Mónica García se dispone a acabar con Muface. Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, al que ha tenido acceso Libre Mercado este lunes, plantea "el tránsito de los mutualistas de MUFACE a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud".
Desde hace más de un año, tanto Sumar como Mónica García y su equipo llevan clamando por poner fin a la sanidad privada de la que disfrutan los funcionarios. En su momento, Podemos también defendió esta idea. Ahora, estas formaciones políticas tienen la excusa perfecta para llevar a cabo su plan.
Fue a principios de este mes cuando terminó el plazo establecido por el Gobierno para que las empresas privadas se presentaran a la licitación del concierto para renovar la asistencia a los funcionarios. Adeslas, Asisa y DKV decidieron no acudir debido a las condiciones que les ofrecía el Ejecutivo para seguir prestando el servicio. Según las empresas, eran económicamente insuficientes.
Tras este plantón, el Gobierno aseguró que presentaría otra licitación más atractiva. Para Sanidad, la posibilidad de establecer otra licitación de mayor presupuesto para convencer a las privadas sería:
- Insuficiente (las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación).
- Insostenible (porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE).
- Inequitativa (por suponer incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa).
Mientras tanto, el miedo de los funcionarios a verse abocados a volver a la Seguridad Social ha ido en aumento. Ahora, el informe del Ministerio de Sanidad les da más motivos para esperar su desaparición.
El informe de Mónica García
Por ejemplo, el departamento de Mónica García duda de que Muface sea sostenible debido al envejecimiento de sus usuarios. "La evolución de la composición de la población mutualista de MUFACE hace que se esté produciendo un envejecimiento de la misma superior al de la población general (la edad media de la población mutualista de MUFACE ha aumentado 3,7 años en la última década), como se analizará más adelante en este documento, lo cual hace prever que en el caso de continuar el modelo actual de provisión de servicios, los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante, al no existir una distribución etaria (y, probablemente, de consumo de recursos sanitarios) que permita la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo" aseguran. En el siguiente gráfico se observa
Con datos de 31 de octubre de 2024, MUFACE tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (ASISA, ADESLAS y DKV). Esto supone que un 32,7% de la población mutualista de MUFACE recibe asistencia sanitaria por medio de la prestación del Sistema Nacional de Salud, mientras que el 67,3% la recibe por parte de aseguradoras privadas por elección propia, lo que pone de manifiesto la ineficiencia de la sanidad pública.
En el contexto actual, "en el que la no concurrencia de las empresas aseguradoras sanitarias a la oferta realizada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública plantea la posibilidad de la integración de las personas de MUFACE en la prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, una de las cuestiones que se ha de analizar es qué supondría esto para el SNS" señala el documento.
En términos globales, "la incorporación de la totalidad de la población mutualista de MUFACE con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública", según sus cálculos. Teniendo en cuenta el impacto de esta incorporación, Andalucía, Castilla y León y Extremadura serían las regiones que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años.
9 meses para fulminar Muface
"La alternativa a la respuesta continuista supondría ejecutar una prórroga de 9 meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, y plantear durante esos 9 meses un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de MUFACE para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud" plantea Sanidad. Preguntados en Función Pública por si sigue en pie esta nueva licitación tras el informe de García, en el ministerio se limitan a decir que "el informe de Sanidad es algo de Sanidad. No afecta a lo que nosotros ya hemos dicho".
"Durante esos 9 meses, podría plantearse una incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios, pudiendo trabajarse, singularizando su aplicación a nivel de CCAA" explican. A continuación, los detalles del plan de desaparición de Muface paso a paso.
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Identificación de pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público. Se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
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Elaboración de un plan de transición y continuidad para garantizar que los pacientes atendidos por procesos crónicos de alta complejidad puedan ser atendidos con normalidad en sus centros hospitalarios de referencia del SNS sin necesidad de atravesar los cauces comunes de una primera consulta.
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Creación de un plan de transferencia de información clínica para asegurar la continuidad en la asistencia, evitar la duplicidad en la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas y afianzar la calidad en la prestación sanitaria.
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Compromiso "lista de espera quirúrgica cero" para que los procedimientos que sean indicados por profesionales de las aseguradoras privadas a pacientes de MUFACE durante los primeros 4 meses de la prórroga del concierto deban ser realizados por la aseguradora en cuestión.
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Plantear un plan de comunicación a nivel de la población general y la población mutualista de MUFACE que favorezca el conocimiento de la nueva situación.
Aunque el documento de Mónica García no contempla ningún tipo de colapso por la entrada de estos funcionarios a la sanidad privada, se limitan a explicar que "la financiación que iría destinada a la provisión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas de MUFACE será transferida, de manera capitativa, a las Comunidades Autónomas para su inversión, con carácter finalista durante los primeros 3 años, en los respectivos servicios autonómicos de salud."