Yolanda Díaz está empeñada en reducir la jornada laboral. Para ello, y aunque debería ser una cuestión que fuera negociada con los representantes de todos los afectados, la ministra de Trabajo ha decidido continuar en esta dirección sin contar con la aprobación de las patronales de empresarios. En este sentido, ayer conocimos que el Ministerio de Trabajo daba por finalizada la negociación con la CEOE tras la negativa de la patronal.
Así lo trasladaba Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la mesa de diálogo social celebrada con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. De este modo, indicaba que tras el 'no' de la patronal, tratarán de buscar el acuerdo únicamente con los sindicatos CCOO y UGT. Asimismo, el secretario de Estado de Trabajo anunció que el trámite de consulta pública del anteproyecto de reducción de jornada se iniciaría este viernes.
De hecho, la propia ministra presume de ello públicamente y recientemente ha adelantado en redes sociales que tras haber logrado avanzado en blindar lo que llama "justicia social", el siguiente paso será reducir la jornada laboral con el apoyo de los sindicatos.
Hoy hemos dado un paso muy importante en cuanto a la justicia fiscal de nuestro país. Siguiente paso: reducir la jornada laboral con el apoyo de los sindicatos. https://t.co/tnyoShTQVq
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 21, 2024
Pero la cosa no queda ahí, porque desde el Ministerio seguirán presionando a las patronales y van a ir directamente a por las empresas por no apoyar la iniciativa. De este modo, el secretario de Estado de Trabajo anunció que se va a retirar el paquete de ayudas económicas que en un primer momento se ofreció a las empresas para hacer frente a la reducción de la jornada laboral. Al respecto, cabe recordar que la propia ministra de Trabajo anunció que entre estas ayudas directas se encontraría la bajada de impuestos. Sin embargo, por ahora no queda claro si esta retirada de ayuda supondrá también de facto una subida de impuestos a las empresas.
Por otra parte, se endurecerán las sanciones cuando se considere que se está vulnerando el tiempo de trabajo y, con ello, poniendo en riesgo la salud de los empleados. Para ello se buscará también implementar un registro con el que la Inspección de Trabajo pueda controlar si las empresas respetan la medida.
Un enfoque equivocado
Con todo, este empeño de la ministra de Trabajo demuestra una profunda ignorancia de la realidad económica de nuestro país y de la interpretación que podemos realizar de las mismas a la luz de la teoría económica. En primer lugar, debemos recordar que la clave de bóveda de este asunto es cómo va a afectar esta medida a la productividad de las empresas, pues reducir obligatoriamente el número máximo de horas que tendrán que trabajar la mayoría de los trabajadores podría tener un impacto directo sobre la capacidad productiva del conjunto de la economía española. De hecho, como publicamos en Libre Mercado, el pasado mes de junio la Comisión Europea, en el marco del paquete de primavera correspondiente al Semestre Europeo, señaló directamente las causas de la baja productividad de nuestro país. En concreto, eran seis:
- los bajos niveles de inversión empresarial, incluida la inversión en investigación e innovación.
- la débil transferencia de conocimientos desde el sector científico hacia las empresas.
- la fragmentación del mercado interno.
- la escasez de habilidades.
- las barreras al crecimiento empresarial, incluidas las regulaciones dependientes del tamaño y obstáculos para que las PYME accedan a financiación de capital.
- las deficiencias en la eficiencia judicial.
Como podemos comprobar, todas ellas se relacionan con el capital (capital físico y capital humano), el conocimiento, las trabas regulatorias que dificultan el desarrollo de la actividad económica y el propio funcionamiento de las instituciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque, en este contexto, reducir por mandato la jornada laboral no haría sino profundizar en estas deficiencias institucionales y, con ello, agravar los problemas que tienen las empresas para mantener el mismo nivel de producción.
Al respecto, no podemos ignorar tampoco que la Comisión indicaba además que otro de los factores que estarían lastrando la productividad de las empresas españolas sería el tamaño de las mismas. De acuerdo con los datos que proporciona el Ministerio de Industria, en octubre de 2024, de un total de 2.928.641 de empresas, tan sólo 33.593 contaban con más de 50 empleados. Del mismo modo, únicamente 5.822 superaban los 250 trabajadores. Esto quiere decir que en nuestro país tan sólo el 1,14% tiene en plantilla más de 50 empleados y que únicamente el 0,2% supera los 250.
