El presidente Donald Trump firmó cientos de órdenes ejecutivas el pasado 20 de enero, coincidiendo con su regreso a la Casa Blanca. Una de estas disposiciones obliga a los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a "notificar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que cualquier compromiso asumido por la Administración anterior en nombre de Estados Unidos con respecto al Acuerdo Fiscal Global no tiene fuerza ni efecto dentro de Estados Unidos".
El principal efecto práctico de esta medida decretada por Trump no es otro que la retirada de Estados Unidos del pacto que engloba a buena parte de los países de la OCDE. Las naciones firmantes se comprometen a aplicar un "tipo mínimo global" en el Impuesto de Sociedades, fijado en el 15%.
En 2022, el gobierno de España puso en marcha el mismo tipo de política de la que ahora reniega Estados Unidos. Fue en 2021 cuando Sánchez empezó a mover ficha con este asunto y, de acuerdo con la legislación en vigor, el "tipo mínimo global" del 15% es una realidad desde mediados de 2024, siendo de aplicación a las empresas cuya facturación supere los 750 millones de euros.
Un informe del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, considera que la adopción por parte de España del "tipo mínimo global" del 15% se traducirá en un incremento de la recaudación de 3.578 millones de euros. Esta cifra ha sido asumida de forma generalizada por la izquierda española, que en todo momento se ha mostrado entusiasta de la idea de "armonizar" la fiscalidad empresarial a través del mecanismo ideado por la OCDE.
Sin embargo, no está claro que estas estimaciones tengan fundamento. Por ejemplo, los datos que maneja el Registro de Economistas Asesores Fiscales apuntan que la cifra recaudada se quedará probablemente en el entorno de los 1.000 millones y apuntan que, incluso en un escenario en que el "tipo mínimo global" se aplique de manera reforzada, no se rebasarían los 2.000 millones.
Estas preocupaciones ya no afectarán a las empresas de Estados Unidos, que de hecho pagan un tipo del 21% en el Impuesto de Sociedades desde que entraron en vigor en 2018 las rebajas tributarias promovidas por Trump durante su primer mandato. Quien ocupa nuevamente la Casa Blanca impulsó asimismo una regla de depreciación inmediata, que permite descontar en el año en curso las inversiones acometidas por las empresas, prescindiendo de los lentos calendarios que obligan a aplicar tales créditos fiscales a lo largo de varios ejercicios.
Una norma problemática
El plan de la OCDE supone una cartelización de la política fiscal de los distintos países involucrados, socavando la competencia tributaria y golpeando especialmente a naciones como Irlanda o Hungría, donde el tipo general de Sociedades es inferior al 15%, alcanzando respectivamente el 12,5% y el 9%. No sorprende, pues, que estos miembros de la OCDE se resistan a ratificar el acuerdo, una postura que ahora será más fácil de adoptar tras el giro de timón que ha supuesto el anuncio de Trump.
Para esquivar el golpe del "tipo mínimo global", países como Estonia, Letonia o Lituania podrán apoyarse en el hecho de que sus gravámenes de Sociedades se aplican solamente a los beneficios distribuidos. Así, en vez de considerar que la base imponible son las ganancias obtenidas a cierre de ejercicio, el fisco de estos países bálticos simplemente exige el pago de Sociedades cuando tales beneficios son distribuidos a los accionistas.
Fijar un "tipo mínimo global" del 15% puede obligar a que empresas que incurren en pérdidas acaben pagando más impuestos de los que deberían abonar bajo el modelo anterior. La OCDE contempla la compensación de números rojos en la base imponible del gravamen, pero las reglas que permiten repercutir tales pérdidas en los pagos fiscales de uno u otro ejercicio encierran muchas cláusulas que no siempre ofrecen la flexibilidad suficiente.
Asimismo, algunas deducciones legítimas que podrían reducir la carga fiscal de una empresa podrían no ser reconocidas completamente en el cálculo del Impuesto de Sociedades ligado al "tipo mínimo global". Con la ley en la mano, una empresa podía llevar su tipo efectivo hasta el 10% en base a realizar distintas inversiones en innovación y desarrollo u otros programas. Pues bien, tal escenario queda revertido en el momento en que se exige un "suelo" del 15% en la declaración final.
La fiscalidad empresarial, además, recae principalmente sobre los hombros de los trabajadores de las empresas, que asumen al menos el 50% del gravamen en forma de reducción de su remuneración e, incluso, pueden llegar a soportar el 70% de la carga efectiva, según estimaciones más pesimistas. Dando por bueno el dato conservador del 50%, encontramos que el salario del trabajador español medio es 615 euros más bajo de lo que sería en ausencia del Impuesto de Sociedades. El resto del impacto se traslada al bolsillo de los clientes (precios más altos) y de los accionistas (dividendos más bajos).