La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) ha publicado una nueva edición de su Índice de Libertad Económica en las Ciudades Españolas (ILECE). El ranking de 2024, que lleva la firma de Santiago Calvo y Juan Pina, sitúa en primera posición de la tabla a Alicante, seguida de Castellón de la Plana y Santa Cruz de Tenerife.
"A nivel local, los niveles de libertad económica siguen siendo deplorables en muchos casos y, peor aún, las dos mayores ciudades del país han ido a peor mientras que el pelotón de cola conformado por los farolillos rojos habituales se está ampliando debido al deterioro apreciado en otras urbes", apuntan a Libre Mercado los autores del informe.
La metodología incluye cuatro grandes categorías de estudio en las que se miden variables como el presupuesto municipal, la plantilla de empleados dependientes del gobierno local, el aparato empresarial dependiente de cada Ayuntamiento, el peso que tienen los impuestos o las multas y sanciones, etc. En base a estos cálculos, se aprecia una brecha de hasta 31,14 puntos entre las corporaciones con mejor y peor nota.
La siguiente tabla recoge los resultados del ILECE para el año 2024:
Llama la atención la mala posición de Barcelona y Madrid. La Ciudad Condal cae al número 49, con una calificación de apenas 37,84 puntos, mientras que Madrid alcanza 44,80 puntos y recala en el puesto 45 de la lista. De igual modo, el documento de Fundalib apunta que los ayuntamientos gobernados por el PP No presentan resultados mucho mejores que los manejados por el PSOE, lo que debería invitar a la reflexión a los azules.
Vías de mejora
Fundalib reivindica en su documento distintas líneas de trabajo para aumentar la libertad económica a nivel municipal:
- Amortizar con mayor celeridad la deuda local, con la meta de llegar a cero en el horizonte de una legislatura.
- Reducir el gasto municipal y contener los costes salariales. Recortar o eliminar las partidas de subvenciones.
- Dejar los impuestos y tasas municipales en su mínimo legal y eliminar aquellas que puedan ser suprimidas.
- Externalizar los servicios esenciales y fijar la prestación empresarial de los mismos a través de licitaciones que incentiven la competencia.
- Cierre o venta de empresas y entes públicos y fin de la injerencia en procesos productivos propios del tejido local.