Este es un grave problema, porque el tamaño de las empresas tiene un efecto directo sobre su productividad. Así lo señalaba también la Comisión en el mismo informe, donde explicaba que "[las grandes empresas] pueden innovar fácilmente, utilizar nuevas tecnologías digitales como Big Data e Inteligencia Artificial (IA), contratar personas con las habilidades adecuadas, aplicar mejores habilidades de gestión y beneficiarse de las economías de escala".
De esta forma, no es de extrañar que la productividad en nuestro país esté estancada. De acuerdo con CEPYME, entre los años 2018 y 2023 España fue el país que sufrió la mayor caída de productividad de la OCDE. Como vemos, mientras que en el conjunto de países desarrollados ésta aumentó un 4,6%, España registró un descenso del 3,8%.
En segundo lugar, cabe destacar también cómo el número de horas efectivas trabajadas ha ido descendiendo paulatinamente estos últimos años. Tal y como reflejan las cifras publicadas por el INE, si consideramos el total de ocupados, en el año 2023 el número de horas efectivas trabajadas fue de 34,3 para los hombres y 29,4 en el caso de las mujeres. La media para ambos sexos fue de 32.
Pero lo más alarmante de esto es la evolución de los últimos años. Como podemos comprobar en el mismo gráfico, en el año 2023 se trabajaron menos horas que en 2008. Además, se demuestra todavía no se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Claro está que esto no tendría que suponer por sí mismo un problema, porque si se redujeran las horas trabajadas como consecuencia del aumento de la productividad por incrementos en la dotación de capital o mejoras en la formación de los empleados, sería una buena noticia. Pero, como hemos apuntado anteriormente, lo que sucede es lo contrario: están cayendo tanto la productividad como las horas trabajadas al mismo tiempo.
Teniendo todo esto en cuenta, no es casual que Adecco publicara un estudio en el que analizaba predisposición de las empresas españolas a trabajar sólo cuatro días por semana y que la conclusión fuera tan clara: siete de cada diez empresas ve imposible poner en marcha esta jornada tan reducida. Así, en el informe se señala que el 73,51% de las empresas españolas no ve viable implantar una jornada laboral de cuatro días a la semana. ¿Cuál sería el motivo? De acuerdo con este estudio, tal y como aclaraban los propios empresarios en la encuesta realizada sería "la falta de margen de beneficio para mantener los salarios" (de hecho, reducir la jornada laboral, con la misma productividad y sin reducir los salarios, supondría decretar por ley una subida de sueldo automáticamente),además de "la falta de margen de productividad para amortizar una jornada a la semana" y a "la imposibilidad de cubrir la jornada del quinto día de la semana con otros trabajadores a tiempo parcial".
Precisamente, todo lo que hemos señalado anteriormente redunda en que los salarios lleven estancados tres décadas en nuestro país. En Libre Mercado hemos publicado que la OCDE pone en evidencia la propaganda del Gobierno de Sánchez en materia económica, pues las cifras del organismo muestran que, mientras que el salario real medio de los españoles en 1993 era de 29.588 euros, en 2023 fue de 30.654. Esto implica que en los últimos treinta años el salario real tan sólo ha crecido un 3,6% en España.
Así las cosas, en el fondo el gran error que subyace a esta medida es la intención de reducir el número de horas máximo que se puede trabajar por mandato coactivo, porque no repara en las características propias y las necesidades de cada sector y sus empresas. Además, paralelamente podríamos aplicar el análisis de Fréderic Bastiat sobre lo que se ve y lo que no se ve.
Para señalar el impacto que conlleva la injerencia del Ejecutivo sobre el sector productivo de la economía española no sólo es necesario mostrar los datos empíricos que avalan este análisis, porque éstos no recogen toda aquella actividad económica y proyectos de inversión que se están dejando de llevar a cabo como consecuencia de la errónea política económica del Gobierno. Por tanto, debemos plantearnos también qué sucedería en ausencia de intervención (o, al menos, si esta intervención fuera mucho menor) y cómo evolucionaría el mercado de trabajo sin que desde el poder político se impusieran límites tan irrisorios a la jornada laboral.