El gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que pretende desplegar 140.000 millones de euros financiados por el programa europeo NextGeneration EU. Sin embargo, el ritmo de adjudicación de estos recursos ha sido tan lento que, según datos analizados por Libre Mercado, el gabinete de coalición entre PSOE y Sumar deberá tramitar hasta 65.000 millones a la desesperada.
Si revisamos las cantidades presupuestadas en 2021, 2022, 2023 y 2024, encontramos que la Administración Sánchez puso encima de la mesa distintos planes para adjudicar 122.000 millones de euros. Sin embargo, 7 de cada 10 euros prometidos por el gobierno han sido puro papel mojado y no han sido adjudicados realmente.
Al ritmo actual de ejecución, se estima que Sánchez llegará a mediados de 2026 con un déficit de aproximadamente 65.000 millones. Puesto que Bruselas reclamará la devolución del dinero no invertido al final del tercer trimestre del próximo año, el gobierno se prepara para ejecutar estos fondos a la desesperada, lo que sin duda contribuirá a una mayor improvisación en la gestión del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Justificación "urgente e inaplazable"
Otro de los problemas que acechan al gobierno es su incapacidad de justificar en tiempo y forma los escasos expedientes que sí se han ejecutado. Es por ese motivo que, el pasado 23 de diciembre, el ministerio de Transición Ecológica sacó a concurso una licitación para externalizar la justificación "urgente e inaplazable" de casi 4.000 expedientes ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a los llamados Fondos FEDER.
El ministerio que venía dirigiendo Teresa Ribera concentró buena parte de las ayudas a fondo perdido incluidas en el programa de ejecución de los fondos europeos, puesto que el gobierno quiso volcar buena parte del proyecto hacia iniciativas de "transición ecológica". De hecho, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), un ente dependiente del citado ministerio, recibió el encargo de manejar 1 de cada 10 euros transferidos por Bruselas en el marco del programa NextGeneration EU.
La sucesora de Teresa Ribera al frente de este departamento de gobierno, Sara Aagesen, se ve obligada ahora a sacar a concurso la resolución de 3.889 procesos cuya verificación no se ha producido aún. De esta cifra, hay cerca de 2.300 expedientes que se corresponden con el Plan de Recuperación y unos 1.600 que están ligados a los Fondos FEDER. En total, la supervisión de estos pliegos supone alrededor de 60 horas por expediente, de modo que el Ejecutivo encargará cerca de 240.000 horas de trabajo a las empresas de consultoría que reciban el encargo.
Cabe señalar que el Banco Central Europeo ha estimado que, en última instancia, España solamente será capaz de ejecutar la mitad de los recursos que Bruselas puso a disposición de nuestro país. En la misma línea, el Banco de España también se muestra pesimista y, aunque la última versión del Plan de Recuperación aspiraba a movilizar 83.000 millones, el organismo regulador cree que la cifra final será de unos 42.000 millones.
Huelga decir que estos datos pueden terminar sorprendiendo al alza, pero ello supondrá, previsiblemente, un mayor descontrol en los procesos y un giro hacia adjudicaciones apresuradas, con un diseño deficiente y unas perspectivas de impacto aún más decepcionantes de lo que ya se ha podido constatar hasta la fecha. No hay que olvidar, al fin y al cabo, que el Instituto Juan de Mariana comprobó que, de 2021 a 2023, solamente el 0,6% del dinero consignado a España por Bruselas ha quedado al servicio de políticas de rebajas fiscales a las Asimismo, el informe del IJM sobre esta cuestión pone de manifiesto que el 80% de los fondos europeos tienen como receptor al propio sector público, de modo que no solamente se aprecia un "tapón" en las licitaciones pensadas para las empresas, sino que el grueso del programa parece estar diseñado para apuntalar los recursos del Estado.