Es lógico que el anuncio realizado por el presidente del gobierno durante el Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, según el cual el gobierno va a crear "una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado", haya despertado dudas cuando no preocupación en el sector. Y no lo decimos ya porque este anuncio con el que Sánchez pretende ocultar sus errores de gestión en este ámbito nos recuerde la corrupción y el fracaso que cosecharon iniciativas similares como el de la Promoción Social de Viviendas (PSV) de la UGT a principios de los 90; o porque se produzca después del clamoroso incumplimiento de la promesa que ya hiciera Sánchez en 2021 de crear 100.000 viviendas sociales…
No. Lo decimos fundamentalmente por el grave error de diagnóstico que traduce este anuncio como tantos otros hechos anteriormente por el presidente de gobierno. Y es que el grave problema del precio de la vivienda, que se ha disparado un 24% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, no nace de una supuesta incapacidad de la empresa privada a la hora de construir viviendas a precios asequibles o de una falta de subvenciones públicas a cargo del contribuyente, sino de la restricción política del suelo urbanizable así como de la alta fiscalidad y falta de seguridad jurídica y de libertad contractual que limita y encarece políticamente tanto la creación de vivienda nueva como la venta o puesta en alquiler de vivienda ya construida.
Recordemos que en España está prohibido construir en todo el territorio con la excepción de aquellos terrenos que de forma discrecional —y a veces mediando corrupta mordida— permita la administración pública, normalmente competencia local. Lo lógico sería lo contrario: permitir por Ley que todo el suelo fuese urbanizable con la excepción de aquellos terrenos en donde, por tasadas razones de interés ecológico, medioambiental o cultural, no se pudiera construir.
Hay que tener presente, en este sentido, que, si los impuestos y las tasas suponen alrededor del 25% de precio final de la vivienda, el precio del suelo puede suponer hasta el 50 por ciento del precio del inmueble. Es la restrictiva regulación y la voracidad fiscal de las administraciones públicas los principales responsables de la escasez de vivienda y de que la demanda quintuplique a la oferta. Eso, por no hablar de la falta de seguridad jurídica que ha provocado que fenómenos como el de la okupación y la inquiocupación hayan hecho del mercado del alquiler un negocio de alto riego.
Ante este panorama es evidente que la solución pasa por la liberalización del mercado, por la eliminación de trabas regulatorias y fiscales a la iniciativa privada, y no por la creación de organismos burocráticos a cargo del contribuyente cuya ineficiencia y facilidad para incurrir en la corrupción esta triste y largamente demostrada.