
Las víctimas de la okupación —y particularmente de la ya conocida como inquiokupación— han pasado de celebrar la suspensión del decreto antidesahucios a tener que asumir que seguirá vigente con una "irrisoria" modificación que busca tratar de aplacar las críticas. Los propietarios seguirán sin recuperar sus casas, pero, a cambio, el Gobierno les promete que el Estado asumirá las cuotas impagadas por sus inquilinos.
El problema es que esta línea de avales, a modo de seguro de impagos, copia en gran parte una medida que ya estaba en marcha hasta ahora e incurre en su principal error: dichas cuotas solo se podrán reclamar "en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda", según especifica el texto publicado en el BOE. Es decir, que no percibirán el alquiler mes a mes —lo que realmente serviría para paliar la ruina a la que los propietarios se ven condenados por culpa de sus inquiokupas—, sino que, en caso de que cumplan todos los requisitos, lo cobrarán a posteriori, una vez que hayan logrado echarles, algo que podría alargarse durante años.
Las compensaciones aprobadas en pandemia
Las famosas compensaciones a propietarios se aprobaron ya en 2020 para evitar que el decreto antidesahucios pudiera considerarse inconstitucional, puesto que la propia Carta Magna establece en su artículo 33 que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización". Así, se estableció una compensación que consistiría "en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble".
Sin embargo, las propias víctimas advierten de que ha sido un auténtico fracaso por la misma razón que creen que lo será el nuevo aval: porque las ayudas llegarán cuando muchos propietarios ya estén arruinados y porque la propia letra pequeña hace que, en muchos casos, nunca se pueda llegar a cobrar. No en vano, la Plataforma de Afectados por la Ocupación asegura que, en los cuatro años que llevan en vigor, solo "entre un 5 y un 7%" de las víctimas han cobrado la mencionada compensación.
Solo se cobra cuando el inquiokupa se va

Raquel lleva desde enero de 2023 intentando echar a su inquiokupa sin éxito de una casa que ella misma había comprado con muchísimo esfuerzo cuando apenas tenía 21 años, pagando un interés de hasta el 11%. Cuando en 2024 se celebró el juicio y suspendieron el lanzamiento por supuesta vulnerabilidad, esta asturiana no daba crédito. No entendía –ni entiende— cómo el Estado puede expropiar así la vivienda de un ciudadano y obligarle a mantener a otro sin asumir su propia responsabilidad.
Tanto ella como su marido son autónomos y necesitaban —y siguen necesitando— ese dinero para llegar a fin de mes. Por eso, Raquel solicitó de inmediato la famosa compensación que el Gobierno de Pedro Sánchez articuló en 2020. El jarro de agua fría llegó en cuanto le dijeron que, al igual que ahora se establece para los nuevos avales, solo podría cobrarla una vez que recuperase su vivienda. "Por tanto, la tengo solicitada desde abril de 2024, pero todavía no he cobrado nada", denuncia la propietaria, que insiste en la necesidad de que se pague mes a mes: "Porque, además, no solo es el dinero que dejamos de percibir por las rentas —en su caso, ya van más de 10.500 euros—, sino que, además, tenemos que pagarles los suministros y hacer frente a los gastos de comunidad, agua, IBI…".
De esta forma, tanto la manera de articular estas compensaciones como los nuevos avales, se traduce en una condena para unos propietarios que, en muchos casos, terminan completamente arruinados. "Nosotros tenemos un bar y la trabajadora está de baja desde octubre y tenemos que seguir pagándole los salarios y todavía no hemos recibido nada de la Seguridad Social correspondiente a lo que yo adelanto, aparte de que tengo que cubrir seguros sociales y demás. Por si fuera poco, a mediados de diciembre, enfermó mi marido, ha tenido que ser intervenido y ahora tenemos baja para siete u ocho meses… Con lo cual, el bar está cerrado, no tenemos ningún ingreso: ni de nuestro negocio, ni del inquiokupa, ni del Principado de Asturias ni de la Seguridad Social, y aquí estamos afrontando pagos y subidas continuas del agua, de la tasa de basuras… Es vergonzoso".
Solo desde que se certifica la vulnerabilidad
Por otro lado, tal y como recuerda Raquel, la famosa compensación tan solo puede cobrarse por el tiempo que transcurra desde que el juez suspende el lanzamiento por supuesta vulnerabilidad de los inquilinos hasta que estos se vayan. "Es decir, que todo ese año que yo estuve sin cobrar ni un euro hasta que se celebró el juicio, se fijó la fecha y se suspendió el desahucio, me lo como yo", denuncia indignada.
Y su caso no es el más sangrante. La propia ley da tanta cancha a los inquiokupas, que es posible que muchos lleguen a estar años sin pagar y sin que les echen, aun sin que nadie haya certificado su supuesta vulnerabilidad. Por eso, precisamente, las víctimas insisten en que ni las viejas compensaciones ni los nuevos avales pondrán fin a esta lacra.

