El sistema de democracia directa que caracteriza al modelo político suizo volvió a ponerse a prueba el pasado domingo 22 de septiembre, con la convocatoria de un referéndum en el que los votantes del país helvético se pronunciaron de forma mayoritaria en contra de una serie de medidas políticas de gran alcance que habrían resultado en una subida de impuestos y en la adopción de nuevas políticas "verdes".
Sobre el papel, llama la atención que este tipo de iniciativas hayan podido llegar tan lejos en un país como el suizo. En lo referido a los impuestos, a nadie escapa que Suiza es una de las economías más liberales del mundo, de modo que cualquier paso en la dirección opuesta afecta directamente a su atractivo y su competitividad.
Estos vectores son vitales para mantener un nivel de vida muy alto como el de Suiza, logro que se sustenta sobre una apuesta franca por la economía de mercado. No en vano, la última edición del Índice de Libertad Económica sitúa a Suiza en el segundo puesto del ranking mundial, solamente por detrás de Singapur, un hito que tiene difícil encaje con una subida de impuestos.
La propuesta fiscal que votaron los ciudadanos consistía en la introducción de una enmienda a la Ley de Pensiones, en virtud de la cual se habría introducido un recargo fiscal a cargo de las empresas. Dicho pago habría sido equivalente a pagar una cotización mensual extra cada año, de modo que hablamos de una subida aproximada del 8%.
Solamente un 32,9% de quienes participaron en el plebiscito se manifestaron a favor de la propuesta, siendo la participación del 45%, lo que vino a confirmar el escaso calado social de este tipo de políticas económicas entre la ciudadanía del país. El gobierno ya ha reconocido que la decisión del electorado obligará a adoptar medidas de contención del gasto en pensiones, aunque ha dejado la puerta abierta a realizar otra consulta acerca de un posible recargo en el IVA orientado al mismo propósito.
"No" a la "Iniciativa de Biodiversidad"
En lo tocante a la agenda "verde", lo cierto es que el Índice de Desempeño Medioambiental de la Universidad de Yale asigna a Suiza una nota de 68 puntos sobre 100. Esta calificación sitúa al país helvético como el noveno con mejor desempeño en todo el mundo, a la altura de los países nórdicos y muy por delante de España, que aparece en el número 21 del ranking.
Pese a este buen bagaje, la iniciativa presentada en el referéndum planteaba una serie de modificaciones orientadas a reforzar el poder, el gasto y la capacidad de actuación del sector público en el ámbito de la biodiversidad.
La citada propuesta incluía una nueva línea de financiación pública para el sector primario que habría financiado a los agricultores por mantener tierras y ríos libres de intervención humana. En cierto sentido, se trataba de "pagar por no cultivar" como una forma de mantener estos paisajes al margen de la actividad del sector.
El problema es que Suiza ya gasta 630 millones de euros al año protegiendo la biodiversidad de sus áreas más "verdes", mientras que la reforma planteada suponía 420 millones adicionales para el erario público, un coste al que habría que sumar el impacto de las restricciones para negocios privados como la construcción, el turismo o el propio sector agrícola, cuyas asociaciones se mostraron también escépticas con la iniciativa.
El 63% de los votantes se manifestaron en contra, confirmando que, también en este caso, las actitudes sociales son mucho menos proclives al intervencionismo observado en buena parte de las democracias europeas.