Pedro Sánchez no planea ni una rebaja de impuestos. Todo lo contrario. Ya ha dejado claro que pretende ampliar los impuestos para los del "Lamborghini" -34 contribuyentes adquirieron un coche de esta marca el pasado año- y muchísimos otros más, que serán los que de verdad paguen las ansias recaudatorias del Gobierno. Pero el departamento de Hacienda, con María Jesús Montero, sí analiza cambios para redirigir determinados impuestos dependiendo de sus fines políticos. Uno de ellos es el impuesto energético inventado, en teoría, para castigar lo que Sánchez denomina como "beneficios extraordinarios". El plan pasa por extender en el tiempo este impuesto, que nació supuestamente para un periodo concreto, pero dejándolo sólo para la generación de electricidad con combustibles fósiles.
Los gravámenes se harán permanentes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en persona anunció en rueda de prensa la última prórroga anual de los denominados como gravámenes a los beneficios extraordinarios del sector financiero y del sector eléctrico, y la incorporación de determinados cambios en los presupuestos generales "para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización". De hecho, ahí mismo, el Gobierno anunció ya su decisión de convertir este tributo en permanente.
Pero ahora se planea una conversión en permanente selectiva: con especial castigo a quienes generan electricidad en base a combustibles fósiles. El pequeño problema de esta historia es que la decisión de apoyarse en la generación de electricidad por medio del sol y el viento ha llevado a un aumento del consumo de gas natural, precisamente por la falta de continuidad en el suministro que provocan las denominadas fuentes verdes de energía. Por lo tanto, en caso de querer hacer las cosas medianamente lógicas, el Gobierno debería eximir al gas natural del impuesto, cuestión que, por el momento, no consta.
Ataque del Gobierno a las grandes empresas
No se trata de la primera demostración, ni mucho menos, del Gobierno, de pretender usar las figuras tributarias para sus fines políticos. De hecho, los ataques a compañías como Repsol se han multiplicado en los últimos tiempos por parte de la izquierda. Y la acusación no es empresarial, ni política: es de no contribuir a salvar al planeta. Hay que recordar que con los resultados financieros del primer trimestre de este año, se pudo comprobar que sólo las cuatro compañías más grandes del sector habían aportado durante el pasado año 10.720 millones de euros a las arcas del Estado. Una auténtica barbaridad que al Gobierno le sigue pareciendo escasa y leve.
Sumar impulsa nuevas sanciones
Pero los ataques siguen. La parte más comunista del Gobierno, Sumar, de hecho, acaba de lanzar una maniobra que parece tener nombres y apellidos: Repsol. La compañía energética ha mostrado públicamente su opinión sobre el desafío a la productividad y a la generación de riqueza y empleo que supone la exageración de los mantras ecologistas a la que asistimos. Y el Gobierno, impulsor pleno de esos mismos mantras, ha tomado nota: quiere hasta un régimen sancionador contra compañías como Repsol.
Todo ello se ha plasmado en un documento registrado ya oficialmente en el Congreso de los Diputados, lleva la firma de Sumar y reclama "establecer, a través de la nueva normativa impulsada, un método ágil, efectivo y con respuesta rápida para que las empresas puedan comprobar, a través de los verificadores asignados, si su alegación medioambiental se ajusta a los parámetros establecidos por la normativa, especialmente para que las pequeñas empresas puedan resultar beneficiadas en la correcta información que dan a través del etiquetado de sus productos".
Régimen sancionador contra el greenwashing
El plan añade, además, castigos. Y es que exige "impulsar un régimen sancionador en la nueva Ley de Consumo Sostenible que sea eficiente en cuanto a la disuasión para las prácticas de greenwashing, con la finalidad que a las grandes empresas no les compense esta práctica desleal en cuanto a beneficios en relación a la multa impuesta." El futuro impuesto energético parece ir por ese camino.