El gobierno de España ha enviado un surrealista comunicado de prensa tras conseguir una pírrica victoria en el marco de las denuncias internacionales derivadas de la retirada retroactiva de las primas renovables. Desde el ministerio de Transición Ecológica celebran a bombo y platillo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le da la razón a nuestro país en dos pequeños litigios cuyo monto total asciende a apenas el 0,7% del total reclamado por las empresas afectadas.
Sobre el papel, no hablamos de una mala noticia para el Reino, puesto que los laudos emitidos el pasado viernes 11 de octubre le dan la razón a Sapec, una firma radicada en Bélgica, y European Solar Farms, una compañía con sede en Dinamarca. Ambos razonamientos apuntan que el CIADI ha tomado en cuenta los argumentos de la Abogacía del Estado y ha desechado las reclamaciones de ambas compañías.
Sin embargo, el tono triunfalista del Ejecutivo tiene difícil encaje con el contexto general que se viene observando en relación con esta problemática. En total, los afectados reclamaban una cifra muy pequeña: apenas 72 millones sobre los cerca de 10.000 millones que han puesto encima de la mesa las empresas afectadas. De hecho, de los diez procedimientos que seguían vivos en el CIADI el pasado verano, los dos litigios que ahora llegan a su fin suponen apenas el 4% del monto que seguía pendiente de una sentencia, una cifra que el propio gobierno cifró en 1.636 millones.
Es importante tomar en cuenta, que la decisión del CIADI no es unánime, puesto que uno de los miembros del tribunal de arbitraje ha emitido un voto particular – y de hecho, otro de sus integrantes ha publicado una "declaración" en la que comunica distintas salvedades sobre el resultado del procedimiento.
Es importante subrayar, además, que las empresas afectadas tienen en sus manos la posibilidad de iniciar un intento de anulación, de modo que la decisión podría no ser definitiva.
Por otro lado, el gobierno saca pecho con la anulación de un laudo en la Cámara de Comercio de Estocolmo, referido al litigio que puso en marcha la empresa GreenPower, e insinúa que se estaría dando una "tendencia" a favor de los intereses del Reino.
Se trata de propaganda de difícil encaje si tenemos en cuenta que España acaba de sufrir un nuevo embargo de bienes en Bélgica y, además, acaba de conocer una devastadora decisión mediante la cual Estados Unidos se suma a Reino Unido y Australia y reconoce a España como país deudor que, por tanto, queda sujeto a embargos por los reiterados impagos de los laudos.
En total, frente a los 72 millones que de momento quedan al margen de las obligaciones de España, hay que recalcar que nuestro país debe ya 1.562 millones de euros a más de 25 empresas afectadas por la retirada retoractiva de las primas renovables que ya cuentan con una sentencia en firme. A esta cifra hay que sumarle más de 300 millones en concepto de sobrecostes legales y financieros.