En las últimas semanas han trascendido dos nuevos embargos que afectan al Reino de España y están relacionados con la decisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de impagar los laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Los cambios fiscales y regulatorios adoptados al final del mandato de Rodríguez Zapatero y al comienzo del gobierno de Mariano Rajoy motivaron más de 50 procedimientos de arbitraje internacional, de los cuales hay 26 que ya cuentan con un laudo definitivo y condenatorio con España.
Los pagos pendientes a las empresas afectadas rondan los 1.560 millones de euros, pero esta cifra no recoge las condenas en costas o los intereses de demora, que elevan el monto adeudado en otros 315 millones de euros. Los acreedores propusieron un acuerdo negociado a Teresa Ribera, que de momento no ha dado su brazo a torcer y ha preferido seguir haciendo todo lo posible para evitar el pago de los laudos.
Desde comienzos de 2023, esta situación ha salpicado a distintas empresas públicas, organismos y activos del Reino de España. Los embargos, autorizados por la magistratura de distintos países, son una medida compensatoria que permite a los afectados recuperar parte de su dinero, si bien las empresas siguen insistiendo en que este tipo de soluciones son propias de países con altos niveles de inseguridad jurídica y piden a Teresa Ribera un acuerdo constructivo que permita resolver la cuestión con facilidad.
Embargos autorizados
A continuación se detallan todos los embargos autorizados desde febrero de 2023 hasta agosto de 2024, un listado que seguirá creciendo próximamente, según advierten los afectados, salvo en el caso de que Teresa Ribera llegue a un acuerdo con los acreedores.
En febrero de 2023, el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales dio visto bueno a la intervención cautelar del derecho de cobro de la indemnización que España espera recibir por el hundimiento del barco petrolero Prestige. Dicho pago está valorado en más de 900 millones, aunque el pedido de embargo plantea la intervención de aproximadamente 100 millones.
En abril de 2023, la Alta Corte de las islas británicas autorizó asimismo el embargo cautelar de la propiedad del edificio que sirve como sede del Instituto Cervantes en Londres. En este caso, las medidas adoptadas están relacionadas con una deuda pendiente de pago valorada en 30 millones. El inmueble está ubicado en los números 15-19 de la ronda Devereux, en pleno centro de Londres. Fuentes consultadas por Libre Mercado asignan a la propiedad un valor de mercado de 5-6 millones.
También en abril de 2023, el Supremo británico movió ficha contra otra propiedad inmobiliaria, que en este caso se sitúa en el número 17 de la calle Fleet Street, en el corazón de la capital de las islas. La deuda reclamada en este caso es la misma que llevó a la incautación de la sede del Instituto Cervantes, de modo que su valor ronda los 30 millones. Fuentes consultadas por Libre Mercado asignan a la propiedad un valor de mercado de 3-4 millones.
En agosto de 2023, los acreedores golpeados por los impagos del gobierno español lograron que la justicia británica autorice la incautación de la sede londinense del Instituto Español Vicente Cañada Blanch. El inmueble ocupa los números 317 y 318 de la calle Portobello Road de Londres. Fuentes consultadas por Libre Mercado asignan a la propiedad un valor de mercado de 10-15 millones. Dentro de la propiedad también hay algunas oficinas de la UNED y ciertas aulas de examinación del Instituto Cervantes.
En noviembre de 2023, la magistratura londinense dio el visto bueno al embargo de cuatro cuentas de banco del Reino de España. Los fondos depositados en las mismas ascienden a 699.057 libras esterlinas, cifra equivalente a unos 8005.000 euros. Dichos recursos estaban bajo custodia de la filial británica del Banco Santander.
Los expertos consultados por este diario advierten de la posibilidad de que en Australia se autoricen nuevos embargos que afectarían a la filial de Navantia en el país oceánico. Asimismo, consideran plausible la adopción de medidas similares en Estados Unidos.
Los acreedores reclamaron en primavera de 2024 a la justicia belga que procediese a confiscar los pagos mensuales del operador europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa pública española dedicada a dicha tarea, Enaire. En un primer momento, la reclamación formulada se cifró en 32 millones, quedando vinculada a la deuda del caso Infrared. Sin embargo, una vez la justicia belga intervino los pagos de Eurocontrol a Enaire, trascendió que el monto embargado, correspondiente al servicio realizado en junio de 2024, se sitúa por encima de los 80 millones. Distintas empresas se plantean reclamar medidas similares, puesto que los tribunales se han mostrado receptivos. Los pagos de Eurocontrol a Enaire rozan los 600 millones anuales.
En julio de 2024, la justicia británica dio su visto bueno al embargo del derecho de usufructo que AENA ostenta sobre el 51% del aeropuerto de Luton, si bien la magistratura de las islas rebajó la confiscación al 26% puesto que solamente el 51% de AENA está en manos del Estado español, mientras que el 49% restante está cotizado en bolsa y, por lo tanto, es de titularidad privada. La cifra de beneficio anual del aeródromo ronda los 100 millones de euros, de modo que el golpe propiciado por esta medida se situaría en el entorno de los 25 millones anuales.
- Default técnico de 237 millones de deuda pública.
Las empresas afectadas intervinieron en abril de 2023 cuatro bonos de deuda soberana e invocaron una cláusula que permite declarar un default técnico cuando un país desatiende sus compromisos de pago. El flujo de pagos pendientes en dichos cupones ronda los 1.000 millones de euros. Tras un periodo de espera de un año en el cual el Reino de España se negó a cumplir con sus obligaciones e incluso dejó de responder a los acreedores, el procedimiento echó a andar en Reino Unido, donde entre julio y agosto de 2024 se cursaron las distintas notificaciones pro-judiciales que permitirán llevar este asunto ante los tribunales. Se estima que el daño a la economía española provocado por este proceso supera los 7.340 millones de euros, en concepto de encarecimiento de la financiación del Tesoro y deterioro del acceso a crédito del conjunto de la economía española.
Bienes por valor de 5.000 millones, en el aire
Libre Mercado habló en junio de 2024 con Ashley Messick, jurista y consultora especializada en el rastreo de bienes y activos soberanos. La experta, que está involucrada en la detección de propiedades del Reino de España debido a los impagos del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, afirmó entonces que "la cartera de bienes susceptibles de ser embargados ronda los 5.000 millones de euros".