El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este pasado jueves que destinará 40 millones de euros de dinero público para "promover el uso de las bicicletas en las ciudades". Justo ese mismo día, el Gobierno argentino de Javier Milei anunció que reducirá la burocracia para la fabricación de bicicletas para reducir su precio y, de ese modo, fomentar su compra. Todo ello, sin gastar ni un peso del erario público.
Y esta es la diferencia entre socialismo y liberalismo. Pedro Sánchez pretende implantar su modelo de transporte a costa del bolsillo de los contribuyentes. Milei propone retirar las barreras administrativas para que las empresas puedan fabricar más barato y fomentar el negocio de la venta de bicicletas a largo plazo, lo que a su vez se traduciría en un aumento del número de usuarios.
El plan de Milei consiste en derogar los reglamentos técnicos de bicicletas y también el de cámaras y cubiertas. Según ha explicado el Gobierno argentino en un comunicado, "hasta ahora, para importar bicicletas las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado a la planta de origen una vez por año. También debían importar una muestra para ensayar en un laboratorio argentino, lo que implicaba altos costos y demoras innecesarias". La obligación que también se extendía a los fabricantes locales.
Estas trabas burocráticas funcionaban como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más caras en Argentina que en el mercado internacional. "En una comparativa con nueve países (Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile), Argentina es el segundo país con bicicletas más caras", según cifras del propio gobierno argentino.
Además, "de 37 países de América Latina y el Caribe, Argentina es el cuarto país que importa menos bicicletas por persona. En los últimos años -(en promedio) la cantidad de bicicletas importadas ha oscilado cerca del 10% del consumo total".
Con respecto a si esta medida supondría una bajada en la calidad de las bicicletas, el Ejecutivo argentino apunta que "la responsabilidad sobre la calidad y seguridad de los productos es de los comercializadores, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, que resguarda los derechos de los compradores".