Mientras el Gobierno sigue sin poner solución al grave problema de vivienda que él mismo ha generado, el número de víctimas de la okupación sigue creciendo a pasos agigantados. Y lo peor es la impunidad con la que se saben los delincuentes. Ese es precisamente el caso de una familia marroquí que lleva 21 meses sin pagar el alquiler, aferrándose al polémico decreto antidesahucios del Gobierno.
"Me llamó su hijo y me dijo que, si el PSOE seguía ganando, no les iba a poder echar nunca", recuerda desesperado el propietario, un conductor de autobuses de Parla que ni siquiera es capaz de describir con palabras la rabia y la impotencia que le produce tener que mantener a unas personas que, según dice, tienen más dinero que él y su mujer.
Después de quedarse embarazada y vivir una temporada con sus padres, la pareja no ha tenido más remedio que mudarse a un pueblo de Toledo, donde los precios son más bajos. Aun así, pasan verdaderos apuros para hacer frente a las dos hipotecas, puesto que la vivienda okupada todavía no está pagada. Por si fuera poco, la ansiedad que le provoca todo esto, ha llevado a Juan Pedro a tener que medicarse, algo a lo que desgraciadamente se ven abocadas muchas de las víctimas que recurren a la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
De inquilinos a inquiokupas
Juan Pedro y sus hermanos heredaron ese piso de sus padres, pero, con el fin de preservar los recuerdos de su infancia, él decidió comprarles su parte. Todo iba bien hasta el 2020. "Estaba pasando una mala racha y tuve que alquilarlo para poder pagar la hipoteca". Por mediación de un amigo, decidió alquilárselo a un matrimonio marroquí con cinco hijos que ya eran mayores de edad. A pesar de que el piso tiene tres habitaciones, se lo dejó por 400 euros, muy por debajo del precio de mercado.
"Siempre tenía que estar detrás de ellos para que pagaran", pero el verdadero problema llegó en 2021. Su pareja se quedó embarazada, así que les comunicaron que cuando en febrero del año siguiente venciera su contrato, no se lo renovarían, porque necesitaban la casa para ellos. Tres meses antes de que se cumpliera el plazo, les mandaron un burofax para oficializar lo que ya les habían comunicado en persona.
A partir de ese momento, dejaron de pagar, aprovechándose del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno de Pedro Sánchez había aprobado con motivo de la pandemia del coronavirus: "Me llamó uno de los hijos y me dijo que habían estado hablándolo y que, como el Gobierno había sacado una nueva ley de vulnerabilidad, nos iban a dejar de pagar y, si seguía ganando el PSOE, no les iba a poder echar nunca".
¿Quién es el vulnerable?
Aquello le cayó como un auténtico jarro de agua fría. Sobre todo, porque la noticia llegaba en el peor momento posible: "Yo acababa de quedarme sin trabajo y mi mujer estaba embarazada, así que te puedes imaginar", recuerda apesadumbrado. De manera provisional, optaron por irse a vivir a casa de sus padres e interponer una denuncia. Sin embargo, la situación era insostenible, así que no tuvieron más remedio que cambiar de ciudad: "Gracias a que mi pareja tenía un pequeño dinero ahorrado, pudo dar una señal y comprar una casa. El problema es que, como en Madrid no nos la podíamos permitir, nos tuvimos que ir a un pueblo de Toledo y afrontar dos hipotecas, con todo lo que eso conlleva".
Después de casi dos años sin cobrar ni un solo euro, el juez fijó el lanzamiento para el pasado mes de enero. Sin embargo, unos días antes del desahucio, sus inquiokupas se declararon vulnerables, tal y como ya les habían amenazado, con lo que el proceso se encuentra en estos momentos paralizado. A través de su abogado, Juan Pedro también ha pedido que le declaren a él vulnerable. Sin embargo, los plazos no parecen los mismos para unos y otros. "Estoy yendo a los Servicios Sociales y a la Concejalía de Vivienda de Parla, pero a mí no me hacen ni caso – lamenta-. Y como ahí también gobierna el PSOE, pues nada, todo paralizado. Y, mientras tanto, ellos ya van camino de los dos años viviendo por la cara".
Al igual que otras muchas víctimas de esta lacra, Juan Pedro se queja, además, de que sus inquiokupas distan mucho de ser vulnerables: "Él cobra una pensión de jubilado y ella una ayuda. Sus cinco hijos son mayores de edad y todos trabajan. Una incluso tiene dos pisos en Vitoria. Y además es que estamos hablando de un alquiler de 400 euros, que es algo que pueden pagar perfectamente, pero, claro, es más fácil vivir así".
Arruinados y desesperados
Mientras ellos viven a gastos pagados y les deben más de 8.000 euros, Juan Pedro y su mujer hacen malabares para poder pagar las dos hipotecas, la comunidad y los impuestos correspondientes, y sacar adelante a su hija Luna. "Además, la hipoteca es variable y ha subido un buen cacho, así que teniendo en cuenta como están los sueldos, no nos da la vida. No tenemos ni para tomar una Coca-Cola ni para ir a ningún lado", lamenta.
Y lo peor es que esta situación ya les está empezando a pasar factura a su salud. "Al final, la rabia y la ira te provocan una ansiedad tremenda y yo ya me he tenido que empezar a medicar", dice Juan Pedro, que incluso reconoce que todo esto también les está generando muchas discusiones a nivel pareja. "Es tal la impotencia y la indignación, que al final lo pagas con quien menos se lo merece", lamenta. Sobre todo, porque ni siquiera puedes enfrentarte a los inquiokupas: "Se te cruzan mil pensamientos por la cabeza, pero es que encima si haces algo, el que vas a la cárcel eres tú".
Con todo, este propietario no consigue entender cómo hemos llegado a esta situación. "Es indignante que no tengas amparo de ningún tipo y que el amparo legal lo tengan ellos porque les hacen un informe de vulnerabilidad unos servicios sociales que no han hecho ningún tipo de indagación, cuando son personas que cobran pensión, cobran ayudas, y ganan más dinero al mes que nosotros", denuncia. E incluso aunque no fuera así, insiste, "es el Estado el que tendría que encargase de ellos, construyendo viviendas sociales, no tenemos por qué ser nosotros los que asumamos ese papel".