De todo lo que está pasando alrededor de Muface, lo más sorprendente es esa especie de ni sí ni no que rodea a la parte socialista del Gobierno. Ni se atreven a negarlo ni a apartar definitivamente a un lado a Mónica García. Apenas quedan unas semanas, los mutualistas no saben a qué atenerse y desde el Ministerio de Función Pública sólo salen globos sonda sobre posibles nuevas ofertas para atraer a las aseguradoras.
Lo primero: si al final hay acuerdo, tiene pinta de que nos va a salir por un dineral. Al comienzo de la negociación, las compañías médicas tenían mucho que perder (los clientes que tenían y las cuotas de que disfrutaban) pero ahora ya todos saben que las urgencias están en el tejado del Gobierno, por lo que la mano ganadora está en poder de Adeslas, Asisa o DKV. Si el Ministerio de Función Pública quiere que alguien le saque de este embrollo en el que se ha metido, va a tener que rascarse el bolsillo (nuestro bolsillo).
Lo otro, lo de la parálisis, quizás se explique por la evidente tensión entre lo que querrían y lo que están dispuestos a hacer. Algo que no le pasa a todo el Ejecutivo. La extrema izquierda (y sí, por mucho logo magenta, eso es Sumar: comunistas de toda la vida dulcificados por el coche oficial, el sueldo de secretario de Estado y las cumbres en Bruselas)... decimos que la extrema izquierda lo tiene claro desde hace años: Muface es un elemento extraño en el sistema público español con el que hay que acabar más pronto que tarde. Por muchos motivos: en primer lugar, porque ahora que el PP gobierna en la mayoría de las regiones, es el momento perfecto para hacerlo cargando a otro con el coste político de la gestión del desastre.
También, por supuesto, porque nos recuerda que otra sanidad pública es posible, la de un sistema de cheque sanitario, a lo holandés, en la que el Estado asegura la financiación pero el usuario escoge al proveedor del servicio. Porque, además, resulta complicado demonizar a las regiones del PP que tienen acuerdos de provisión de servicios con aseguradoras privadas (también los tienen las del PSOE, pero olvidémoslo por un momento) cuando eso mismo es lo que tú haces con tus trabajadores públicos.
Porque tampoco es sencillo explicar por qué justo los funcionarios pueden hacer lo que nadie más puede: escoger a sus proveedores de servicios sanitarios. Y en esto es evidente que existe una incoherencia palmaria: mi modelo sería más parecido al holandés, con una especie de Muface para todos. Pero si no se va a hacer así, pues entonces que no haya para nadie y el que quiera sanidad privada se la pague. Pero el privilegio sólo para los trabajadores públicos no se entiende bien.
Y por último, porque si este esquema les pone muy nerviosos, imagínense cómo les sienta que el 65-70% de los afectados escoja cada año a las aseguradoras privadas, normalmente con bastantes menos medios teóricos (desde presupuesto por usuario a camas por habitante) que la santificada sanidad púbica, que es el pilar fundamental de nuestro estado del bienestar hasta que tienes que usarla. Un dato que llega después de años de recortes en las primas a las aseguradoras que han hecho que algunas de las más grandes (como Sanitas) ni siquiera acudan al concurso. Si el esquema de financiación fuera justo (mismos medios para todos) ya les digo yo que ese porcentaje sería bastante más elevado.
Todos sabemos que esta incoherencia estadísticas nace del gran problema del modelo sanitario español: las listas de espera, una realidad que cada vez cuestiona más el mito de la universalidad del sistema. Porque garantizar un servicio esencial 9-12-15-18 meses después de que sea necesario no es garantizarlo. En España la calidad de la asistencia sanitaria pública suele ser bastante razonable... una vez que llegas al hospital-médico-quirófano. Pero los usuarios saben que alcanzar ese punto es una carrera de obstáculos.
¿Por qué?
Entonces, por qué las dudas del PSOE. Toda la vida denunciando privatizaciones en la Sanidad y la Educación a la mínima oportunidad y, justo cuando pueden deshacer la mayor privatización de servicios públicos de nuestro país, cuando lo tienen tan a huevo, cuando sólo les quedan unas semanas y ni siquiera tendrían que plantear un gran cambio legislativo (les valdría con dejar que los acuerdos decaigan)... justo en el momento perfecto, les entran las dudas.
Lo primero es el dinero, claro. O la falta del mismo: si Muface sobrevive es porque la alternativa pública sería más cara. De hecho, hay otro ejemplo todavía más sangrante para la izquierda española: el de los colegios concertados. Ideológicamente, querrían cargarse el modelo mañana mismo, porque tiene todo aquello que odian (libertad de elección de las familias, la iglesia prestando un servicio al que el Estado no llega, más calidad en lo privado con menos medios...). Es una enmienda a la totalidad al resto de su discurso. Pero no pueden quitarlo. ¿Por? Porque (1) cientos de miles de sus votantes se levantarían en armas y (2) no tendrían presupuesto para pagar las mismas plazas en centros públicos.
Con Muface les pasa algo parecido. Ni tienen dinero ni agallas para hacerlo. Entre otras cosas, porque también aquí muchos de sus simpatizantes son usuarios. Podríamos discutir si es coherente que un votante de izquierdas (de los de la mareas blancas contra Ayuso por la sanidad y las camisetas verdes en defensa de la escuela pública) escoja para su servicio sanitario una aseguradora privada. Quizás no lo sea, pero es lo que hay. También lleva al niño a la concertada y se engaña a sí mismo sobre las razones que le llevan a rechazar el colegio público del barrio.
Ahora mismo, a unas semanas de que termine el acuerdo, y con amenazas incluso de huelgas en la administración pública, nadie tiene muy claro cuál será el resultado final. Mi apuesta es que Muface seguirá tal cual: es decir, que en la lucha que se ha establecido dentro del Gobierno, ganará la izquierdita cobarde. Y que tratarán de tapar todo esto lo antes posible: al fin y al cabo, ya están preparando una manifestación contra Ayuso por unos convenios que debe estar tramando con las clínicas privadas. Es la sanidad pública, ¿recuerdan? Y la sanidad pública (de los demás) no se vende, se defiende.