Como ya he escrito en diferentes ocasiones, resulta sumamente importante analizar la economía con un horizonte más amplio que el del corto plazo, para profundizar en la estructura económica en lugar de quedarnos sólo en la inmediatez de la coyuntura, del día a día, que puede ocultarnos, con el barniz de los datos a corto plazo, la realidad del medio y largo plazo.
Vivimos tiempos volátiles, llenos de incertidumbre, plagados de cambios, con múltiples perturbaciones en el horizonte y nuevos desafíos. Ante ello, no podemos contentarnos con un, dicho sea coloquialmente, "tente mientras cobro", que es la dinámica en la que parece que se mueve ahora el análisis económico, sin prestar atención a plazos más largos, a contenidos estructurales tanto de la composición del crecimiento como de su solidez.
España tiene, actualmente, un problema serio de composición del crecimiento, pues es insano, al estar basado en gran parte en el aumento del gasto público mientras dicho gasto está expulsando parte de la inversión productiva, al tiempo que el consumo de los hogares se retrae ante el empeoramiento de expectativas. Junto a ello, la estructura económica española sufre unas bajas productividad y competitividad, que arrastra desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que, salvo en el período 2012-2016, donde la reforma laboral de 2012 sí que consiguió verdaderos incrementos de productividad con generación de empleo, los aumentos de productividad suelen venir dados por destrucción de empleo, pero no consolidan a futuro generando más producción. No hay más que ver los últimos datos de la EPA y la CNTR para constatarlo una vez más. Eso hace que España lidere la creación de empleo en las épocas de bonanza y la destrucción del mismo en las crisis, porque su productividad es sumamente baja. Y esa baja productividad, junto a un nivel de impuestos más elevado, que incrementa los costes empresariales, una menor flexibilidad en el mercado laboral, un encarecimiento de la financiación por competencia feroz del sector público para captarla, y una inseguridad jurídica creciente, empeoran, todo ello, la competitividad de la economía española.
Por eso, para estar preparados para los cambios y adversidades que puedan aparecer, algunos de los cuales se presentan ya en el horizonte, es imprescindible acometer un programa de reformas profundas que permitan crear una estructura económica que desarrolle un terreno óptimo para un crecimiento sostenible por sí mismo, sin el artificio temporal del gasto público, que no es un crecimiento real, sino simplemente sostenido, cual respiración asistida, que impulsa el corto plazo pero que debilita profundamente el largo plazo, causando unos daños que, en algunos casos, son irreparables o de muy larga y costosa enmienda.
De esta forma, hay una serie de medidas estructurales importantes y urgentes que deben acometerse para mejorar la estructura económica de España, para dotar al crecimiento de una composición adecuada para sostenerse por sí mismo y para lograr incrementos de productividad y competitividad que impulsen a la economía y al empleo de manera sólida.
Esas principales medidas son, a mi juicio, las siguientes:
- Flexibilizar el mercado laboral. Es imprescindible contar con un mercado laboral dinámico, que elimine trabas a la contratación, que la incentive sin elevados costes que disuadan a las empresas de realizar dichas contrataciones. Es esencial, dentro de una reforma amplia del sistema tributario, de la Seguridad Social y del sistema de pensiones, rebajar la carga de cotizaciones sociales, para lograr, así, incentivar la contratación y el aumento del empleo. Del mismo modo, hay que abandonar toda tentación de reducir la jornada laboral semanal sin disminución de salarios, porque sólo destruiría empleo por aumento de costes laborales, que serían inasumibles para muchas empresas, especialmente para las pymes. Sólo un aumento previo de la productividad lo permitiría, y eso no se alcanza comenzando a trabajar menos, sino trabajando más y mejor.
- Es necesario ajustar el gasto público a lo necesario y conseguir equilibrar el presupuesto e incluso alcanzar superávit para reducir la deuda en valores absolutos, ya que dichos niveles de endeudamiento son insostenibles sin el respaldo del BCE y generan un claro efecto expulsión de la economía, como demuestra el hecho de que mientras que el gasto público ha crecido exponencialmente, en términos constantes, desde el IVTR-2019, la inversión se mantiene retraída y sólo la excepcional revisión del PIB ha logrado que recupere el nivel previo a la pandemia, cosa que no había conseguido antes de dicha revisión extraordinaria.
- Hay que modernizar la función pública, como palanca de ganancias de productividad en su sector, que tanto lastra la productividad media de la economía española. Deben contemplarse retribuciones por objetivos de forma clara y con medición del cumplimiento rigurosa, que no sea un mero trámite, al tiempo que, garantizando los derechos y condiciones de los empleados públicos que tienen ya ganada una plaza, pueda reformarse, para las nuevas incorporaciones en el futuro, el sistema de función pública, dejando reservadas las actuales condiciones para las nuevas incorporaciones sólo a los cuerpos que administran soberanía, quedando el resto sometidos a la legislación laboral ordinaria.
- Hay que disminuir las cargas impositivas -además de las de las cotizaciones a la Seguridad Social, antes apuntadas-, porque generan un elevado coste laboral y empresarial, que encarece productos y servicios y merma competitividad, haciendo perder a las empresas españolas nuevos mercados o cuota en los ya existentes.
- Hay que llevar a cabo un cambio normativo para garantizar una verdadera unidad de mercado que impulse la eficiencia y que acabe con el proceloso mundo burocrático de distintas licencias, autorizaciones y permisos para una misma actividad según se esté en una región de España o en otra. Con la unidad de mercado se podrá ayudar a la generación de economías de escala y, con ello, a las ganancias de competitividad.
- Hay que crear un clima de confianza para la inversión, tanto nacional como extranjera. La economía española necesita inversión y la inseguridad jurídica actual y las numerosas trabas y elevados costes derivados de impuestos y burocracia improductiva está ahuyentando la generación de inversión, tanto nacional como extranjera -que ha caído de manera intensa-. Es imprescindible allanar el camino a las inversiones productivas y transmitir seguridad jurídica que haga atractiva a la economía española para llevar a cabo una inversión, que generará actividad y puestos de trabajo.
- Hay que borrar toda corrupción, que hace mucho daño a la economía, como estamos viendo con las sombras que acechan los alrededores de la presidencia del Gobierno en estos momentos, cuyo círculo más cercano -profesional y personal- está siendo objetivo de investigación judicial.
- Y hay que estar preparados para el profundo cambio que supone y que supondrá el desarrollo de la inteligencia artificial, para lograr adecuar nuestra estructura económica para que dicha inteligencia artificial nos sirva para impulsar la economía y el empleo. Por ello, es imprescindible que la economía española aumente su productividad y competitividad, porque sólo así podrá aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial, en lugar de sucumbir ante ella.
Con dichas medidas, pueden desarrollarse y profundizarse muchas otras medidas derivadas, pero las anteriormente descritas constituyen la columna vertebral que necesita la economía española para ser competitiva y aumentar su crecimiento potencial en el largo plazo.