La Unión Europea prepara su salida del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El bloque de los veintisiete comunicará formalmente esta decisión en los próximos días y defenderá su decisión aludiendo a la necesidad de promover las energías limpias. Sin embargo, las empresas del sector consideran que este argumento es falaz, como demuestra precisamente el hecho de que la Unión Europea se haya convertido en un país líder en el ámbito de las renovables sin necesidad de eliminar el TCE.
Libre Mercado adelantó la intención de España de abandonar el TCE en octubre del pasado año 2022. Desde entonces, Teresa Ribera ha insistido en la necesidad de que toda la Unión Europea se sume a esta decisión. Bruselas ha terminado cediendo, ante la presión del Ejecutivo español, que ha encontrado a dos de sus mayores aliados en los gobiernos de Francia y Bélgica.
El experto en derecho internacional, Nikos Lavranos, explica a Libre Mercado que "el TCE es un tratado neutral con respecto al despliegue de unas y otras fuentes de producción de energía. No se trata, pues, de un acuerdo que priorice los combustibles fósiles, la nuclear, las renovables… Lo que sí hace el TCE es sentar las bases para que las inversiones en materia de energía se desarrollen bajo un clima de seguridad jurídica y estabilidad institucional".
Lo mismo explican fuentes de la Secretaría Internacional del TCE, que destacan que este tratado "simplemente se ocupa de promover los principios de la apertura de los mercados de energía a nivel mundial, evitando cualquier forma de discriminación contra el capital foráneo y articulando instrumentos legales vinculantes para estimular la inversión extranjera directa en este campo".
En los últimos años, el TCE ha sido paraguas legal que ha respaldado más de 50 denuncias internacionales contra el Reino de España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. De momento, 22 de estos procedimientos se han resuelto en contra de nuestro país, pero el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a acatar los laudos.
La factura de las indemnizaciones pendientes de resarcir asciende a 1.200 millones de euros, a los que hay que sumar otros 250 millones en concepto de gastos jurídicos, condenas en costas e intereses de demora. Ante el impago de estas sentencias, algunas de las empresas afectadas han reclamado el embargo de bienes del Reino de España como la indemnización por la catástrofe del Prestige o la sede del Instituto Cervantes en Londres, dos peticiones que ya han sido admitidas de manera cautelar por la justicia británica.
Desde el entorno de las empresas afectadas por esta situación no tardan en señalar que la decisión de Bruselas "no cambia nada, porque la UE y España sí eran países firmantes del TCE cuando se aprobaron las primas y cuando se retiraron de forma retroactiva. Además, la salida del TCE lleva aparejado un proceso de transición de entre diez y veinte años durante el cual se siguen aplicando sus condiciones". Asimismo, las compañías lamentan "que se socave un instrumento fundamental para dotar de seguridad jurídica a las inversiones en el ámbito energético".