico Martín, a LD, el tiempo "juega en contra" (la concesión se extinguió en 2018).
  • Los regadíos: la asociación se pone del lado de los regantes de la comarca apuntando cómo este tipo de cultivos actúa en la zona "como un modelador del paisaje". "El mayor atractivo y también un importante apoyo de la biodiversidad es el paisaje en mosaico, con alternancia de zonas de huerta y pequeños bosquetes. Incluso estos bosques se mantienen en gran parte al ser atravesados por acequias que tienen filtraciones y dan verdor. En nuestro valle apenas hay otro punto de agua que el río, y las acequias permiten la presencia de vegetación de ribera y el abrevado de la fauna salvaje sin tener que desplazarse cada vez".
  • La prevención y extinción de incendios: el colectivo defiende que tanto el embalse como las acequias que se nutren del mismo "han servido y podrían seguir haciéndolo para combatir en primera instancia pequeños conatos" de incendio en una zona de muy alto riesgo. "Es cierto que para los medios aéreos resulta mas cómodo llenar en otro embalse, el de Arenós, mucho mayor y situado a pocos kilómetros. Pero, por la forma de explotación, es posible que el embalse de Arenós al final del verano esté con un nivel muy bajo mientras el de los Toranes mantiene el nivel constante, por lo que puede ser un apoyo", señalan. Al respecto, el alcalde de la localidad subrayó que se utilizó su agua para combatir el reciente incendio declarado en Castellón y Teruel.

En cuanto a la que es una de las principales demandas de las asociaciones en defensa de la integridad de los ríos, la retirada de obstáculos para los peces, la asociación defiende que existen alternativas menos costosas a las que planteó el Ministerio en su informe que declaraba inviable económicamente la estructura.

La asociación, que recurrió la decisión del Ministerio con el apoyo económico de los vecinos, presentó una propuesta de la Universidad Politécnica de Valencia denominada "traslocación de peces" que consiste en la pesca eléctrica de los animales para su traslado manual a uno u otro lado del río. Señalan que supondría 120.000 euros al año y que a cambio, permitiría que el embalse siguiera en pie y la central en uso sin perjuicio ecológico, al tiempo que "permitiría gestionar especies invasoras".

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