"A mí la Junta de Andalucía no me va a pagar porque necesito presentar un auto judicial que diga que esa persona era vulnerable —denuncia Alejandro, cuyo padre, un jubilado que necesitaba ese alquiler para complementar su pensión, estuvo un año y medio manteniendo a su inquiokupa—. Claro, ¿qué pasa? Pues que la malicia está en que, como esta otra persona jugaba a marear la perdiz diciendo que era vulnerable, pero sin llegar a demostrarlo, nunca llegó a salir un auto judicial que acreditara que efectivamente era vulnerable y, por tanto, el sistema me deja tirado".
Efectivamente, la propia ley permite al inquilino reclamar la vulnerabilidad tantas veces como considere y, cada vez que lo hace, se paraliza el proceso. Así lo relataba también el verano pasado a Libre Mercado Lyda, una mujer en paro y con hipoteca, obligada a mantener a una inquiokupa que cobraba 2.600 euros al mes durante casi tres años. "Ya se ha suspendido tres veces la orden de lanzamiento porque, aunque no lo es, se declara vulnerable y eso sirve para paralizar el procedimiento", denunciaba dsesesperada.
Una indemnización que no termina de llegar

Pero incluso aunque haya declaración de vulnerabilidad, e incluso aunque ya hayan logrado echar a sus inquiokupas, son muchos los que ni aun así están cobrando la prometida compensación. Tal es el caso de Joaquín, un jubilado de 87 años que cumple todos los requisitos y lleva más de medio año esperando. "Se ha pedido al Principado de Asturias, pero ni siquiera nos ha respondido, lamenta su abogado, que asegura que "puesto que la ley establece unos mecanismos con arreglo al silencio, etcétera", ya están articulando una reclamación por la vía de lo Contencioso para ver qué sucede. "Y no sé si es por una incorrecta gestión, por desidia, por pasividad o por falta de liquidez, pero la realidad es que el Principado tiene que asumir esta situación", insiste.
Joaquín consiguió que su inquiokupa se fuera a comienzos del verano pasado tras librar una ardua batalla. "He estado cerca de tres años y medio sin cobrar nada y me debe más de 15.000 euros —dice indignado—. ¡Y a mí ese piso no me lo regalaron! Yo casi no podía ni comer para pagar la cuota al banco, y que ahora venga esta sinvergüenza a reírse de mí con la ayuda de Pedro Sánchez…".
Como tantos otros jubilados, Joaquín necesitaba ese dinero para complementar su pensión, así que se lo alquiló por debajo del precio de mercado, poco más de 300 euros, confiando en que así al menos tendría una garantía. "¡Y ni siquiera eso me pagaba! Me pagó dos o tres meses y ya nada más —denuncia—. Pero es que encima ni siquiera quería hablar conmigo, me trataba mal… Incluso un día que hicimos una manifestación, salió al balcón y me hizo un corte de manga".
Cuando recuperó su vivienda, todavía le esperaba otra sorpresa más: "Me dejó el piso destrozado. Tuve que sacar camas y todo, y tirarlo todo a la basura. Dos camiones de porquería tenía... ¿Usted cree que hay derecho a eso? Pues no, no hay derecho, por eso espero que, cuanto menos, me paguen, porque si Sánchez cree que esta gente es vulnerable, que la mantenga él". La gran pregunta es cuándo cobrará Joaquín su compensación y si los nuevos avales correrán la misma suerte que esta medida que, a todas luces, ha sido un fracaso.