Tras el movimiento de trasladar un proyecto a Portugal y congelar inversiones millonarias previstas en sus refinerías en España, Repsol volvió a dejar clara su postura este martes sobre la posibilidad de que el impuesto a las energéticas aprobado supuestamente con carácter extraordinario, termine convirtiéndose en permanente. En un artículo en el periódico La Vanguardia (la planta de Tarragona sería una de las más afectadas por la congelación de las inversiones), Imaz lanzó un duro aviso al Gobierno sobre su forma de tratar a la industria y su "demagogia" con los impuestos, algo que, dijo, le "repugna particularmente" recordando cómo estudió gracias a becas pagadas con dinero público.
Convencido de que el tacazo será tumbado en los tribunales aunque "otros tendrán que apechugar con las devoluciones", Imaz señaló que "la industria debe ser apoyada", recordó los planes de inversión en marcha de en torno a 10.000 millones y señaló que proyectos como estos exigen "visión, perseverancia y compromiso", además de "elevados recursos". "Ahora, el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo. Si ya era difícil competir con la inversión energética en EEUU, este golpe lo hace imposible", advirtió Imaz, que cree que si la medida sale adelante "la inversión en el sector energético se ralentizará al mínimo".
Tras pintar un sombrío panorama de pérdida de trabajos cualificados en favor de empleo en el sector servicios de "bajo valor añadido", señalaba Imaz en el artículo que medidas como estas "penalizan la generación de riqueza" y "bajo el mantra del bienestar social" (argumento por cierto exhibido por Carlos Cuerpo hace unos días) "comprometen seriamente el modelo de futuro de este país". Acababa Imaz con un mensaje especialmente dirigido a Yolanda Díaz, lamentando que "los niños de ocho años golpeados por la vida" quizás no podrán en un futuro "tener las oportunidades que otros tuvimos" "simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno".
En un día en que el partido de Yolanda Díaz se posicionó en la polémica abogando directamente por tomar el control de la energética, el PNV, el partido del que Imaz fuera líder y en el que también sustenta su débil mayoría Sánchez se refirió a la medida, que penalizaría muy especialmente al País Vasco (está en juego entre otras cosas la construcción de un electrizador de 100 MW en Vizcaya). En una entrevista en TVE, el presidente del partido, Antoni Ortuzar, avisó de que aunque "eso de que los ricos paguen más y que las empresas con beneficios caídos del cielo también, la gente lo compramos y lo entendemos fácil", "quienes tenemos una realidad muy industrial sabemos que si se quita el dinero de un sitio, se resienten otras partidas". "No es bueno matar a la gallina de los huevos de oro", alertó. Similar mensaje lanzaron desde el Gobierno vasco: el lehendakari Imanol Pradales consideró que "no es el mejor modelo" antes de advertir, eso sí, que si el impuesto se hace permanente tendrá que quedar bajo control vasco.
Quejas de empresarios y bloqueo de Junts
En Cataluña el impuestazo también estaría generando inquietud. La patronal catalana, Foment del Treball, lanzó un duro comunicado alertando de que el impuesto es "un ataque al corazón de la economía" y "pone en riesgo la continuidad de varias inversiones importantes a todo el país en un sector económico capital", en alusión al complejo de Tarragona. Los empresarios hicieron un "llamamiento al Gobierno catalán para que tome todas las medidas que están en su mano para revertir este gravamen, perjudicial para la industria catalana y la economía en su conjunto" alertando de que "podría estar en entredicho el futuro de polo químico de Tarragona, hecho que aumentaría la dependencia energética española del extranjero así como enquistada los planes de transformación energética del país".
Con el impuesto pendiente de su aprobación por parte del Congreso, Junts también se ha posicionado en contra para salvaguardar los más de 1.000 millones de inversión en juego de la petrolera en Tarragona. En declaraciones al Diari de Tarragona, la portavoz de los nacionalistas catalanes, Miriam Nogueras, avisó este martes de que "no pondremos en riesgo bajo ningún concepto las inversiones en Tarragona" y apuntó que el gravamen afecta a dos grandes empresas que invierten en Cataluña, en alusión a Cepsa y Repsol.
Hoy, en los pasillos del Congreso, ha reiterado que su grupo tiene "clarísimo" que no va a facilitar "que se apruebe nada que ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo en Cataluña, y en concreto en Tarragona". y ha precisado que "no hay ninguna propuesta pública por parte del Gobierno español todavía" y van a esperar a los próximos días para ver "la propuesta exacta" que se incluye "en este paquete fiscal que se supone que debe presentar".