España puede estar a las puertas de sufrir una nueva condena por la retirada retroactiva de las primas renovables. No en vano, el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha dado a concocer que el procedimiento iniciado por la empresa danesa European Solar Farms, filial de European Energy, ya está visto para sentencia. La decisión se publicará en las próximas semanas y, salvo sorpresa, fuentes conocedoras del caso dan por sentada una nueva derrota judicial para nuestro país.
De los más de 50 litigios internacionales dirimidos según las reglas del Tratado de la Carta de la Energía del que España era firmante, el referido a European Solar Farms es uno de los casos más discretos, puesto que apenas se conocen detalles clave, como por ejemplo la cantidad reclamada por parte de los afectados. Lo que sí sabemos es que en los 13 litigios que siguen pendientes de resolución se plantea una reclamación media de 125 millones.
La compañía danesa invirtió en la creación de distintas plantas de energía solar fotovoltaica al calor de las primas ofrecidas por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Cuando estas condiciones fueron modificadas de manera retroactiva, European Solar Farms optó invocó la cláusula de arbitraje del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y llevó su caso al CIADI, tribunal del Banco Mundial. La estrategia jurídica de la compañía estuvo encabezada por King & Spalding, un bufete estadounidense, pero contó asimismo con la ayuda de varios despachos de abogados afincados en nuestro país.
En los últimos años, European Solar Farms ha canalizado sus inversiones hacia otros mercados del Sur de Europa, caso de Grecia, donde recientemente inauguró una gran planta de energía solar fotovoltaica con una capacidad de más de 200 MW. España, en cambio, ocupa ahora un lugar más secundario en los planes de la empresa, lo que prueba el daño generado por la inseguridad jurídica.
Una factura creciente
Hasta la fecha, las 26 condenas que ha sufrido España han generado unas obligaciones de pago que rondan los 1.880 millones de euros. Esta cifra incluye 1.560 millones en concepto de indemnizaciones y casi 320 millones por sobrecostes legales y financieros, epígrafe que incluye el pago de condenas en costas o el abono de los intereses de demora que se derivan de los incumplimientos.
La negativa del Ejecutivo a abonar estos pagos ha hecho que las empresas afectadas tomen medidas ante los tribunales de otros países como Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza donde se han sucedido los fallos judiciales en contra de los intereses del Reino y a favor de las compañías denunciantes.
Esta jurisprudencia ha permitido que se empiecen a aprobar medidas de embargo que afectan a bienes españoles radicados en el extranjero. Hasta el pasado mes de agosto, la lista de activos intervenidos incluía el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, distintos edificios institucionales radicados en Londres, cuatro cuentas bancarias, la participación de AENA en el aeropuerto de Luton o los pagos de Eurocontrol a Enaire. Los afectados han trasladado a Teresa Ribera que están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero la titular de Transición Ecológica no ha modificado su postura.