Teresa Ribera, ministra española de Transición Ecológica, será la nueva vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea. Cuenta ya con el apoyo de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen. Pero, entre los argumentos que han sido empleados por el PSOE y el Gobierno para auparla a ese cargo -aún figura como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- figura uno que es cuando menos llamativo. Y como poco, un bulo.
El PSOE ha recogido la argumentación en favor de Teresa Ribera en un documento registrado en el Congreso de los Diputados. No es un documento remitido a Bruselas, pero resultaría extraño que hayan utilizado una argumentación distinta en España y fuera de España. Pues bien, esa documentación imputa a la aún ministra el siguiente mérito: "España es fabricante y exportador neto en tecnologías como la eólica, donde se posiciona como el 5.º exportador a nivel mundial en aerogeneradores, o la solar fotovoltaica, donde es referente en varios segmentos clave de su cadena de valor".
Es decir, que según este argumentario, las empresas españolas fabrican gracias a Ribera. Hay que recordar que, mientras argumenta así, el Gobierno pretende implantar de forma permanente un impuesto adicional contra las energéticas y la banca. "Todo lo anterior no habría sido posible sin el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico y por un Gobierno, que entendió que la apuesta por el cambio de modelo energético debía hacerse con ambición, con rapidez y sin dejar a nadie por el camino, repartiendo los beneficios y compartiendo los esfuerzos", añade el documento del PSOE.
Aumentan los impagos del Gobierno a las empresas renovables
Por el camino, por cierto, siguen creciendo los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera a las renovables. Y es que la decisión del Gobierno de incumplir el pago de los laudos que condenan a España a pagar distintas indemnizaciones a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las renovables ha hecho que se acumulen los costes directos e indirectos derivados de dichos incumplimientos. La factura total se sitúa ya por encima de los 10.000 millones si se incluyen los distintos factores que están en juego.
La cuestión no es menor, se han acumulado 1.562 millones de euros de obligaciones pendientes de pago en 26 casos que ya han sido resueltos en tribunales internacionales de arbitraje como la Corte de La Haya o el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial. El Estado español está obligado a cumplir estas resoluciones puesto que es un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. Pero el Gobierno ha decidido liderar los impagos en vez de cumplir con su obligación.
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