
El enfado de las aseguradoras con Mónica García va en aumento. El pasado lunes, el Ministerio de Sanidad filtró el informe "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud" que contiene el plan de Mónica García para poner fin a la sanidad privada de la que disfrutan los empleados públicos (con cargo a todos los contribuyentes).
La ministra de Sanidad pretende mandar a más de 1 millón de funcionarios y sus respectivas familias al sistema de Seguridad Social. Tanto su partido, Sumar, como Podemos llevan años defendiendo esta idea.
Fue a principios de este mes cuando terminó el plazo establecido por el Gobierno para que las empresas privadas se presentaran a la licitación del concierto para renovar la asistencia a los funcionarios. Adeslas, Asisa y DKV decidieron no acudir debido a las condiciones que les ofrecía el Ejecutivo para seguir prestando el servicio. Según las empresas, eran económicamente insuficientes.
9 meses para acabar con Muface
Ignorando al ministro de Función Pública, Óscar López, que está preparando una nueva licitación, Mónica García ha optado por fulminar Muface.
La ministra de Sanidad se ha dado 9 meses para completar su plan, lo que ha suscitado las críticas de la patronal de las aseguradoras IDIS, que avisan de que este cambio supondrá un "crecimiento exponencial de las listas de espera" en el sistema sanitario público. IDIS considera que el informe de la ministra está "ideologizado" y alerta de "los riesgos que conlleva para los pacientes en el caso de producirse una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público".
¿Triajes en Muface?
Ayer jueves, otra patronal, Unespa, encontraba otro motivo para cargar contra el informe de la ministra: las acusaciones de Mónica García a las aseguradoras de hacer selecciones entre los pacientes de Muface para quedarse con los de "menos riesgo".
El informe de la ministra aporta una documentación que revela que los mutualistas que reciben asistencia en la Seguridad Social tienen mayores problemas de salud graves que los que no son mutualistas. ¿La razón que esgrime? Que serían las aseguradoras las que los expulsan -o no los cogen- para quedarse con los mutualistas con menos complejidades de salud.
El documento ni siquiera contempla que, para las enfermedades graves, podrían ser los propios funcionarios los que deciden tratarse en la Seguridad Social, sin que la aseguradora tenga nada que ver, o aunque admite que los funcionarios que están en la Seguridad Social son más mayores que la media, sigue culpando a las empresas de hacer esta especie de triajes.

"Esto puede responder a una hipótesis ampliamente estudiada en el ámbito del estudio de funcionamiento del mutualismo funcionarial en España: la selección de riesgo" señala el documento de García.
"Hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria" añade el texto.
"Es imposible hacer selecciones"
Unespa rechaza "que las aseguradoras que prestan los servicios de atención sanitaria para las mutualidades de funcionarios establezcan una selección de riesgos en los pacientes como se afirma en el informe". La patronal del seguro subraya que "no es cierto que las entidades presentes en el concierto de Muface apliquen criterios de rentabilidad a la hora de atender a los pacientes. Esto es algo que ni las compañías pretenden ni el convenio de Muface permite" recuerdan.
La patronal remarca que "las aseguradoras no eligen a los funcionarios que van a atender. Por lo tanto, es imposible que haya ningún criterio de selección. Todo lo contrario, son los funcionarios los que eligen cada año el régimen al que quieren adherirse y las entidades se comprometen a ofrecerles sus servicios con todas las garantías".
De hecho, "los funcionarios vienen seleccionando mayoritariamente las aseguradoras privadas por la calidad del servicio que reciben desde hace décadas, en una proporción que en todo el periodo supera el 80%" explican. Ahora, casi el 70% de los funcionarios elige la privada.
Fecha límite para Muface: el 31 de enero
Unespa desmiente también a Gómez explicando que "el concierto obliga por razones de equidad a las aseguradoras a asumir los costes de los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública. Además, los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público".
Unespa ha puesto fecha al periodo en el que las aseguradoras dejarán de prestar servicio a los funcionarios y sus familias con normalidad: "el próximo 31 de enero, tal y como regula el convenio firmado". Además, y de acuerdo con el convenio vigente, "dichas aseguradoras continuarán atendiendo hasta el 31 de marzo de 2025 a aquellos usuarios que se encuentren hospitalizados a la finalización del convenio y su estancia deba prolongarse".