El Consejo de Ministros aprobará este jueves un paquete de medidas laborales impulsado por Yolanda Díaz que incrementará las obligaciones para las empresas frente a las supuestas "emergencias climáticas". Entre las propuestas de Díaz, destaca un "permiso climático" retribuido de hasta cuatro días que será costeado por las compañías, mientras estas tendrán un año para implementar costosos protocolos específicos ante riesgos climáticos.
La nueva normativa, que se incorporará al Estatuto de los Trabajadores, permite a los empleados acogerse al permiso en cuanto una autoridad, "la que fuere" —ya sea un Ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Gobierno central—, declare que existen riesgos para acudir al lugar de trabajo o para desplazarse. Según Díaz, los cuatro días de permiso estarán "completamente retribuidos, con sus cotizaciones". Si la emergencia persiste, las empresas podrán optar entre seguir pagando este permiso o trasladar a los trabajadores a un ERTE por fuerza mayor.
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Díaz ha subrayado que la gran novedad de estas medidas es que estarán blindadas por la legislación laboral: "Si hay algún incumplimiento, los trabajadores y las trabajadoras están protegidos". Sin embargo, las empresas ya han advertido que estas exigencias llegan en un momento de incertidumbre económica, complicando aún más su viabilidad.
Protocolos de prevención
Además del permiso, todas las empresas deberán desarrollar y aplicar protocolos de prevención en un plazo máximo de un año. La normativa también obligará a interrumpir la actividad laboral en situaciones de peligro, bajo pena de sanción.
Estas iniciativas llegan en un momento en que numerosas empresas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana ya enfrentan dificultades económicas derivadas de los recientes ERTE. A pesar de ello, Díaz ha justificado las medidas como una muestra del "compromiso del Gobierno con las políticas verdes frente al negacionismo climático de las derechas".