La decisión del gobierno de incumplir el pago de los laudos que condenan a España a pagar distintas indemnizaciones a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las renovables ha hecho que se acumulen los costes directos e indirectos derivados de dichos incumplimientos. La factura total se sitúa ya por encima de los 10.000 millones, una vez se toman en cuenta los distintos factores que están en juego.
De entrada, se han acumulado 1.562 millones de euros de obligaciones pendientes de pago en 26 casos que ya han sido resueltos en tribunales internacionales de arbitraje como la Corte de La Haya o el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial. El Estado español está obligada a cumplir estas resoluciones en virtud de su condición de país firmante del Tratado de la Carta de la Energía en el momento en que prometió y después revirtió las primas a estas formas de energía.
La indemnización más abultada de todas son los 300 millones pendientes de pago a E.ON, seguida de los 290 millones que espera cobrar NextEra, los 106 millones del caso Eurus o los 101 millones del laudo de Antin. Además, se han acumulado obligaciones de pago con otras 22 compañías, entre las que figuran empresas como RWE o EDF y conglomerados como JGC o el grupo Toyota.
Además de estos impagos, hay encima de la mesa una serie de costes adicionales derivados de los impagos. Así, el coste de abogados y consultores para el erario público ronda ya los 73 millones de euros, según explican fuentes de las empresas afectadas. Además, la factura en concepto de sobrecostes financieros y judiciales que generan los intereses de demora y las condenas en costas añade 251 millones al impacto directo de esta controversia. En total, estas tres cuestiones suman cerca de 325 millones y, en la medida en que prosiguen los impagos, su cuantía continúa en aumento, con una subida cercana a los 100.000 euros diarios a lo largo de los últimos meses.
Pero la cosa no acaba ahí, puesto que los impagos tienen asimismo un coste indirecto para la economía española, derivado del aumento del perfil de riesgo de nuestra deuda pública, que a su vez genera peores condiciones de financiación para las empresas y hogares que acuden al mercado crediticio. Un estudio elaborado por las empresas afectadas estima que lo primero ha supuesto casi 3.600 millones de euros de daño al Tesoro, mientras que lo segundo ha tenido un efecto de 5.700 millones para el conjunto de la economía. En total, estos dos epígrafes suponen un daño de 9.279 millones, a través de un encarecimiento del crédito y de los efectos derivados de dicha problemática.
Si se suman esos 9.279 millones a los 1.885 millones de costes directos que se acumulaban el pasado 28 de octubre, de acuerdo con datos facilitados por las empresas afectadas, encontramos que el golpe a la economía española asciende ya a los 11.164 millones de euros.