España debe ya un total de 1.550 millones a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, cifra a la que hay que sumar 250 millones adicionales en concepto de condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados y consultores. Sin embargo, la cifra de obligaciones puede seguir creciendo en los próximos meses.
Según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a preguntas formuladas por el Partido Popular, nuestro país enfrenta pérdidas superiores a los 1.636 millones de euros en el marco de los diez procedimientos que siguen en marcha en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
En todos los litigios, los laudos se dirimirán en base a las disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo que España pretende abandonar pero que estaba plenamente en vigor cuando los inversores extranjeros materializaron las inversiones que luego se vieron golpeadas con el cambio retrospectivo de las condiciones ofrecidas originalmente.
Hasta la fecha, se han iniciado 52 arbitrajes bajo el TCE contra España. De estos procedimientos, unos 26 han sido estimados por los tribunales de arbitraje internacional, con la correspondiente condena a España, mientras que otros 13 siguen pendientes de resolución. En total, las reclamaciones de los casos que aún están siendo revisados por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial ascienden a 1.636 millones de euros, según el Ejecutivo.
Los 9 casos más visibles
Aunque el gobierno español no ha detallado todos estos 13 casos, hay al menos 9 litigios que se pueden localizar fácilmente en los propios archivos de trabajo del CIADI. Se trata de las siguientes denuncias:
- Portigon AG v. Reino de España (CIADI ARB/17/15)
- DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG v. Reino de España (CIADI ARB/17/41)
- Itochu Corporation v. Reino de España (CIADI ARB/18/25)
- EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) + Tubo Sol PE2 S.L. v. Reino de España (CIADI ARB/18/42)
- European Solar Farms A/S v. Reino de España (CIADI ARB/18/45)
- Sapec, S.A. v. Reino de España (CIADI ARB/19/23)
- VM Solar Jerez GmbH v. Reino de España (CIADI ARB/19/30)
- Mitsui & Co., Ltd. v. Reino de España (CIADI ARB/20/47)
- WOC Photovoltaik Portfolio GmbH & Co. KG v. Reino de España (CIADI ARB/22/12)
Litigios con gigantescas corporaciones japonesas
Dos de estos casos involucran a sendas empresas japonesas de gran envergadura, como son Mitsui e Itochu Corporation. Mitsui & Co., Ltd. fue fundada en 1876 y es uno de las mayores conglomerados sogo shosha de Japón, con actividades que abarcan un sinfín de tareas, desde la comercialización de productos hasta la inversión en proyectos de infraestructura, tecnología y energías verdes. Mitsui tiene más de 40.000 empleados en todo el mundo y su facturación anual supera los 60.000 millones de dólares.
Por su parte, Itochu Corporation se fundó en 1858 y es otra de las principales entidades sogo shosha japonesas. Su enfoque está más centrado en áreas como la energía, los metales, los productos químicos, los alimentos y el sector textil, aunque también invierte en energías renovables. Itochu cuenta con una plantilla de más de 100.000 empleados y una facturación anual que se acerca a los 100.000 millones de dólares.
Además de Mitsui e Itochu, España sufrió las denuncias de otras dos corporaciones japonesas: Toyota, a través de su filial Eurus Energy, y JGC Corporation. El primer caso se saldó con una condena por valor de 106 millones de euros, mientras que la decisión referida al segundo arbitraje asciende a 23 millones. Los intereses de demora acumulados por impagos en dichos expedientes son de 2,9 y 5,4 millones, respectivamente. El caso de Toyota también lleva aparejada una condena en costas de 4,4 millones de dólares, mientras que dicho epígrafe asciende en el caso de JGC a 1,9 millones denominados en euros y yenes.
El impago de estos laudos no solo se refleja en posibles sanciones económicas, sino también en la percepción de España como un destino inseguro para inversiones extranjeras, particularmente en el sector de las energías renovables. Las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables han llevado sus reclamaciones a los tribunales de Gran Bretaña y Australia, que ya han autorizado medidas cautelares de embargo de bienes pertenecientes al Reino de España. Los juzgados de Estados Unidos estudian tomar acciones similares.