El Gobierno ha rediseñado el impuesto especial a la banca —que amenaza en convertir en permanente—, incrementando la presión fiscal sobre el sector, que ya soporta una de las mayores cargas impositivas de Europa. Aunque algunas entidades, como Sabadell, Bankinter y Unicaja, verán reducida su "factura" con este nuevo esquema, otras, como CaixaBank, Santander y BBVA, tendrán que asumir un recargo significativo. Este ajuste, según cálculos preliminares de BNP Paribas Exane —y recogidos por Europa Press—, elevará la recaudación en 200 millones de euros, incrementando la tasa efectiva del impuesto del 3,6% al 4%.
En el caso de Sabadell, la cantidad a pagar este año se reducirá de los 203 millones previstos inicialmente a 173 millones. Esto representa un impacto positivo en su beneficio por acción (BPA) del 1,9%. Bankinter también verá aliviada su carga tributaria, abonando 80 millones frente a los 115 millones previstos, lo que mejorará su BPA en un 3,7%. Unicaja será la entidad más beneficiada, pasando de 85 millones a 44 millones, y un impacto positivo en su BPA del 8,6%.
Sin escapatoria al golpe fiscal
Por el contrario, CaixaBank, el mayor afectado, tendrá que abonar 617 millones en lugar de los 513 millones que le corresponderían con el diseño inicial, lo que supondrá una merma en su BPA del 1,9%. Santander y BBVA tampoco escaparán al golpe fiscal: la factura del primero sube de 306 a 439 millones, con un impacto negativo del 1,1% en su BPA, mientras que el segundo deberá pagar 367 millones frente a los 325 previstos, reduciendo su BPA en un 0,5%.
El diseño del gravamen, que ahora incluye tramos progresivos, penaliza especialmente a las entidades con mayores ingresos, desincentivando el crecimiento y poniendo en riesgo la competitividad del sector. Además, la recaudación depende de cálculos complejos que no tienen en cuenta la deducción extraordinaria que podría aplicarse si la rentabilidad sobre activos baja del 0,7%. En conjunto, el nuevo sablazo del Gobierno conseguirá elevar la recaudación del sector bancario en unos 200 millones de euros.
Por su parte, el propio sector ya ha advertido en repetidas ocasiones del impacto de estas medidas sobre su capacidad para financiar a la economía real, expresando su "más energético rechazo", dijeron desde las patronales. Según analistas, un gravamen de estas características desvía recursos que podrían haberse destinado a reforzar el capital de las entidades y mantener el flujo de crédito a empresas y familias.
Aunque el Gobierno justifica el impuesto como una medida temporal para asegurar la "justicia fiscal", este tipo de políticas podrían comprometer la inversión, el crecimiento económico y sobre todo, convertirse en una "desventaja competitiva" dentro del contexto europeo, advierten desde AEB y CECA, que desde el inicio de la aplicación del impuesto se han mostrado temerosas.