Yolanda Díaz no está conforme con la respuesta social a las energías renovables. De hecho, debe estar disgustada con la propia calificación de verde de la UE, porque Europa incluye la nuclear y esa no le vale a ella. La vicepresidenta quiere que nos guste la energía muy verde. Y ha preparado un plan de ordenación y aceptación social de la instalación de energías renovables. Estas son sus principales ideas para convencernos.
El plan es extenso porque extensos son los problemas de una energía que no garantiza la continuidad en el suministro. Y, como la población quiere poder disponer de electricidad cuando quiere y le dé al interruptor, pues los comunistas han pensado en un plan para convencer a los exigentes consumidores. Un plan, por cierto, que, eso sí, admite que la instalación de una energía eólica que ha cruzado fronteras de destrucción de la naturaleza que no debería haber cruzado.
"Se prioriza así un enfoque regulatorio que lleve las buenas prácticas detectadas a una mejora armónica de las distintas instalaciones", asegura el documento de Sumar. "Es importante garantizar un equilibrio territorial. Para ello se debe garantizar una instalación equilibrada para acercar al máximo la producción a los puntos de consumo evitando así pérdidas e ineficiencia", añade. Porque, señala, "es necesario establecer procedimientos garantistas para una mayor aceptación y mejor implementación, un rigor procedimental. También avanzar hacia la "licencia social", es decir, la aceptación social de los parques fotovoltaicos y eólicos. "Es imprescindible la aceptación e información".
Las medidas concretas se estructuran por apartados. Así, por ejemplo, en el bloque de "equilibrio territorial" figura el hecho de "aumentar la distancia de los parques eólicos a los núcleos de población". En el de "preservación ambiental y patrimonial" aparece "no admitir a trámite la instalación de parques renovables en la Red Natura 2000, así como actualizar los espacios candidatos a ser Red Natura 2000 o establecer moratorias en su defecto en corredores ecológicos o zonas marinas de especial valor natural siguiendo el principio de precaución".
También figura ahí la opción de "incorporar planes de biodiversidad de forma obligatoria, así como la prohibición del uso de herbicidas para el control de la vegetación, fomentando en su lugar el uso de alternativas como el pastoreo extensivo o el uso de maquinaria especializada". Y "diseñar los parques renovables considerando la adecuación estética y visual" o "prohibir la instalación de parques renovables en suelos de alto valor natural para el cultivo o vías pecuarias, tampoco en caladeros y zonas pesqueras productivas. Tomando como referencia, por ejemplo, el protocolo desarrollado por el gobierno de Navarra y el Manifiesto de Burela".
También hay un apartado para el "rigor procedimental" con medidas como "evitar la práctica de fragmentación para esquivar requisitos legales. Los proyectos que se encuentren a una distancia inferior a 3 km y presenten algún tipo de relación empresarial se tramitarán como unitarios, debiéndose evaluar sus impactos de forma sinérgica".
Y surgen medidas del estilo de "eliminar el silencio positivo ni permitir la tramitación exprés"; "poner fin a la exclusión de los informes de Evaluación de Impacto Ambiental recogida en el Real Decreto Ley 20/2022 e incluir las vías de evacuación y las subestaciones en dichos informes. Además, para los proyectos superiores a 50 MW también será obligatorio un informe de autoridad ambiental autonómica"; o "garantizar el carácter público de las líneas de transporte superior a 380 kV estableciendo con claridad que la titularidad es exclusiva de la Red Eléctrica Española como recoge la Ley 24/2013".
Pero, al margen de todo ello, hay una parte para la "información y aceptación". Y ahí se persigue "comunicar, a los municipios afectados, antes de dar el permiso de acceso a la red, la ubicación del parque e instalaciones colindantes"; "garantizar la transparencia, información y participación de la ciudadanía en todas las fases de la vida de una instalación: proyección y diseño, construcción, vida útil y desmantelamiento"; o "eliminar la declaración de Bien de Interés General y limitar la expropiación forzosa para terrenos altamente degradados. Para ello se creará una oficina de mediación que garantice la concertación y participación de todos los actores".