
El acuerdo alcanzado entre el PSC-PSOE y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa tras las elecciones catalanas abrió las puertas al ya conocido como "cuponazo catalán", una traducción del cupo vasco llevado a la Generalidad catalana por exigencia del separatismo y para aumentar los fondos de esta comunidad en contra de los intereses del resto.
La Comisión de Comunidades Autónomas del Senado convocó a un total de 12 expertos, propuestos por los distintos grupos políticos, para informar sobre las implicaciones económicas, fiscales, sociales y jurídico-políticas que puede tener dicho acuerdo. Y el resumen no ha sido en absoluto optimista sobre el resultado y las consecuencias que se pueden avecinar.
Financiación autonómica
Para empezar, no se debe olvidar que el gobierno ha justificado este acuerdo como un primer paso hacia la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, obviando que ese es un proceso que se inició formalmente en 2017 y cuyas primeras fases desembocaron en la publicación de un informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica que no ha sido tenido en cuenta en absoluto para este acuerdo, y así ha sido señalado por la gran mayoría de los comparecientes.
Una vez escuchados los expertos, que comparecieron entre el 8 y el 25 de noviembre de 2024, se pueden extraer una serie de puntos. Los primeros siete puntos se refieren específicamente al acuerdo, mientras que los tres últimos lo hacen al sistema de financiación autonómica en su conjunto.
Constitucionalidad del acuerdo
El primer factor analizado es la constitucionalidad o no del acuerdo. La práctica totalidad de los expertos que comparecieron determinaron que este acuerdo político representa un sistema de financiación que no es ni el régimen común ni el régimen foral, que son los dos sistemas contemplados en la Constitución de 1978. Por lo tanto, no se encuentran dentro del marco constitucional actual.
En este sentido, "la mayoría de los expertos independientes plantearon expresamente reservas sobre la constitucionalidad del acuerdo, destacando riesgos potenciales relacionados con los principios de solidaridad, suficiencia financiera y equidad, que son principios básicos que sí forman parte de la Constitución y que, en cambio, se ven seriamente afectados por este acuerdo", señala el documento de conclusiones.
Multilateralidad
En cuanto a la "multilateralidad", aunque "los expertos consideraron necesarias las relaciones bilaterales entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, circunscribieron éstas a la negociación de las posibles singularidades específicas de cada territorio, siempre supeditadas a que el diseño del conjunto se efectúe mediante una negociación y acuerdo multilateral".
Dicho de otro modo, señalaron que "el diseño del sistema se debe hacer entre todos, aunque luego se pueda particularizar su aplicación a detalles concretos fruto de las singularidades de cada territorio, pero sin variar la estructura fundamental. Muchos de ellos manifestaron su inconveniencia de empezar a construir un nuevo sistema negociando exclusivamente entre dos partidos de una sola parte del territorio, sin tener en cuenta para nada las necesidades del resto de partidos ni del resto de territorios".
Solidaridad
Con respecto a la "solidaridad", los "expertos expresaron de forma mayoritaria una preocupación importante sobre cómo el acuerdo de financiación alcanzado para Cataluña debilita la solidaridad entre territorios (un principio de solidaridad que es un pilar del sistema de financiación autonómica establecido por la Constitución española)".
Sobre la "suficiencia", alertaron del riesgo de que no queden garantizados "recursos suficientes para todas las partes implicadas. Los expertos críticos, que son mayoritarios, temen que esto ocurra a costa de otras regiones y del propio Estado central, comprometiendo la suficiencia del sistema en su conjunto".
Sobre la "fragmentación de la Agencia Tributaria", los comparecientes mantuvieron una oposición firme a la ruptura de la Agencia Tributaria Estatal, describiéndola como un error con graves consecuencias.
Viabilidad económica
Tampoco fueron optimistas los expertos en materia de "viabilidad". En general, la viabilidad económica del acuerdo está condicionada por la falta de detalles definitivos en áreas clave y los potenciales desequilibrios que podría introducir en el sistema fiscal general. Señalaron que se puede "incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal. La fragmentación de la gestión tributaria entre una Agencia Tributaria Catalana y la estatal generaría incentivos para el fraude fiscal y fomentaría dinámicas de competencia fiscal desleal o nociva, aumentando los costos administrativos y afectando la equidad fiscal", añadieron.
Y destacaron que el principio de ordinalidad pactado con Cataluña -que no aporte más que los que más reciben- "podría debilitar la solidaridad y generar desigualdades, si no se aplica en un marco multilateral y bien regulado".