Tras conocer los cada vez más alarmantes datos de usurpaciones y allanamientos de morada, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ya advirtió la semana pasada de la necesidad de contabilizar el creciente número de inquiokupaciones, aquellas protagonizadas por inquilinos que dejar de pagar y se niegan a abandonar una vivienda que no es suya.
Según sus cálculos, si se incluyeran estos casos —que la legislación española excluye de la vía penal por considerarlos un mero incumplimiento de contrato—, el número de víctimas superaría las 80.000. Entre ellas se encuentra David, un propietario de Montblanch (Tarragona), que por problemas de salud se vio obligado a dejar de trabajar y alquilar su único piso para poder llegar a fin de mes.
Hoy, no solo está a punto de perderlo por no poder pagar la hipoteca, sino que ni siquiera tiene dinero para subsistir, tal y como él mismo relata en la desgarradora carta que acaba de enviar a los juzgados en los que hace tres meses interpuso una denuncia que ni siquiera ha sido admitida a trámite todavía. "Estoy subsistiendo con 480 euros al mes, pagando una habitación de 350 euros, más un almacén de 60 euros para guardar mis cosas y no tener que tirar toda mi vida a la basura, que es de donde muchas veces tengo que rebuscar para poder comer", comienza su relato.
A las escasas herramientas que la ley española otorga a los propietarios para luchar contra esta lacra, se suma la lentitud de una Justicia que, en su caso, podría terminar hundiéndole por completo, tal y como él mismo reprocha a los jueces: "Ustedes no han hecho caso a mi demanda ni a mi situación y yo no puedo más. Por tanto, si decido hacer lo que ya me ha pasado por la cabeza, que es quitarme la vida para dejar de sufrir, les hago a ustedes los máximos responsables".
Sus hoy inquiokupas son una pareja de argentinos que se comprometieron por escrito a abandonar el piso cuando David encontró comprador y que, sin embargo, llegado el momento, no solo no se fueron, sino que dejaron de pagar la renta. Con el subsidio para mayores de 52 años como único ingreso, este propietario no entiende cómo, a pesar de su evidente vulnerabilidad, nadie es capaz de acelerar el desalojo o darle al menos una alternativa habitacional que le niegan, precisamente, por tener un piso en propiedad.
"¿En qué país vivimos? Es terrible, de verdad... —dice con la voz entrecortada—. Lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie… ¡A nadie! Porque no es lo mismo que okupen un piso de un banco o de alguien que tenga 30 o 40 viviendas a que okupen el piso de una persona que lo necesita para vivir o para subsistir, porque me están quitando mis derechos para dárselos a otros".
El origen de los problemas
Su historia se remonta al año 2016. Tras sufrir un pequeño susto, David —al que diagnosticaron de insuficiencia renal, diabetes y tensión alta— decidió cerrar la inmobiliaria que regentaba y cambiar de vida. "Me caí redondo y decidí dejarlo todo, pero, como tampoco me daban una incapacidad, opté por alquilar mi piso para poder pagar la hipoteca y buscarme yo otro más barato", explica.
Sus primeros inquilinos no le dieron problemas. Y los siguientes, tampoco… hasta que les anunció su intención de vender el piso. Vivir con los 480 euros del subsidio para mayores de 52 años y el poco dinero que le quedaba tras pagar la hipoteca se le antojaba prácticamente imposible, así que les comunicó sus planes y les dio un plazo para abandonar la casa. "Llegó el mes de agosto y, como encontré un comprador, les devolví la fianza de buena fe, sin ni siquiera mirar el piso, y pactamos que el 1 de octubre se marcharían, pero cuando llegó la fecha, ni se marcharon ni me volvieron a pagar más", lamenta.
Sin justicia y sin ayudas
Al principio intentó hablar con ellos y hacerles entrar en razón, pero nada de eso sirvió: "Básicamente, me dijeron que me aguantara, porque como sabían que me iban a terminar quitando el piso porque había tenido que dejar de pagar la hipoteca, iban a seguir ahí hasta que ya no les quedase otra, y como saben lo lenta que es la Justicia…".
Y eso es precisamente lo que más rabia le da al propietario. "En noviembre puse la demanda, pero estamos en febrero y ni siquiera la han aceptado a trámite todavía —advierte indignado—. He llamado y lo único que me han dicho es que tengo que tener paciencia porque esto va para muy largo… ¿Perdona? ¿Sabes tú la situación en la que encuentro? Yo necesito mi casa, porque encima voy a Asuntos Sociales y me dicen que no me pueden ayudar porque yo ya tengo un piso. ¡Claro que tengo un piso! Pero okupado, que no puedo pagar y que lo voy a perder", dice entre la rabia y la desesperación.
Arruinado y desesperado
Con todo, no solo ha perdido al comprador, sino que su situación ha ido de mal en peor. "He tenido que dejar el piso donde estaba viviendo, alquilar una habitación más barata en un antiguo hotel reconvertido y ya solo me queda coger comida de la basura, porque no puedo más —advierte—. Cobro 480 euros y, ya sin contar con la hipoteca, pago 350 por la habitación, 60 de un local que he tenido que alquilar para meter todas mis cosas, teléfono, luz, agua… Imagínate". Si en un año no paga sus deudas, no solo perderá su piso, sino que, además, se quedará con toda la deuda acumulada: "Y yo lo único que quiero ya en este momento es quitármelo de encima para poder vivir".
Según explica, él no tiene a nadie que le ayude. "Mi padre tiene 83 años y le acaban de detectar un cáncer con metástasis, y porque me han dejado esta habitación más barata… Si no, estaría durmiendo en la calle", explica. Sin embargo, sus ya inquiokupas tienen otras opciones y ni siquiera las valoran:
Para empezar, "tienen un hijo mayor ya independizado que tiene un negocio en el pueblo", pero, además, según Daniel, él mismo se ha encargado de buscarle otros pisos y todos los han rechazado. "Quieren un piso como el mío, con 4 habitaciones y un jardín de 350 metros, pero por 400 euros, y eso es imposible.,. Pero, luego, ahí salen en las redes sociales haciendo barbacoas y de todo", denuncia.
Desgraciadamente, su caso no es el único. La Plataforma de Afectados por la Ocupación atestigua cientos de casos en toda España de propietarios a los que sus propios inquiokupas terminan condenando a la ruina. Y lo peor es que las consecuencias económicas no son las peores. Fruto de la impotencia, terminan sufriendo graves consecuencias psicológicas que, como en el caso de David, les llevan a plantearse salidas desesperadas. Precisamente por eso, si algo reclaman al Gobierno es una legislación clara y que no se olvide de ellos son las víctimas de esta lacra.