España enfrenta una situación problemática en el ámbito internacional debido a los repetidos impagos de laudos arbitrales en contra del Estado. La totalidad de los litigios pendientes de resolución están relacionados con el sector de las energías renovables, donde la retirada retroactiva de los incentivos ofrecidos a los inversores motivó decenas de procedimientos contra nuestro país.
De muchos de estos litigios han surgido las consecuentes condenas a la revisión retrospectiva de las primas, dando pie a sentencias que ya suman 26 fallos y 1.562 millones de indemnizaciones pendientes de pago. A esta cifra hay que sumarle cerca de 325 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros. Estas decisiones judiciales, fruto de acuerdos internacionales, son vinculantes para España, puesto que nuestro país era miembro del Tratado de la Carta de la Energía cuando sucedieron los hechos.
Dicho acuerdo habilita la resolución de disputas en materia de energía a través de tribunales internacionales de arbitraje. El grueso de los casos se han dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un órgano dependiente del Banco Mundial. Asimismo, otros fallos han sido el resultado de procedimientos celebrados en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El incumplimiento de estos fallos está deteriorando la imagen de nuestro país, que ya tiene más sentencias pendientes de pago que Venezuela o Rusia.
Este contexto cobra relevancia cuando, en otros países europeos, líderes políticos de indudable relevancia y prestigio en el Viejo Continente están reconociendo abiertamente las responsabilidades en las que han incurrido a raíz de situaciones análogas, demostrando transparencia a la hora de asumir las consecuencias derivadas de vulnerar la seguridad jurídica de los inversores de forma grave.
Un ejemplo reciente es el del ex primer ministro polaco Donald Tusk. El mandatario polaco es, indudablemente, una figura reconocida y respetada en la Unión Europea. A nivel institucional, ha sido presidente del Consejo Europeo, mientras que, en clave política, ha desempeñado altas responsabilidades en el Partido Popular Europeo. Ahora que ha asumido las riendas del gobierno de Polonia, Tusk se ha visto obligado a abordar la derrota sufrida por Polonia en un arbitraje internacional con una empresa australiana.
El caso GreenX Metals vs. Polonia surge por la negativa del gobierno polaco a permitir la explotación minera prometida a la empresa oceánica. La firma argumentó que, tras varios años de promesas institucionales, y luego de obtener los permisos iniciales, Polonia canceló abruptamente el proyecto, provocando una pérdida económica significativa. El arbitraje se llevó a cabo en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y el laudo final, emitido a mediados de octubre de 2024, resultó desfavorable para Polonia. El tribunal reconoció una indemnización sustancial, de 1.300 millones de zlotys, cifra equivalente a 300 millones de euros.
Durante una conferencia de prensa celebrada hace escasos días, Tusk abordó la pérdida del arbitraje internacional - y lo hizo evitando el tipo de retórica incumplidora en la que se han instalado Pedro Sánchez, Teresa Ribera y el resto del gobierno español. En su intervención, Tusk reconoció que Polonia "no tiene más alternativa que aceptar el resultado del laudo arbitral" y que el país "deberá pagar la indemnización estipulada". Para Tusk, los problemas en este caso se originaron en "decisiones mal tomadas y promesas incumplidas" de gobiernos anteriores, que inicialmente prometieron la viabilidad de un proyecto minero a la empresa y luego lo bloquearon, provocando así la inevitable pérdida del arbitraje.
Este ejemplo pone de manifiesto cómo un líder europeo puede abordar un conflicto internacional de manera responsable, señalando tanto los errores históricos como la necesidad de responsabilizarse y cumplir con los compromisos legales que se han adquirido. La apuesta por la transparencia de Tusk contrasta con la postura de España, que ha seguido una estrategia de impagos y dilatación de los litigios, acumulando intereses y enfrentando repetidas sentencias en contra.
España haría bien considerando el ejemplo de Polonia y las palabras de Tusk como una guía hacia una política de cumplimiento que respete los compromisos adquiridos, salvando así a nuestro país de nuevas consecuencias adversas, como la acumulación de nuevos sobrecostes, el encarecimiento de la deuda resultante de la inseguridad jurídica y la pérdida de reputación de nuestro país en la comunidad internacional o los embargos de bienes autorizados por distintos países.